Segundo informe
■ En el área operativa, su tarea es igual a la del pacto del 21 de agosto
Desde 2006 existe un reglamento de coordinación en seguridad nacional
Felipe Calderón estrenó, desde el primer día de su administración, un reglamento de coordinación en seguridad nacional para establecer políticas públicas en la materia y operar con un plan de inteligencia estratégico que previniera y desactivara las amenazas contra el Estado mexicano.
Veinte meses después, con el reconocimiento que el Estado y la sociedad encaran una crisis por el embate del crimen organizado, fue diseñado el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y Legalidad.
Ese pacto busca una coordinación entre los tres niveles de gobierno y los tres poderes de la Unión para atajar las amenazas contra el Estado, al igual que pretende hacerlo, desde 2006, el reglamento citado.
Hasta ahora, la Secretaría de Gobernación no ha precisado si habrá cambio en las vías de coordinación multisectorial o si las acciones estratégicas del llamado gabinete de seguridad y de los firmantes en el acuerdo nacional por la seguridad caminarán juntas, especialmente en intercambio de información e inteligencia.
Lo anterior, aun cuando el reglamento sea de seguridad nacional y el pacto reciente se limite a la seguridad pública.
Una comparación entre ambos documentos revela que el reglamento y el pacto siguen la misma tarea en el área operativa: establecer enlaces efectivos de los responsables de la seguridad con el Congreso de la Unión, dependencias de la administración pública federal, estados, municipios y entidades privadas para proteger a los mexicanos y al Estado en general.
Buena parte de la responsabilidad del reglamento, en vigor desde el 30 de noviembre de 2006, recae en el titular de Gobernación, hoy Juan Camilo Mouriño, también secretario ejecutivo del Consejo de Seguridad Nacional (CSN).
Mouriño tiene a su cargo, por ley, el “liderazgo político” de la estrategia en seguridad nacional.
En el CSN participa el llamado gabinete de seguridad, integrado además, entre otros, por los titulares de Defensa, Marina, Seguridad Pública federal, Procuraduría General de la República (PGR) y Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), quienes son parte fundamental para poner en operación el acuerdo de agosto.
Si bien el Presidente tiene la última palabra en las decisiones del CSN, toca al secretario de Gobernación imprimir una visión “estratégica, integral, amplia y de largo alcance para mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado”.
El artículo 29 del reglamento de 2006 precisa que el secretario ejecutivo promoverá que los integrantes del consejo intercambien de manera oportuna la información e inteligencia. El artículo 30 dice que las operaciones relacionadas con la generación de inteligencia que coordine el Cisen deberán ajustarse a los programas operativos que se deriven de la Agenda Nacional de Riesgos y hayan sido aprobados en el seno del CSN.
El acuerdo de agosto prevé la consolidación de un Sistema Único de Información Criminal a fin de garantizar la interconexión e intercambio de información entre instancias y órdenes de gobierno para combatir al delito.
Para ello, las secretarías de Seguridad Pública, Defensa, Marina y Comunicaciones y la PGR, en coordinación con las entidades federativas, homologarán sus sistemas tecnológicos para tener acceso a los datos del Sistema Único de Información Criminal de Plataforma México.
El reglamento de 2006 incluye elementos para coordinar acciones y órdenes respecto del sentido que deberán tomar las políticas en materia de seguridad nacional y la coordinación con los gobiernos estatales.
En tanto, el acuerdo del 21 de agosto propone nuevas rutas de coordinación y, sobre todo, una especie de auditoría gubernamental y ciudadana para vigilar el cumplimiento de metas.