■ El senador Rubén Camarillo expresa la oposición de su partido a la propuesta del FAP
Rechaza AN intervención del Congreso en la elaboración del plan de energía
■ Labastida Ochoa sostiene que para el PRI no representa un problema la injerencia del Legislativo
El PAN rechazó ayer la participación del Congreso de la Unión en el diseño y evaluación del plan nacional de energía que elaboraría el Ejecutivo federal como resultado de la reforma del sector, punto que propone la iniciativa del Frente Amplio Progresista (FAP), el cual –advirtió el senador perredista Pablo Gómez– es irreductible.
Al finalizar la sesión vespertina de la Comisión de Energía del Senado, el secretario de la misma, el panista Rubén Camarillo, manifestó su abierto rechazo a esta reforma que propone el FAP, mientras el priísta Francisco Labastida Ochoa destacó que “no le ve problema” a que el Congreso no sólo apruebe, sino que intervenga en la elaboración de dicho plan.
La propuesta del FAP plantea que en la elaboración del plan nacional de energía, que tendría una duración tentativa de diez años, intervengan la secretaría del ramo, empresarios y centros de investigación, y que posteriormente sea aprobada por el Congreso, que además verificaría cada dos o tres años el avance de dicho programa.
El PRI sugiere que intervengan la Secretaría de Energía e inclusive el Congreso, como parte de una decisión de Estado, mientras el PAN defiende que sólo participe la dependencia que encabeza Georgina Kessel, sin injerencia del Legislativo.
“Donde no hay acuerdo es en si debe participar o no el Congreso aprobando este plan energético como lo plantea el FAP, es decir, que después de que haya este consenso entre el Ejecutivo, las universidades, Pemex, Luz y Fuerza del Centro, etcétera, pase a su revisión y aprobación, en su caso, a la Cámara de Diputados; ahí nosotros no estamos de acuerdo”, subrayó el panista.
Luego de cuatro horas de discusión, la Comisión de Energía demandó a los asesores de cada bancada y a los secretarios técnicos que presenten un planteamiento que concilie las posturas de cada iniciativa desde el punto de vista jurídico, respetando las propuestas que cada parte definió ayer.
De acuerdo con Labastida “hay diferencias, pero son subsanables. Estamos de acuerdo en que el órgano regulador técnico debe tener funciones muy claras, que sus atribuciones deben ser compatibles con las de la Secretaría de Energía, el consejo de administración de Pemex y con las del director de la empresa”.
Respecto del cuerpo que regulará y supervisará la operación de Pemex, destacó que a todos los legisladores les queda claro que todo monopolio debe contar con una instancia con esas características. Explicó que la función básica de dicho órgano “es la de elevar la renta petrolera, entendida como la maximización del volumen de crudo que, a largo plazo, se obtiene de un yacimiento, y que esto implica funciones supervisoras y de planeación sobre el modelo de explotación de cada fuente”.