■ Cuestionan la reciente reforma penal y temen que devenga en oleada de abusos

Impugnan criminólogos la libertad de investigar otorgada a policías

■ Cuando agentes estatales actúen con base en denuncia anónima cualquiera podrá ser víctima, opinan

Gustavo Castillo García

La libre facultad de investigar que se otorgó a los cuerpos policiacos en la reciente reforma penal se puede convertir en una medida violatoria de los derechos humanos y limitante de las garantías individuales, toda vez que, en el caso de los agentes federales, han realizado acciones con base en denuncias anónimas, no en autorizaciones judiciales, y cuando esta medida se aplique a las policías estatales o municipales, cualquier domicilio o persona podrá ser sujeto de “investigación”, advirtieron los criminólogos Jesús Julián Gudiño Galindo, Julio César Kala y David Ordaz, participantes en el tercer Congreso Internacional de Política Criminal y Prevención del Delito, que se desarrolló en Guanajuato, jueves y viernes pasados.

Gudiño Galindo, maestro en política criminal por la Universidad Nacional Autónoma de México y actual director de Investigación y Reforma Policial en el Instituto para la Seguridad y la Democracia, señaló que “el hecho de que no generen los controles y normas adecuados para transparentar la actuación de los cuerpos policiacos va a generar que las corporaciones actúen libremente, justificando sus acciones en la llamada ‘prevención del delito’.

“Sin embargo, para las policías mexicanas, prevención es intervención. No se tiene la visión de la prevención mediante la construcción de redes con la comunidad o atender conflictos sociales se limitan a intervenir.

“Bajo esa situación se va a generar una circunstancia peligrosa que puede dar lugar a pesquisas, y que van a querer sustentar en cualquier cosa, como una denuncia anónima, y como ésta no puede ser ingresada en un proceso penal porque no tiene validez, aún así se va a argumentar que fueron labores de inteligencia.

“¿Quién dice que no pueden ser ellos mismos (los policías) los que de alguna manera digan: ‘pues vamos a hacernos una denuncia anónima porque tenemos que intervenir allí’ y actuar.

“La reforma recientemente aprobada genera problemas, sobre todo cuando a una policía se le dan tantas facultades de una manera tan libre. El margen de las libertades y garantías de los ciudadanos se reducen, y lo más arriesgado es que se legitime esa reducción como una demanda de seguridad.

“Prácticamente estamos abriendo la puerta de nuestra casa a todas las instituciones policiales; todos podemos ser peligrosos en cualquier momento, y se puede justificar mediante una denuncia anónima el que intervengan en nuestra casa.

“Actualmente sólo se dan facultades de investigación a la policía federal, pero es aplicable en las corporaciones municipales y estatales. Nos podríamos imaginar una policía local que, por orden del presidente municipal, investigue bajo la idea de la prevención del delito, a los opositores políticos del edil. Por ello es importante que en las legislaciones secundarias se pongan los candados a acciones que deriven en la reducción de garantías”, dijo.

Durante el encuentro en la capital guanajuatense, Gudiño Galindo sostuvo que es necesario “generar un modelo policial acorde a las necesidades sociales de la actualidad que coadyuven tanto en la confianza de la ciudadanía como en la obtención de resultados efectivos en materia de seguridad, y dignificar las condiciones laborales de los elementos con la finalidad de generar en ellos mayor compromiso social”.

En tanto, Julio César Kala, maestro en ciencias penales con especialización en criminología por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), señaló que “hay que ser muy cuidadosos de las reformas penales, sobre todo si en los cambios constitucionales se está en riesgo de ‘penalizar’ la Constitución en lugar de hacerla más garante. Considero muy arriesgado que se den tantas facultades a las policías.

“La historia mundial ha demostrado que el delito no se combate solamente endureciendo los sistemas penales, se tienen que elaborar modificaciones legales apegadas a los derechos humanos y las garantías individuales.

“El hecho de dar a la policía la posibilidad de investigar sin tener un marco de control adecuado, puede parecerles muy bien a muchos porque claman por justicia, pero sin darse cuenta de que las consecuencias podrían ser más graves, puesto que uno de los derechos del ciudadano es saber quién le imputa alguna acusación y, si los agentes pueden actuar con base en denuncias anónimas, se estaría criminalizando a la sociedad en términos generales.”

Las causas sociales

Por su parte, David Ordaz Hernández, criminólogo y docente en el Inacipe, expresó que “en el caso de la policía hay un problema estructural, y que las medidas que se están tomando se deben a que se atienden los fines, no las causas que generan la delincuencia; se atiende más la persecución del delito que las causas sociales que lo generan.

“Hay quienes han exacerbado algunos hechos y por ello se han generado estas políticas de prevención criminal, que por desgracia obedecen a que la sociedad las está exigiendo sin tener muy claro el fondo de la situación. Muchas de las acciones de la autoridad privilegian la seguridad por encima de las garantías; ése es el panorama que vivimos”, concluyó Ordaz Hernández.

El criminalista Irving Waller expresó que es más importante la prevención del delito que la represión, y criticó que muchos modelos “tradicionalistas sustenten sus acciones de prevención en esquemas reactivo-represivos”. Indicó que en las tareas de seguridad pública, el tema de la prevención de conductas antisociales requiere de atención altamente prioritaria, pues evita el surgimiento del fenómeno criminal, y aunque se deben generar estrategias operativas con miras a disminuir la incidencia delictiva, no se debe aumentar el número de policías, sino capacitarlos y atender las causas sociales que generan la criminalidad.