Día de la Ciudadanía
Durante varias décadas fue habitual que los analistas de la política mexicana, particularmente extranjeros, expresaran su admiración por la prolongada estabilidad política del país. Hoy a ninguno se le ocurriría afirmar que México es un modelo de ello. Aunque parece que esta evidencia aún no se asume en los círculos del poder, quienes siguen tomando decisiones sin tener en cuenta que el viejo modelo de gobernar ya no genera estabilidad, y que, por tanto, debe ser cambiado. Como en el muy conocido relato del Rey desnudo, hace falta que los ciudadanos les digamos que no llevan ningún vestido invisible, que sus decisiones están desnudas de honestidad y eficacia y que urge cambiar el camino.
Tres marchas distintas este mismo fin de semana –más allá de sus diferencias ideológicas– representan un grito al unísono: “el régimen político va desnudo”. Hoy mismo, seguramente, cientos de miles saldrán a la calle a demandar al gobierno garantías de seguridad. Al menos eso es lo que se ha anunciado. El incremento de la violencia contra las personas y sus bienes por medio de secuestros, asaltos, robos, agresiones sexuales e incluso desapariciones forzadas, les llevarán a recordarle al gobierno que una de sus principales obligaciones es la seguridad, la que por supuesto no puede darse a costa de disminuir las acciones y recursos en favor del bienestar social ni del crecimiento económico, que son parte de la seguridad humana, y cuyo descuido es también base de la violencia. Menos todavía a costa de las garantías constitucionales y las libertades públicas.
Es cierto que la impunidad de los delincuentes, asociada necesariamente a la corrupción de los cuerpos de seguridad y del sistema de justicia, es causa inmediata de la ineficacia en la seguridad pública, pero también es cierto que un país en crisis social, con niveles de vida en deterioro continuo y polarización política, no tiene condiciones para enfrentar muchos de los orígenes y causas de las acciones de la delincuencia. De nada sirve incrementar las penas, si no hay a quienes aplicárselas.
Mañana, otros muchos cientos de miles saldrán a la calle a demandar del gobierno que no hipoteque el futuro del país con una reforma energética que supone que basta con la participación privada para solucionar los graves problemas nacionales como por arte de magia.
Reivindicando la historia de nuestra nación, los manifestantes del domingo demandarán que el gobierno no imponga una reforma, que además de sus consecuencias negativas –como se puso de manifiesto en los foros de alto nivel realizados en el Senado–, ciertamente generará una mayor crispación, en el ya de suyo endeble régimen político, y con ello una ruptura de consecuencias impredecibles. También el primero de septiembre una gran cantidad de organizaciones campesinas, civiles y sindicales –que en enero de 2007 y enero de 2008 realizaron dos megamarchas hacia el Zócalo de la ciudad de México, y que hoy se agrupan en el Movimiento Nacional por la Soberanía Alimentaria y Energética, los Derechos de los Trabajadores y las Libertades Democráticas–, han convocado a toda la ciudadanía de la República a una Jornada Nacional de Lucha, en la que proponen diversas modalidades de expresión de la protesta social, por la falta de voluntad política del gobierno federal para resolver la agenda que le plantearon, que demanda apoyos a la producción campesina, crecimiento económico con generación de empleos y garantía de todos los derechos humanos. Lo que implica cambios en las políticas públicas, pero también en la administración, toda vez que exigen la participación ciudadana en las decisiones que le conciernen. Dichas expresiones culminarán con una gran marcha el próximo lunes, en cuyo mitin informarán de todas las actividades realizadas en el país durante la jornada, y se hará un pronunciamiento político.
Las organizaciones del movimiento han formulado una nueva propuesta, que es básica para el tema que nos ocupa. El primero de septiembre había sido tradicionalmente el Día del Presidente, dedicado a ensalzar lo que fuera el eje del sistema político mexicano, y que hoy se convierte en su principal obstáculo: el presidencialismo. La propuesta es que, a partir de ahora, el primero de septiembre sea el Día de la Ciudadanía, cambio simbólico que estaría marcando el paso de la preminencia del autoritarismo y el arbitrio del poder a la garantía de los derechos del ciudadano, esencia de la democracia, y de la cual las elecciones son sólo un medio, necesario sí, pero insuficiente. Todas estas acciones son un fuerte llamado al gobierno y a la clase política para salir de su marasmo, en cuanto a iniciativas acordes a la situación actual del mundo.
Habrá que admitirlo, vamos a la zaga en América Latina en cuanto a la innovación de estrategias para recuperar el rumbo perdido del desarrollo, el cual es imposible si no se acompaña de democracia e integralidad de derechos. Diversos países experimentan nuevas rutas, sólo México y algún otro país se empeñan en mantener las mismas políticas obsoletas que sólo han traído empobrecimiento y rezago a la región. Sólo hay una forma democrática de arropar al desnudo poder: la garantía de los derechos a la ciudadanía.
Que éste sea el inicio de una transformación, y que cada año verifiquemos sus avances en el Día de la Ciudadanía.