La profesionalización del ciudadano
Como respuesta a las protestas en contra de la inseguridad y de la incapacidad del Estado para garantizar la tranquilidad en las calles y en las familias mexicanas, se ha propuesto la formación de un nuevo órgano ciudadano cuyo propósito sería supervisar las acciones públicas en esa materia. Poco tiene de original esta proposición. Desde hace buen tiempo, cuando el gobierno se muestra incompetente para resolver un problema invocamos al ciudadano como si se tratara de una instancia alternativa al Estado cuya intervención suple las omisiones o debilidades de las instituciones. El ciudadano promete una eficacia y una habilidad para resolver problemas que no se sabe muy bien de dónde viene, porque, más allá de los derechos y las garantías individuales, cuáles son los recursos de que dispone para hacer lo que el Estado no puede hacer. A menos de que estemos hablando únicamente en un plano simbólico.
La primera pregunta que tendríamos que hacernos es si los cuerpos ciudadanos que se han formado en diferentes áreas de gobierno han tenido un impacto real en el mejoramiento del desempeño gubernamental, o si su existencia ha contribuido a debilitar el Estado, en la medida en que su participación acarrea de manera implícita mayor confusión en relación con las responsabilidades de la administración. Asimismo, en muchos casos las autoridades ven en la formación de órganos ciudadanos, y en dos o tres reuniones con ellos, simplemente un desahogo, una válvula de escape para las tensiones que produce determinado problema; en otros casos, los dichos ciudadanos son el instrumento, a sabiendas o no, de intereses particulares que utilizan el revestimiento ciudadano para legitimar sus causas.
La trayectoria de algunos entes de ciudadanos que se formaron en el terreno de la seguridad pública indica que su eficacia es más que limitada. En 1999 se creó el Comité Nacional de Consulta y Participación en Seguridad Pública, de carácter federal, que simplemente se extinguió sin haber dejado huella; en 2003, el Gobierno del Distrito Federal creó el organismo Estudios Científicos para la Persecución del Delito, que no ha sido siquiera instalado, aunque incluso se le han asignado recursos (Reforma, 3/9/08).
Entre nosotros la noción de ciudadano evoca una categoría moral que no se deriva de los derechos y obligaciones que definen la condición de ciudadanía, sino de la supuesta imparcialidad y pureza de intenciones que lo distingue del Estado y de los partidos, cuya perversidad ya ni siquiera se discute. De suerte que hemos llegado a una especie de sacralización del ciudadano que ha llevado a muchos a asumir esta condición, ya no como inherente a su personalidad cívica y política, sino como una auténtica profesión. Institutos, comités, comisiones se multiplican integradas por ciudadanos que se han incorporado a un circuito que corre paralelo a las instancias estatales. De esta manera se ha producido la profesionalización del ciudadano, con todo lo que ello implica en términos de estabilidad, de especialización y de supuesta imparcialidad. El ciudadano profesional también reclama para sí una condición de independencia, una ausencia de compromiso partidista que le imprime autoridad a sus juicios y a sus demandas; aun cuando no son pocos los de entre ellos cuyas actividades y afinidades los identifican como parte de determinada fuerza política.
Tomemos como ejemplo el organismo denominado Estudios Científicos… que, como se dijo antes, fue creado en 2003 por el Gobierno del Distrito Federal. En este caso llama la atención la evidente incongruencia que subyace en un organismo de ciudadanos creado por el gobierno; sin embargo, este tipo de relación es la consecuencia directa de la profesionalización del ciudadano que ha ocurrido en México. En este caso en particular, el gobierno de la ciudad intenta apoyar sus acciones, legitimarlas, con el respaldo de un grupo de ciudadanos cuyas reuniones serán seguramente organizadas por el propio gobierno, que probablemente también les ayudará a establecer la agenda, identificar los principales temas de discusión, llevar los registros de la reunión, el seguimiento de los asuntos, y encauzar el debate. Para no mencionar los recursos que le ha asignado la Asamblea de Representantes, en la que la mayoría perredista habrá de asegurarse que los ciudadanos miembros de este organismo Estudios Científicos… sean los ciudadanos correctos.
En un contexto en que los partidos políticos están empeñados en apoderarse del Estado, resulta muy difícil pretender sustraerse al compromiso partidista, como lo hacen muchos ciudadanos profesionales. Lo que ocurrió con el Instituto Federal Electoral (IFE) no es sino una muestra de que lo que buscan los partidos, que es precisamente cerrar los espacios no partidistas. El IFE es una instancia estatal; sin embargo, la última reforma electoral lo entregó a los partidos. Si esto le ocurrió a un organismo del Estado, ¿qué puede ocurrirle a la profesión de ciudadano?