■ Dice que asumió las demandas de la movilización del sábado

La inseguridad, por descomposición en el gobierno, admite Calderón

Karina Avilés

Tras reunirse con los dirigentes de la marcha Iluminemos México, el presidente Felipe Calderón expresó que hizo “suyas” las demandas que éstos le plantearon –entre ellas estaría la renuncia de los responsables en materia de seguridad, tanto estatal como federal, en caso de fracasar en su cometido, aunque esto no lo señaló explícitamente en su discurso– y admitió que la inseguridad pública es “consecuencia de una descomposición gradual y creciente de instituciones públicas en los tres órdenes de gobierno”, por lo que el crimen organizado aumentó su capacidad operativa, logística y financiera en muchas regiones del país.

Apuntó que el crecimiento de la criminalidad y la virulencia con la que actúa obedece a la impunidad, a la falta de acción de las autoridades por negligencia, incapacidad institucional o por “franca corrupción en algunos casos”.

Incluso aceptó que lo anterior ha sido posible, en gran parte, “por una autoridad y una fuerza policiaca, cada vez con menos incentivos para rechazar de manera contundente la acción intimidatoria o corruptora del crimen”.

En mensaje a los medios de información que ofreció en las escalinatas de la residencia Miguel Alemán, el michoacano señaló que “todos los gobiernos, todas las autoridades somos responsables”, por lo que los tres órdenes de gobierno y los tres poderes de la Unión deben resolver la problemática.

Acompañado por los secretarios de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, y el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Eduardo Medina Mora, apenas 15 minutos después de que los representantes de las agrupaciones convocantes a la marcha contra la inseguridad abandonaron de Los Pinos, dio respuesta a sus reclamos.

Así, aceptó las exigencias formuladas en el documento que le fue entregado, con excepción de las que corresponden a otros poderes u órdenes de gobierno, como la instrumentación de la reforma de justicia o la organización de las policías municipales.

En el escrito de ocho demandas a los poderes de la Unión y 12 peticiones a los 31 estados y el Distrito Federal, los organizadores de la marcha del sábado pasado, entre ellos, Elías Kuri Terrazas, Laura Elena Herrejón y Alberto Núñez Esteva, solicitaron concretar en no más de un año los trabajos de consolidación del nuevo sistema penal acusatorio –basado en juicios orales– y no esperar los ocho años que indica la ley de justicia penal.

Calderón señaló que en el contexto del Consejo Nacional de Seguridad Pública se revisarán los puntos expuestos para dar “respuesta satisfactoria a cada uno”.

El agravio a la sociedad, añadió, exige medidas drásticas para “frenar de una vez por todas la delicada situación que vive el país en seguridad pública”.

Insistió en la impunidad prevaleciente y dijo que la condena a ésta no sólo es legítima, sino también un “severo reclamo a las autoridades para que más allá de banderas políticas nos pongamos de acuerdo” para el combate a la delincuencia.

En su mensaje, de 15 minutos, señaló las causas que, en su opinión, tienen que ver con el fenómeno delictivo. Primero afirmó que hay una descomposición gradual de las instituciones gubernamentales en los tres órdenes de gobierno, cuestión que se ha “vivido a lo largo de años”.

Añadió: “El crecimiento de la criminalidad y la virulencia con la que actúa obedecen a la impunidad; precisamente por la debilidad, la vulnerabilidad o la descomposición en muchos lugares donde las autoridades han sido rebasadas por la delincuencia y el crimen en el ámbito local”.

Indicó que otra de las causas es el deterioro del tejido social, en el que hay una sociedad con menor solidez en términos de valores, de tal manera que pueda rechazar la ilegalidad. Por último, citó las estrategias de su gobierno contra la inseguridad, como el proyecto Limpiemos México y, por otra parte, destacó el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad. Dijo estar seguro de que se inicia una “nueva etapa” para hacer frente a la criminalidad.