Editorial
Magisterio, educación y descontento
Las movilizaciones magisteriales que tuvieron lugar ayer en distintas entidades –Morelos, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Quintana Roo y el Distrito Federal– se suman a otras tantas acciones realizadas a lo largo de la semana que está por terminar en todo el territorio nacional –marchas, toma de autopistas y bloqueo de instalaciones de dependencias de gobierno– que, en conjunto, ponen de manifiesto la existencia de un descontento creciente en torno a la política educativa del gobierno federal, condicionada por la alianza política de la presente administración con el charrismo corrupto que controla al magisterio.
Además del repudio a la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), estas movilizaciones se han logrado articular en torno a dos demandas centrales: por un lado, el rechazo a la llamada Alianza por la Calidad Educativa (ACE), presentada el pasado 15 de mayo; por el otro, la defensa de las escuelas normales ante el designio gordillista de convertirlas en instituciones formadoras de “técnicos en actividades productivas”.
En cuanto a la primera de esas exigencias, resulta por lo menos atendible el reclamo, expresado durante las marchas de ayer, de “cancelar” la aplicación del referido pacto educativo: se trata de un acuerdo suscrito entre el gobierno federal y el SNTE, de espaldas a las bases, y que pretende implementar en el ámbito de la educación pública criterios empresariales de evaluación como método de eliminación de los derechos laborales del magisterio. Tal visión profundiza la política, emprendida por las recientes administraciones, de delegar en el sector privado las responsabilidades del Estado y crear, con ello, oportunidades de negocio para particulares en el ámbito de la enseñanza pública. Al mismo tiempo, las promesas planteadas en esta alianza educativa, como la dotación de tecnología en miles de aulas con equipos de cómputo y conexión a Internet remiten inevitablemente a los rimbombantes programas emprendidos durante el sexenio pasado, entre los que destacan la Enciclomedia y el pizarrón digital, y que terminaron por hundirse en la corrupción que campea en la administración pública.
Por otra parte, la pretensión de desaparecer la estructura normalista nacional no sólo carece de sensibilidad histórica y social con relación a la importancia que ésta ha tenido para nuestro país, sino que además va en sentido contrario a las necesidades actuales de la educación pública, que demandan la formación de más y mejores docentes, así como el mejoramiento de sus condiciones laborales. En uno y otro caso, queda de manifiesto que el interés principal de la “dirigente vitalicia” del magisterio no es el desarrollo de la enseñanza en el país, sino la consolidación de alianzas políticas con la administración en turno que constituyen, al día de hoy, un lastre fundamental para el avance nacional en materia educativa.
Por lo demás, la proliferación de estas muestras de descontento en todo el territorio contrasta claramente con la indiferencia de las autoridades ante la inconformidad creciente de los trabajadores de la educación: este jueves, la titular de la SEP, Josefina Vázquez Mota, afirmó que las movilizaciones de referencia y las que se anunciaban para este fin de semana eran “muestras de preocupación que no alcanzan un nivel nacional, que son parte de un proceso histórico y del cambio y decisiones que se han asumido”. Es de suponer que, lejos de ofrecer perspectivas de solución para las demandas legítimas de los inconformes, los intentos oficiales por disminuir el descontento en el discurso sólo lograrán profundizarlo en los hechos.