■ La decisión, pese a que Briseño Torres cuenta con amparo provisional; cesan también al vicerrector
Destituyen consejeros al rector de la UdeG; Marco Cortés, interino
■ Ilegal, su remoción; antes dio por clausurada la sesión del CGU, dice abogado de la universidad
Ampliar la imagen Marco Antonio Cortés Guardado, quien se encargaba del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades, fue nombrado rector sustituto por algunos integrantes del CGU Foto: Arturo Campos Cedillo
Ampliar la imagen El destituido Carlos Briseño Torres, a su salida del Paraninfo de la UdeG Foto: Arturo Campos Cedillo
Guadalajara, Jal., 29 de agosto. Los integrantes del Consejo General de la Universidad de Guadalajara (UdeG) afines a Raúl Padilla López destituyeron hoy al rector de esa institución, Carlos Briseño Torres, y en su lugar nombraron interino a Marco Antonio Cortés Guardado, hasta ahora encargado del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades.
La decisión fue tomada aun cuando Briseño Torres tiene un amparo provisional que impide su cese, del cual fue enterado en tiempo y forma al secretario general de la UdeG Alfredo Peña Ramos. El abogado de la institución, Jorge García Domínguez, calificó de “ilegal” la remoción porque previamente el rector dio por clausurada la sesión del Consejo General Universitario (CGU).
La votación se produjo luego que Briseño Torres, seguido de unos 30 consejeros –incluido el vicerrector Gabriel Torres Espinoza, quien también fue destituido–, abandonó el recinto donde se desarrolló la sesión convocada oficialmente por él, en protesta porque la mayoría de los afines al ex rector Padilla López decidió modificar el orden del día de la reunión.
El consejero Roberto López argumentó luego que los dos funcionarios incurrieron en “falta grave” al salir del recinto y propuso su destitución, lo que rápidamente se sometió a votación. Los 140 consejeros que aún estaban ahí votaron en favor.
Amaga con revelar anomalías
Antes de retirarse, Briseño Torres dijo que si los consejeros que están en su contra querían discutir temas que no estaban oficialmente agendados en el orden del día, entonces les tomaba la palabra para que en el apartado de asuntos varios él también ingresara una participación en la que, dijo, daría a conocer un informe pormenorizado de los 19 años de “cacicazgo” de Raúl Padilla.
Anticipó que esas irregularidades incluyen 10 auditorías anuales, hasta ahora no conocidas, de las empresas universitarias que Padilla López ha tenido a su cargo; más detalles sobre la venta de órganos en el programa de trasplantes del Hospital Civil, y una denuncia para que se investigue una herencia de 800 millones de dólares que un particular legó al mismo Hospital Civil y que nunca llegó a su destino porque “un miembro de este consejo firmó una carta de desistimiento”.
Agregó que también daría a conocer anomalías del diputado federal perredista Tonatiuh Bravo Padilla, quien en la pasada administración fungía como rector del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas. Sus palabras desataron una gritería tanto de los estudiantes como del grupo de consejeros que estaban en su contra.
Tonatiuh Bravo, con la voz descompuesta, advirtió a Briseño Torres que debía someterse simplemente a votación ante el CGU si aprobaba o no la orden del día y “si usted tiene pruebas las debió haber presentado en su momento, cuando se enteró de las irregularidades que menciona”.
Eran cerca de las 13:30 horas cuando el rector y el vicerrector abandonaron el Paraninfo Enrique Díaz de León, donde se realizó la sesión que abrió a las 10 de la mañana. Entonces el secretario general de la UdeG, Alfredo Peña Ramos, tomó el control y sometió a votación el nombramiento de Enrique Solórzano como secretario de Actas y Acuerdos.
Después del cese de los dos funcionarios, el rector del Centro Universitario de los Valles, Miguel Ángel Navarro, propuso como rector interino a Marco Antonio Cortés Guardado, quien en votación secreta obtuvo 134 sufragios en su favor.
Finalmente, la sesión de consejeros padillistas entró en receso, lo que permitió que rápidamente se movilizaran otros funcionarios afines a Raúl Padilla para tomar el control de los edificios de rectoría general y cultural-administrativo, comenzando por las oficinas del rector y vicerrector destituidos y casi a la par las instalaciones de Radio Universidad y de la Dirección de Prensa y Comunicación.
A las 18 horas se reanudó la sesión exclusivamente con consejeros del grupo padillista, en la que se aprobaron dictámenes –entre éstos el presupuesto ampliado y descentralización de funciones–, en una reunión que continuaba a las 21 horas.
La “ilegalidad” de la destitución fue señalada por el abogado general de la UdeG, Jorge García Domínguez, quien dijo que carecen de validez las decisiones tomadas por el CGU luego de que Briseño dio por clausurada la sesión, e incurren en violación flagrante a la garantía federal obsequiada para el funcionario universitario.
“En estos momentos y bajo estas condiciones no vale la sesión que nombró nuevo rector a Marco Antonio Cortés Guardado. Tendría que haber sido convocada en forma legal; además, destituir a una persona al vapor sin haber sido oído ni vencido en juicio, no es procedente. También recordemos que el rector que está amparado ante un posible acto del CGU por si es destituido, así es que si están tomando ese acuerdo están violando hasta una disposición del juez tercero de distrito en materia administrativa”, explicó.
Agregó que lo procedente hubiera sido pedir a Briseño convocar a una nueva reunión y solamente si el rector se negaba a hacerlo entonces ya una tercera parte de los consejeros podría a su vez convocar a otra sesión.
“Aquí está tomando acuerdos un grupo de consejeros una vez que se clausuró la sesión”, explicó, y señaló que cualquier decisión tomada a partir de la sesión ilegal que realizaron por la tarde expone a los consejeros a acciones civiles, penales y administrativas.
“El rector sólo puede ser destituido por causa grave, el CGU es el órgano encargado de eso, pero tienen que respetarse los derechos de audiencia y defensa. Ahorita en cualquier país, del nivel que consideres más bajo, ya no se permiten ese tipo de actos violando la garantía de audiencia y defensa de cualquier persona, además que se estaría violentando la orden de un juez de distrito”, insistió.