■ La investigación concluyó, argumenta
Pide IFAI a PGR entregar información de El Chapito
El Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) hacer públicas las averiguaciones previas que ha integrado en contra de Archivaldo Iván Guzmán Salazar, El Chapito, debido a que las indagatorias ya concluyeron e inclusive el hijo de El Chapo Guzmán Loera fue puesto en libertad en abril pasado, al ser exonerado de los delitos que le imputaban.
La instancia federal tiene un plazo de 10 días hábiles para proporcionar dicha información.
En su solicitud, un peticionario pedía copias de todas y cada una de las averiguaciones previas de la PGR en contra del hijo del líder del cártel de Sinaloa –prófugo desde hace siete años–, así como de todas las actuaciones realizadas por la dependencia en el caso.
La solicitud incluye copia del perfil sicológico que se le realizó a El Chapito para internarlo en el penal de máxima seguridad del Altiplano, después de que fue trasladado del Reclusorio Sur.
La PGR se negó a entregar la información por considerar que la solicitud “no corresponde a información pública”, en el contexto de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
“A las actuaciones de averiguaciones previas sólo podrán tener acceso el inculpado, su defensor y la víctima u ofendido y/o representante legal, si lo hubiere”, respondió en su momento la PGR.
Ayer, en la sesión del IFAI, el comisionado ponente Alonso Lujambio se pronunció por confirmar la negativa de la dependencia federal a entregar las averiguaciones previas y, en cambio, solicitar a la PGR la entrega del pliego de consignación.
Los comisionados Alonso Gómez Robledo, Jacqueline Peschard y Juan Pablo Guerrero se opusieron a esa propuesta y señalaron que, en tanto existen averiguaciones previas que ya concluyeron, no existe impedimento para que la PGR entregue la información requerida.
Por otra parte, el IFAI mandató a la Secretaría de Seguridad Pública federal que entregue información que incluya el número de elementos de la corporación que han muerto ejecutados o en enfrentamientos contra el crimen organizado, así como las entidades donde ocurrieron esos decesos.