■ El CESP presenta iniciativa ciudadana
Nada obliga a cumplir el acuerdo por la seguridad
Las acciones del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad “siguen siendo aspectos de buena fe; ninguno de los puntos es obligatorio y si se analiza a detalle se verá que no hay sanciones para quienes incumplan lo acordado entre sociedad y gobierno”, destacó ayer el presidente del Centro de Estudios en Seguridad Pública (CESP), Adolfo Miranda Castillo.
En conferencia de prensa, donde presentó una iniciativa para reformar el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), Miranda destacó que el tema de la seguridad se convertirá en botín para los partidos políticos y en agenda de “demagogia para el gobierno federal”, ante la proximidad de las elecciones de 2009.
Sin duda, abundó, el tema será explotado en las campañas políticas, pero “no será atendido como lo demanda la ciudadanía; será explotado en las agendas político-electorales de los partidos”.
Es urgente modificar el marco legal de la seguridad pública, el cual “no se ha modernizado desde hace 14 años, y debe hacerse cargo de los reclamos ciudadanos para que su atención no sea a voluntad de los gobernantes, sino derecho establecido”, añadió.
Insistió en que el mecanismo de colaboración entre Federación, entidades y municipios en materia de seguridad requiere de una urgente modificación, y subrayó que el SNSP ha ejercido recursos crecientes desde hace 11 años, al pasar de 2 mil 200 millones de pesos en 1997, a los 27 mil millones destinados este año; es decir, “los recursos se han multiplicado por 10, y no hay resultados”.
Refirió que en 1997 el promedio diario de delitos federales era de 202, y de 300 en 2006.
A su vez, las denuncias por delitos comunes ascendían a 4 mil en 1997, y en 2007 a 3 mil 957. “Se le mete mucho dinero y no se acreditan resultados”, dijo.
La iniciativa ciudadana para reformar el SNSP, aseveró, debe considerar con toda claridad “obligaciones para los gobiernos federal y locales, pues de otra forma pueden eludir su responsabilidad o buscar beneficios políticos, pero sin avanzar en una reforma democrática del sistema nacional, que es indispensable”.
También se pronunció por una nueva integración del Consejo Nacional de Seguridad Pública, que incluya a los poderes Judicial y Legislativo. En el caso del Congreso, deben ser considerados los presidentes de las comisiones de Seguridad Pública, y “no deben ser miembros plenos, sino sólo invitados a las sesiones, los secretarios de Defensa y Marina, pues el objetivo es aclarar que su apoyo en las tareas de seguridad es de carácter excepcional, no permanente”.
Expresó que se deben establecer sanciones económicas a las entidades que incumplan los acuerdos del SNSP, de forma que quien no actualice registros o carezca de metas definidas deje de recibir los recursos convenidos.