■ Industriales pretenden detener la reforma aprobada en la Cámara de Diputados
Cabildean patrones en el Senado contra la regularización de empresas de outsourcing
■ Las llamadas compañías de tercerización violan sistemáticamente los derechos laborales
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Según la UNAM, alrededor de 26 millones de trabajadores mexicanos carecen de las prestaciones establecidas por la ley y se encuentran fuera de todo contrato legal, lo que convierte a nuestro país en un ”paraíso empresarial” para el outsourcing. En la imagen, albañiles, plomeros, azulejeros o carpinteros desempleados aguardan en la Plaza de San Jacinto, en San Ángel, a que alguien llegue a contratarlos
Foto: Carlos Cisneros
De manera sistemática se han violado los derechos de trabajadores contratados por empresas conocidas como outsourcing o de “fuente externa”, que ofrecen servicios de limpieza, por ejemplo, a organismos públicos y privados. Los empleados perciben bajos salarios, carecen de prestaciones sociales y seguridad en su fuente de trabajo, además de que, por esta vía, también existe evasión de las responsabilidades ante autoridades fiscales y de seguridad social. Con la finalidad de regularizar el funcionamiento de dichos negocios, se encuentra en el Senado una minuta que reforma la Ley del Seguro Social, contra la cual el sector empresarial ha emprendido una serie de críticas y exigencias a los legisladores para que el proyecto sea rechazado.
La minuta aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados en abril pasado, fue propuesta por el diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Patricio Flores Sandoval, y plantea terminar con las prácticas simulatorias y evasoras que algunas empresas realizan con la subcontratación o intermediación laboral, las cuales cada vez son más frecuentes.
Para el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la existencia de empresas que subcontratan personal representa un problema sin solución, porque son negocios con muy limitada infraestructura física y que fácilmente pueden “desaparecer” sin que se puedan hacer efectivos los cobros de cuotas ni exigir el cumplimiento de sus obligaciones como patrón.
La minuta plantea la obligación de que la persona beneficiaria de los servicios prestados por los trabajadores de las empresas, también conocidas como de “tercerización”, se asuma como “responsable solidario” respecto del cumplimiento de las obligaciones en la Ley del Seguro Social.
En ese sentido, deberán informar mensualmente al IMSS los nombres, números de seguridad social y días laborados por los trabajadores, así como el nombre del centro de trabajo donde se prestaron los servicios, registros patronal, y federal de contribuyentes, además del domicilio fiscal.
En tanto, la empresa subcontratista también informará cada mes al IMSS todos los datos correspondientes de la persona, organismo o institución beneficiaria de los trabajos realizados, así como de los empleados.
Aunque estas disposiciones ya han sido adoptadas en otros países como la mejor alternativa para facilitar el control y vigilancia de las empresas y las beneficiarias de los servicios subcontratados, industriales mexicanos iniciaron una serie de acciones encaminadas a detener la minuta de reforma legal.
El Consejo Coordinador Empresarial ha enviado cabilderos al Senado, mientras la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) remitió un oficio a los coordinadores parlamentarios de PRI, PAN y PRD, con copia para secretarios de Estado y el IMSS, con la finalidad de que la minuta sea detenida en forma indefinida. El argumento es que tal como está, la modificación legal afectará la generación de empleo.
Algunas otras empresas ya se han expresado en favor del cambio con algunas precisiones, entre ellas la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano y la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica.
Información del Centro de Análisis Multidisciplinario de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México señala que alrededor de 26 millones de trabajadores mexicanos carecen de las prestaciones de ley y se encuentran fuera de todo contrato legal, lo que convierte a México en un ”paraíso empresarial” para el outsourcing (La Jornada 2/04/07).
La existencia de estos negocios ha representado para el IMSS dificultades en sus labores de incorporación y recaudación. A partir de la existencia de las fuentes externas de contratación, las empresas dan de baja a sus trabajadores, los cuales luego son contratados por otra firma con salarios inferiores, sin derecho a reparto de utilidades y otras prestaciones sociales y económicas.