Editorial
Inseguridad: sociedad dividida
El sábado pasado, en diversas ciudades del país, miles de ciudadanos se manifestaron para protestar por el colapso de la seguridad pública y para exigir el fortalecimiento del combate policial y judicial a la delincuencia. La gran mayoría de los participantes tuvo como motivaciones el dolor y la rabia por haber sido –en sus propias personas o en las de allegados– víctimas de la criminalidad organizada o bien por el deseo de solidarizarse con quienes han sido afectados por ella. Como ocurrió en demostraciones precedentes –1997 y 2004– la mayor parte de la concurrencia estuvo integrada por personas de clase media y alta, lo cual no resta legitimidad a la exasperación, pero sí produjo un sesgo conceptual inevitable: se marchó no contra la delincuencia y la corrupción en general, sino contra el asalto, el secuestro con demanda de rescate, los homicidios y las lesiones que se perpetran en el ámbito de esos ilícitos.
Tal percepción superficial e incompleta del fenómeno delictivo que se extiende por el país armoniza plenamente con lo que ha hecho hasta ahora el grupo en el poder y alimenta, desde abajo, sus tentaciones de autoritarismo. Resulta alarmante, por ejemplo, que en las manifestaciones se haya escuchado la insistente petición de establecer en México la pena de muerte, una práctica bárbara y regresiva que no sirve para disminuir la criminalidad, pero que degrada, en cambio, a la sociedad en su conjunto y la coloca en el mismo nivel moral que el de los delincuentes.
Ayer, los convocantes de las marchas llevaron a Los Pinos sus peticiones y lograron que el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa, decidiera crear al vapor un Instituto de Prevención del Delito, en el que participarán ciudadanos que bien podrían ser los mismos organizadores de las manifestaciones.
El establecimiento de una nueva instancia burocrática difícilmente podrá, por sí mismo, contrarrestar el pavoroso derrumbe de la seguridad pública. En cambio, las expresiones de descontento del sábado han dado un argumento a quienes, desde el poder público, pretenden profundizar, extender y consolidar las estrategias de “mano dura” en vigor, por más que éstas, si no han incrementado la inseguridad y el poderío de las bandas delictivas, han sido al menos inútiles para reducir tales fenómenos.
En contraste con las movilizaciones realizadas con el lema de “Iluminar México”, respaldadas por campañas publicitarias masivas y costosas, y promovidas y exaltadas por el conjunto de medios electrónicos privados, así como por la mayor parte de los medios impresos, el movimiento ciudadano en defensa del petróleo se congregó ayer en el Monumento a la Revolución en medio de un férreo bloqueo informativo, y sin más instrumentos regulares de convocatoria que volantes y correos electrónicos. Al margen de las cifras de asistencia a actos de masas, siempre polémicas y cuestionables, las muchedumbres de uno y otro acto tendrían que ser medidas no entre ellas, sino en relación con los aparatos de promoción de que dispusieron. Del efectuado ayer puede concluirse la persistencia de una porción de sociedad que no requiere de la televisión comercial para convocarse a sí misma y que mantiene viva su oposición frontal a las políticas gubernamentales en curso.
Si bien las partes centrales del discurso de Andrés Manuel López Obrador, principal orador en esa concentración, fueron el llamado a rechazar la privatización de la industria petrolera y la denuncia de un posible desvío multimillonario de recursos en Pemex –en 2004 la dirección de la paraestatal invirtió mil 135 millones de dólares en la adquisición de un buque-tanque cuyo precio de mercado era de menos de 230 millones–, el tema de la inseguridad y las marchas de la víspera estuvieron presentes en la alocución. En contraste con la insistencia oficial de combatir la delincuencia mediante recursos únicamente penales, policiales y militares, el ex candidato presidencial señaló que la violencia, la inseguridad y el poder logrado por la criminalidad son resultados inevitables de cinco lustros de estancamiento económico, políticas antipopulares, falta de empleo y deterioro sostenido de la educación pública. En consecuencia, dijo, para hacer frente al auge de la criminalidad es necesario revertir el modelo neoliberal aún vigente.
Por lo que se refiere a la seguridad pública, en suma, como en otros tantos temas, el país está dividido, por más que el discurso oficial y los medios privados se empeñen en presentar como el todo de la sociedad a la parte que los respalda y que responde a sus convocatorias.