■ Repudian la propuesta gordillista de desaparecer las normales
Profesores de Chiapas se suman al rechazo a la alianza por la educación
La Alianza por la Calidad de la Educación es el primer paso de Elba Esther Gordillo y Felipe Calderón para privatizar la enseñanza en el país, “ya que se pretende comparar la docencia pública con modelos del imperialismo”, discrimina a los alumnos más pobres y atenta contra los derechos laborales de los trabajadores del sector, señalaron integrantes de la Escuela Normal Indígena de Chiapas Jacinto Canek.
En un documento, los normalistas se pronunciaron contra la desaparición de las normales públicas del país.
Expresaron que la alianza, signada por la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y el gobierno federal, “golpea seriamente la educación indígena mediante sus exámenes estandarizados y no toma en cuenta los índices reales de marginación de nuestros pueblos”. Además, no considera la pobreza, la desigualdad, la marginación, la falta de profesores, los grupos numerosos y el atraso tecnológico en las zonas rurales.
Afirmaron que el acuerdo obedece a intereses del Banco Mundial y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, pues “es una propuesta hacia la privatización educativa”.
En ese sentido, refirieron que obliga a los padres de familia a participar más en el sostenimiento de las escuelas, al exigírseles más cooperaciones voluntarias, cuotas y materiales de mantenimiento. “Todo ello en abierta violación a lo establecido en el artículo tercero constitucional, el cual establece que la educación prescolar, primaria, secundaria y normal debe ser gratuita.”
Los normalistas criticaron la decisión de agregar el inglés y la computación como materias obligatorias. “Es una ilusión modernizadora”, pues en muchas escuelas rurales se carece de profesores y electricidad para esos fines. Agregaron: “la verdadera intención es producir mano de obra barata, exportable a Estados Unidos”. Además, se hacen a un lado las lenguas maternas y la historia del país.
El someter a los docentes a evaluaciones, como intenta la Alianza por la Calidad de la Educación con el argumento de aumentar la productividad, “obliga a trabajar más y obtener mejores resultados sin mejorar las condiciones del docente. Al contrario, sumado a la nueva Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la alianza es un atentado contra los derechos laborales establecidos en el artículo 123 de la Constitución”.