■ Exigirá a juez restitución en su cargo y demandará penalmente a 140 consejeros, anuncia
Legalmente sigo siendo rector: Briseño Torres
■ Desaparición de 800 millones de dólares del Hospital Civil, entre las denuncias que presentará, dice
Guadalajara, Jal., 29 de agosto. Horas después de haber abandonado la reunión del Consejo General Universitario (CGU) y de reunirse con sus abogados, el rector de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Carlos Briseño Torres en rueda de prensa dijo esperar que “el Mosh (Raúl) Padilla” devuelva pronto las instalaciones que sus seguidores tomaron por órdenes de él.
Tras señalar que sigue siendo legalmente rector y que el lunes abrirá unas oficinas provisionales, Briseño Torres señaló que tomó decisiones para garantizar que no se suspendan los pagos quincenales de ningún trabajador, y dio aviso a las instituciones financieras de que no se podrá cobrar un solo cheque firmado por el titular de Finanzas, Gustavo Cárdenas, afín al grupo padillista.
En el salón de un hotel, a las 18 horas, Briseño Torres anunció que presentará demandas penales contra los 140 integrantes del CGU que votaron por su cese, pues recordó que llegó a la sesión con una suspensión provisional para evitar ser destituido, y no fue respetada.
“Tomamos la determinación de continuar por la ruta legal. El juzgado tercero de distrito en materia administrativa nos otorgó la suspensión provisional, y ahora presentaremos una solicitud al juzgado de distrito para que ordene la restitución de las legítimas autoridades de la UdeG y proceda a dictar las órdenes de aprehensión para quienes de manera flagrante han violado una ley federal”, indicó Briseño Torres, flanqueado por el vicerrector Gabriel Torres y otros funcionarios desplazados de sus cargos tras lo que calificaron de acción “golpista”.
Briseño Torres dijo que al desdeñar la orden del juez federal, el grupo padillista demostró que el estado de derecho para ellos “es nada” contra sus intereses patrimonialistas, económicos y políticos.
“Quienes ahora desde el edificio central de la UdeG y habiendo despojado del mismo con lujo de violencia las instalaciones y oficinas de las autoridades legales, quienes ahora ahí se encuentran, han cometido serios delitos que tendrán que enfrentar ante la justicia federal y común por despojo”, sentenció.
Agregó que las denuncias que presentará, entre ellas una por la desaparición de 800 millones de dólares de una herencia al Hospital Civil que nunca llegó al nosocomio, están garantizadas con documentos y testimonios que lograron sacar de las oficinas centrales antes de los acontecimientos de hoy, como medida de prevención.
“Vamos a cuidar todos y cada uno de los aspectos legales, confiamos plenamente en el estado de derecho, en la justicia mexicana, hemos cuidado hasta el mínimo detalle todas y cada una de las recomendaciones”, agregó.
Hizo un llamado para evitar la violencia y pidió a los estudiantes que no dejen de ir a clases, luego que solicitó al gobierno estatal resguardo policiaco en todos los edificios. Sin embargo agregó que esa será la única intervención que podría darse de parte del Ejecutivo jalisciense en el conflicto, pues en la comunicación que ha tenido con el gobernador Emilio González Márquez, éste le hizo patente su decisión de estar expectante y no intervenir de manera directa, salvo que ocurran hechos violentos.
Insistió que en tanto se resuelve la situación legal, abrirá oficinas provisionales para que puedan atender los compromisos inherentes a los cargos que “seguimos ostentando”.