■ Tras el cobro del rescate se dio un “ajuste de cuentas” entre la banda de secuestradores

Indaga PGJDF si la ex afi mató a Martí; “es la línea más sólida”

■ En los interrogatorios ha mostrado una actitud agresiva: fuentes cercanas al caso

■ Familiares de Lorena denuncian cacería de brujas

■ Nuestro padre, chivo expiatorio: hijos del presunto líder

Agustín Salgado

Una de las principales líneas de investigación sobre las circunstancias en que falleció Fernando Martí es la que señala a Lorena González Hernández como quien lo privó de la vida.

Fuentes cercanas al expediente dijeron que si bien no se han descartado otras hipótesis, esta línea es la más sólida, pues a partir del asesinato del joven de 14 años, las desavenencias en la banda de La Flor se agudizaron, situación que se agravó el día que fue pagado el rescate, ya que los integrantes de una de las células del grupo se adelantó para recoger el dinero.

Aseguraron que dichos enfrentamientos han permitido a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) avanzar en la investigación, pues las acusaciones en contra de Sergio Humberto Ortiz Juárez han provenido de sus propios cómplices.

Esta versión coincide con lo declarado por el jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, quien horas después de que se dieron a conocer los avances de la indagatoria, aseguró que existe un “testimonio clave”, dado por un sujeto “que formaba parte de la banda”, que señala al ex agente de la Dirección de Investigaciones para la Prevención de la Delincuencia (DIPD) como el líder de la banda de La Flor.

Hasta el momento Lorena González no ha colaborado con las autoridades ya que durante los interrogatorios ministeriales ha mostrado una actitud agresiva, que mantuvo tras ser trasladada a la cámara de Gessel de la fiscalía de homicidios, para realizar una “diligencia de confronta”, en la cual fue reconocida “plenamente” por Christian Salmones, escolta de la familia Martí Haik y que ahora es testigo protegido de la representación social.

Los investigadores consultados indicaron que durante uno de los interrogatorios, González Hernández se negó a responder a una de las preguntas y les espetó que era unos “pendejos”, pues no sabían interrogar.

La indiciada dijo que una bolsa de plástico sirve para torturar y matar a las víctimas.

Ante el dicho, los agentes le preguntaron si había actuado de esa manera con Fernando Martí, el chofer Jorge Palma y el escolta Christian Salmones. No obtuvieron respuesta.

Además se aseguró que existen otros indicios que fortalecen la hipótesis de que la ex policía federal asesinó al adolescente.

Las autoridades también investigan el asesinato del chofer Jorge Palma Lemus y las agresiones a Salmones.

Los peritajes realizados por el Servicio Médico Forense a los dos cadáveres indican que ambos fallecieron por asfixia.

Sobre el cobro del rescate, que se concretó en fecha posterior al asesinato de Fernando Martí, las fuentes consultadas aseguraron que una de las células, aunque no indicaron cuál, se quedó con todo el dinero, por lo que se desató un “ajuste de cuentas” en la banda.

Por otra parte, los hijos de Ortiz Juárez aseguraron que su familiar es un chivo expiatorio, que llevaba una vida modesta, no acostumbraba realizar viajes al extranjero e incluso tuvo que dejar, hace dos años, su casa del fraccionamiento Chimalli, ubicado al sur de la ciudad, al no poder costear los gastos.

De acuerdo con su hijo Miguel Ángel Ortiz, El Apá se jubiló hace 16 años de la Policía Judicial del Distrito Federal y nunca fue socio de la cadena de gimnasios propiedad de Martí.

“Mi papá no sabe jugar golf. Nunca viajó, como ahora se asegura, y sí jugaba tenis, primero en el Club Hacienda Tlalpan y últimamente en un club para pensionados que se llama Centro Sociocultural y Deportivo JLP, ubicado en avenida Santa Anna”.

Por la noche, el despacho de Xavier Olea Peláez, representante legal de la universidad en la que hasta ayer trabajó Miguel Ángel Ortiz Toriello, hijo del presunto cabecilla de la banda de La Flor, informó que la procuraduría capitalina solicitó que fuera “clausurada” su oficina, con el objetivo de realizar diligencias en los próximos días.

Olea aseguró que la institución colaborará con las autoridades, informó que Ortiz Toriello tenía un sueldo de 70 mil pesos mensuales, desde hace 11 años trabajaba en la universidad y vivía en la colonia Jardines de la Montaña.

En otra parte, familiares de Lorena González acusaron a la PGJDF de haber iniciado una “cacería de brujas”. Y abrieron las puertas del domicilio donde vivía para, dijeron, demostrar “que ella no vive con lujos”.

Los hermanos de la presunta secuestradora acusaron a la dependencia capitalina de negarles ver a su consanguínea, quien se encuentra en el centro de arraigo del Instituto de Formación Profesional de la PGJDF.

El subprocurador Jurídico y de Derechos Humanos de la PGJDF, José Ramón Amieva, aseguró que a los siete arraigados se les han respetado sus garantías individuales, se les permiten visitas e incluso tienen la posibilidad de leer los diarios.