ILUSTRACIÓN: Abel Quezada

El Derecho a Saber

Jonathan Fox* y Libby Haight **

En el debate sobre las políticas públicas para el campo, los términos “transparencia” y “rendición de cuentas” han cobrado más y más fuerza en los años recientes, sobre todo desde que entró en vigor la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG) en 2003.

Pero, ¿qué significa tener mayor transparencia en las políticas públicas, y qué efecto se puede esperar? ¿Cómo se puede exigir mayor rendición de cuentas a los servidores públicos en la práctica? A veces parece que el discurso convencional presume que hay un consenso sobre la definición de estos dos términos, pero en verdad su contenido real es un tema en disputa. Además, muchos suponen que las reformas oficiales en materia de transparencia van a fomentar automáticamente la rendición de cuentas y un mejor desempeño del sector público, cuando lo cierto es que son herramientas que no funcionan por sí solas.

Transformación del discurso. En el campo mexicano, el debate sobre los conceptos de transparencia y rendición de cuentas se da en el contexto del desfase histórico entre el discurso oficial y el desempeño real del sector público. Lo que se expresa en la Constitución , las leyes y las reglas de operación de los programas pasa muchas veces por una transformación al momento de operarse en las comunidades rurales. La opacidad, complementada con el acceso selectivo y discrecional a la información para los aliados de los que están en el poder, sirve para reforzar el poder del aparato de Estado sobre la ciudadanía.

Lo mismo parece pasar, a veces, en la traducción del significado de “exigir transparencia” y “buscar mayor rendición de cuentas” en la operación de los programas públicos para el campo. Por ejemplo, las instancias de contraloría social se han puesto muy de moda, y es cierto que tienen potencial, pero hasta ahora resulta difícil encontrar una dependencia en el campo donde estas oficinas hayan servido para resolver problemas graves. Por ello, varias organizaciones sociales y campesinas, comunidades rurales y académicos han estado trabajando para forjar mayor consenso sobre cómo entendemos estos términos y sobre su aplicación en la práctica, por medio de un llamado a que se respete el derecho a saber.

Participación de la sociedad. El concepto al derecho a saber abarca mucho más que los tecnicismos implícitos en la transparencia y la rendición de cuentas. Busca expresar la demanda social de que el quehacer del gobierno salga de la oscuridad y se sujete al escrutinio público. Expresa una demanda de que las y los ciudadanos organizados tengan voz en la toma de decisiones sobre la distribución y el gasto de los recursos públicos, y que se consideren las verdaderas necesidades de las comunidades en el diseño y la aplicación de las políticas públicas.

Informarse para modificar. En lo relativo a programas públicos destinados al campo, la exigencia al derecho a saber se ha manifestado en varias formas. Algunas organizaciones y comunidades han utilizado las herramientas institucionales de acceso a la información pública para conocer más sobre la operación de los programas de desarrollo rural que los afectan –incluyendo las reglas de operación, normas oficiales y estructuras administrativas de las dependencias–. Ello, para fortalecer sus trabajos de incidencia con base en evidencias concretas y así desarrollar propuestas alternativas para mejorar el desempeño de los programas públicos. Sin conocer todos los eslabones en la cadena de decisiones dentro del sector público, resultaría difícil apuntalar sus estrategias con precisión.

Asimismo, grupos civiles han estado trabajando con organizaciones sociales rurales a efecto de afinar sus demandas de mayor información sobre los programas del gobierno; buscan acceder a documentos básicos que detallen los derechos de los beneficiarios en los programas públicos que operan en estas comunidades, y las responsabilidades del gobierno en cuanto la prestación de los servicios públicos. Otras iniciativas persiguen informar a comunidades sobre sus derechos socio-ambientales frente a propuestas de mega proyectos que les pudieran afectar directamente, como presas o minas.

Incluida intrínsecamente en todas estas actividades en el marco del derecho a saber, está la demanda de que las políticas públicas para el campo y los programas gubernamentales para el desarrollo rural se ejecuten con mayor transparencia. Se busca que este concepto no se limite a la divulgación de datos y documentos oficiales, sino que también incluya el monitoreo ciudadano y la vigilancia desde los afectados. Sólo así se puede exigir mayor rendición de cuentas a las dependencias responsables. Así se busca que el derecho a saber sea una herramienta para que los esfuerzos por defender los demás derechos sean esfuerzos informados.

* Profesor en la Facultad de Estudios Latinoamericanos y Latinos en la Universidad de California, Santa Cruz [email protected]

** Analista de políticas públicas para el campo [email protected]

Participación Ciudadana y Contraloría Social

Ernesto Isunza Vera y Almudena Ocejo Rojo

ILUSTRACIÓN: Abel Quezada

La crisis de legitimidad de los sistemas electorales, junto con la necesidad de eficacia de las políticas públicas y la lucha contra la corrupción, impulsan una mayor participación ciudadana en los asuntos públicos más allá de la esfera electoral. Si, en teoría, la presencia ciudadana contribuye a mejorar las instituciones del Estado y por tanto a fortalecer la democracia, se torna entonces necesario permitir el acceso a los ámbitos de poder y de toma de decisiones a quienes son influidos directamente por los programas y las políticas del Estado.

El concepto de rendición de cuentas se refiere a la obligación del gobierno a responder a los ciudadanos acerca de sus acciones. Tradicionalmente se habla de rendición de cuentas horizontal –mecanismos formales de control entre instancias del Estado, incluida la división de poderes y el “sistema de pesos y contrapesos”–, donde se detectan ineficiencias, y vertical –mecanismos de control de la sociedad hacia el Estado– como son las elecciones; sin embargo, en el Estado hay un número importante de funcionarios no electos, para los cuales el voto no es un mecanismo de control. Así, es indispensable poner en práctica otras formas complementarias de control desde la sociedad (vigilancia, monitoreo y denuncia), esto es, la rendición de cuentas social –también denominada auditoría social, control social o contraloría social, monitoreo o control ciudadano, e incluso “ accountability social”–. Con este mecanismo, la rendición de cuentas vertical sucede más allá del voto y la horizontal ocurre de manera efectiva. La vigilancia aplica sobre cualquiera de los poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y de los niveles de gobierno (federal, estatal, municipal y/o local/comunitario).

En México, organizaciones de la sociedad civil han empezado a actuar colectivamente para supervisar la acción del gobierno y exigir rendición de cuentas. Es propicio el nuevo marco legislativo, con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG), que garantiza el acceso a la información; la Ley General de Desarrollo Social (LGDS), que incluye el derecho a la participación ciudadana y a la contraloría social, y la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil (LFFAROSC), que fomenta y regula el trabajo de la sociedad civil organizada.

Y en este marco se sitúa el Centro de Contraloría Social del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CCS-CIESAS), nacido en agosto de 2007, como un espacio de apoyo a proyectos de contraloría social realizados desde la sociedad civil, así como un núcleo académico para la documentación, investigación y análisis de temas relacionados con la rendición de cuentas en México y Latinoamérica.

Actualmente están en proceso 11 proyectos dirigidos a vigilar y/o monitorear algún aspecto del quehacer del Estado mexicano: 1) “Fortalecimiento de los comités de contraloría social para el desarrollo de la gestión del programa de rescate de espacios públicos en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco”, desarrollado por ACCEDDE Desarrollo Local, AC, de Jalisco; 2) “Monitoreo ciudadano en salud pública: vigilancia de la prestación de servicios de los programas de salud para población en pobreza por medio del monitoreo directo de unidades y clínicas de salud en Aguascalientes, Coahuila, DF, Guerrero, Oaxaca y Puebla”, por Alianza Cívica, AC; 3) “El caso del Programa de Coinversión Social del INDESOL: monitoreo a la operación de los mecanismos introducidos al Programa de Coinversión Social (PCS) para documentar avances y retrocesos en el apoyo al sector de las OSC en México”, por Alternativas y Capacidades, AC, del DF; 4) “Control social sobre el gasto agropecuario en México: monitoreo presupuestario e institucional del gasto público en materia de subsidios para la comercialización agrícola, operados por Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (Aserca)”, por la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo, AC; 5) “Observación-incidencia en políticas públicas sobre el tema de discapacidad en comunidades rurales e indígenas, por medio del abordaje de rehabilitación basada en y con la comunidad”, por CAI Piña Palmera, AC, de Oaxaca; 6) “Monitoreo de la construcción e instalación de una planta tratadora de aguas residuales que llegan al Valle del Mezquital”, por CEDEHCO-Centro de Desarrollo Humano y Comunitario, AC, de Hidalgo; 7) “Evaluación de los servicios públicos de salud de atención prenatal y del parto en unidades médicas de primer nivel de atención a la comunidad indígena en el municipio de Santa María Tlahuitoltepec, Oaxaca”, por el Centro para los Derechos de la Mujer Nääxwiin , AC, de Oaxaca; 8) “¿Cómo rinden cuentas los municipios respecto al gasto social de aportaciones federales?: Monitoreo al proceso de rendición de cuentas de los recursos recibidos por medio de aportaciones y subsidios federales (Fondos FISM y FAM del Ramo 33)”, por el Centro de Investigación y Desarrollo, AC, del Distrito Federal; 9) “Contraloría ciudadana para mejorar el desempeño de los juzgados cívicos y las policías del DF en materia de respeto a los derechos humanos y seguridad pública”, por Democracia, Derechos Humanos y Seguridad, AC, del DF; 10) “Evaluación comparativa de tres procesos de gestión social para el saneamiento de aguas residuales en las cabeceras municipales de El Tajín, El Espinal y Tatahuicapa, Veracruz”, por Escuela de Ciencias Ecológicas, AC, de Veracruz, y 11) “Monitoreo de la Quinta Visitaduría de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos: evaluación e incidencia de sus acciones con el propósito de garantizar su buen funcionamiento y capacidad de incidencia con el fin de proteger a la población migrante”, por el Instituto para la Seguridad y la Democracia , AC, del DF.

Para consolidar el campo de la contraloría social, es fundamental fortalecer a los actores sociales interesados en la vigilancia y el control, pero también que el Estado abra espacios efectivos de participación y deliberación. La rendición de cuentas no tiene que ver solamente con el diseño de políticas, o con una ciudadanía activa e informada conocedora de sus derechos y con capacidad para exigirlos, sino, en buena medida, con la existencia de instancias dentro del Estado que hagan posible su funcionamiento. Se necesitan instituciones que protejan realmente el derecho ciudadano a la rendición de cuentas, garanticen la atención a las demandas que puedan surgir de la evaluación y monitoreo de la labor gubernamental y, sobre todo, que sancionen en caso de violaciones a la ley.

Centro de Contraloría Social (CCS-CIESAS)

Ínfimo , el uso del derecho a la información por las comunidades rurales: IFAI

Lourdes Edith Rudiño

ILUSTRACIONES: Abel Quezada

Las comunidades rurales están todavía muy pero muy lejos de hacer uso del derecho a la información, y por tanto, de dar el paso posterior de utilizar esta herramienta en la persecución de otros derechos de desarrollo económico, acceso a servicios básicos como salud y educación y defensa de los derechos humanos elementales, afirmó Juan Pablo Guerrero Amparán, uno de los cinco comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI).

En sus poco más de cinco años de existencia, el IFAI ha recibido 332 mil solicitudes de información, lo cual es aceptable en comparación con estadística internacional. Pero la demanda está extremadamente concentrada: de los 100 mil usuarios registrados, sólo 6 mil son responsables de la mitad de las solicitudes y son muy pocos los que piden información del medio rural.

Jóvenes urbanos, los solicitantes. Además, el perfil medio de los solicitantes es hombre joven (de 25 a 35 años de edad), metropolitano (DF y estado de México) y con nivel de ingresos y educación superiores a la media nacional, esto es gente que ya antes tenía acceso a la información y que ahora la obtiene más fácil, vía internet. “Falta mucho para que el solicitante sea una mujer indígena, de una población claramente marginada. Éste es un gran reto”.

En entrevista, Guerrero Amparán destacó el Programa Comunidades que el IFAI desarrolló en 2006 y 2007 en nueve estados de la República para motivar a poblaciones marginadas a hacer uso del derecho a la información. “En estos lugares la gente en muy pocas ocasiones participa, interviene, manifiesta sus preferencias. Y quisimos conocer la mejor forma de allegarles este derecho para que estuvieran en una condición menos adversa en relación con las autoridades”.

El programa, financiado por la Fundación Hwellet, se operó con intermediación de 20 organizaciones sociales con trabajo acreditado en las comunidades, pues sólo éstas resultan agentes confiables para la población marginada, y sólo éstas podían traducir y adaptar (en términos de idioma pero también de idiosincrasia) el mensaje de por qué es útil la información.

El trabajo –que enfrentó muchas limitantes, porque no abundan las organizaciones sociales con arraigo en las comunidades; porque la gente está más interesada en información local, y el IFAI se centra en información del gobierno federal, si bien es cierto que ya la mayoría de estados están aprobando su marco legal de derecho a la información; y porque hay muchas trabas burocráticas para trasladar recursos económicos para que las organizaciones realicen sus trabajos de capacitación– generó “experiencias dignas de consideración en materia de permisos para aserraderos, cuencas de agua, distribución de recursos federales, entre otras”.

Mecanismo para exigir derechos. Un ejemplo es la petición de información que hizo el Centro de Estudios Municipales Heriberto Jara, sobre los montos recibidos vía el Ramo 33 en el rubro de desarrollo municipal en Veracruz. Los municipios se rehusaban a dar esa información pero, con la intervención del IFAI, se les obligó a entregarla a la Secretaría de Desarrollo Social. Así, el Centro pudo acudir a los municipios “y decirles ‘tú recibes tanto, por lo cual hay una asignatura de rendición de cuentas (...) y se tendrían que estar haciendo estas inversiones para el desarrollo rural que no se realizan'”.

Asimismo, “tuvimos experiencias en las que jóvenes que, haciendo servicio social en las organizaciones, acudieron a cafés internet con cúmulos de solicitudes de información generadas por las comunidades. Por más que estén alejados estos establecimientos, resultan mucho más cercanos a las comunidades que las oficinas de la Secretaría de Agricultura en el DF (...) Contrario a lo que puede pensarse, el derecho a la información, así pase por una herramienta tan moderna como el internet para su ejercicio realmente efectivo, puede ser usado por estas comunidades. La brecha tecnológica no es forzosamente una barrera para que los grupos más apartados del desarrollo usen el derecho”.

Una evaluación externa a este programa realizada por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM mostró que un porcentaje significativo de la población beneficiada dijo estar dispuesta a usar nuevamente este derecho cuando le fuera útil y necesario.

El programa sin embargo está ahora en stand by debido a que el pleno del IFAI con la oposición de Guerrero Amparán, decidió cancelarlo con el argumento de que el IFAI no debe intermediar recursos económicos de una fundación privada. El IFAI está ahora buscando formas de generar una nueva etapa del programa y se discute el usar centros de capacitación técnica, como los del Conalep, para dar las capacitaciones sobre el derecho a la información en el medio rural.

Interpretar los datos. El entrevistado destacó que las organizaciones sociales, incluidos aquí académicos, agrupaciones campesinas, partidos políticos, son un factor clave, “insustituible”, para el acceso a la información rural debido a los obstáculos que plantea la complejidad de la propia información. En muchos casos debe ser procesada, pues la forma que el gobierno genera la información está orientada para el autoconsumo o en el mejor de los casos para evaluadores. Y en otros casos se requiere mayor penetración.

“Se debe hacer la traducción de la información compleja a algo que genere la respuesta, la reacción, que realmente haga útil el derecho a la información para este tipo de comunidades.

“Recuerdo el caso de que el IFAI resolvió que la información de Progresa/Oportunidades/Vivir Mejor debía darse hasta al nivel de la comunidad, esto es los montos asignados por unidad territorial específica. El gobierno había dicho que no la daría así debido a que revelaría datos confidenciales de los beneficiarios. (El IFAI consideró que) sólo si sabemos dónde se encuentran éstos podremos saber si el subsidio de este programa se distribuye bien. Las organizaciones, los expertos podrán analizar si los recursos atienden necesidades de carácter socioeconómico estrictamente o no”.

Aunque hay información que puede ser asimilada de inmediato, como es el caso de una obtenida en el marco del Programa Comunidades, donde se observó que en una lista de beneficiarios de mamografías y de colposcopías (estudios de detección de cáncer femenino) había 10 mujeres que no habían recibido el servicio y también dos hombres. “Allí no se necesita ser especialista para decir: ‘trampa'”.

Información del IFAI detalla que durante la vigencia de este instituto se han recibido 13 mil 608 solicitudes de información relativas al sector agrario, en el cual entran las secretarías de Agricultura y Reforma Agraria, Agroasemex, Apoyos y Servicios al a Comercialización Agropecuaria (Aserca), Comisión para la Regularización de la Tierra (Coret), Financiera Rural, INIFAP, Procuraduría Agraria, Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura , Ganadería y Avicultura, Registro Agrario Nacional (RAN) y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).

De ellas, 56.3 por ciento han obtenido la información vía medio electrónico, y el resto ha recibido respuestas negativas por “no ser competencia de la unidad de enlace” (de la institución a la que se hace la petición), porque, “ya está disponible públicamente la información”, por inexistencia de la información, por ser ésta reservada o confidencial, o porque la petición no corresponde al marco de la ley.

Del total de los casos 622 interpusieron recursos de revisión (quejas porque la respuesta resulta insatisfactoria) y el IFAI ha resuelto 578 a través de modificación, revocación, confirmación o sobreseimiento.

El entrevistado comentó que en términos generales las solicitudes de información sobre subsidios del medio rural son atendidas, y el IFAI ha favorecido el acceso a esta información porque “hay un principio de la ley muy claro que establece que el uso y destino de los recursos públicos es público”.

Discrecionalidad y arbitrariedad en las reglas de operación Miguel Pulido El diablo está en los detalles, reza el adagio. Y en el caso de los programas gubernamentales esto se convierte en máxima. Como recordarán, 2007 cerró con una intensa controversia entre el secretario de Agricultura, integrantes del Congreso y representantes de organizaciones campesinas. La manzana de la discordia, o la mazorca para estar más a tono, fueron precisamente las reglas de operación de los programas gubernamentales que conforman el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable (PEC, un bolsón de demagogia presupuestaria disfrazado de anexo técnico, que no es momento de cuestionar). Por aquellos días, el secretario Alberto Cárdenas emitió carretonadas de controvertidas declaraciones: por ejemplo, prometió que las reglas de operación erradicarían la corrupción, discrecionalidad y manejo partidista de recursos y apoyos. “Con estas reglas estamos buscando la libertad del campesino, que no debe pertenecer a organizaciones ni partidos políticos, ¡que llegue Juan Pueblo a pedir y que el Estado mexicano le responda!” (Roberto Garduño, La Jornada , 21 de diciembre de 2007). No se entiende cómo una perspectiva individualista de las solicitudes puede traducirse en reducciones de la corrupción y de la discrecionalidad. Y conste que nos queda claro que comentar la nota de prensa no es hacer análisis, pero tampoco la declaración hace la política pública. Lo cierto es que hay una distancia considerable entre las supuestas intenciones y los medios para conseguirlas. La transparencia como instrumento para la reducción de la discrecionalidad, tan llevada y traída en los discursos políticos, es bastante más que una afirmación cantada al calor de una audiencia ante diputados. Sobre todo cuando no se entiende con meridiana claridad cuál es el beneficio de una (la transparencia) y qué es lo indeseable de la otra (la discrecionalidad). Así, como componente de las políticas públicas, la transparencia requiere un marco normativo adecuado, condiciones institucionales favorables, instrumentos operativos apropiados, voluntad política y un objetivo claro y determinado. Es decir, no se trata de transparentar lo que sea y como sea, sino aquello que es sustancial y por medios útiles. Por su parte, la discrecionalidad no es en sí misma una insuficiencia, sino cuando ocurre de forma injustificada, con amplios márgenes y bajo condiciones de opacidad. Después de todo, muchas decisiones gubernamentales suponen algún grado de discrecionalidad, el punto es el criterio en función del cual se ejerce. Veamos algunos de los detalles de las reglas de operación publicadas en el Diario Oficial de la Federación el lunes 31 de diciembre de 2007, a guisa de caso concreto. El artículo 10, que da creación a un comité técnico nacional con el supuesto objetivo de dar certidumbre y transparencia, no incluye un mecanismo de revisión de las decisiones de los agentes técnicos. ILUSTRACIONES: Abel Quezada Vacío en la impugnación. Para ilustrar las consecuencias de este vacío, ejemplifiquemos: la fracción II.2.2 del artículo 13 contempla el procedimiento de selección para el Programa para la Adquisición de Activos Productivos; nutrido de siete numerales y dos diagramas, se prevén criterios de valoración y la publicación de los resultados (positivos y negativos). Sin embargo, nada se dice de posibles mecanismos de impugnación o de medios de control de estos resultados por parte de quienes no fueron beneficiados. Esto es importante, pues si las decisiones que significan la preferencia de determinado solicitante sobre otros (y por tal razón la exclusión de alguien al acceso a un programa) no se sujetan a mecanismos sencillos de impugnación, distintos de los controles administrativos propios de las contralorías y fiscalización, lejos de reducirse la discrecionalidad, sólo “se transparenta”. Esta podría ser considerada una cuestión menor. No lo es si atendemos que ninguno de los siete programas a los que se aplican las reglas de operación que se comentan (sin contar Procampo) y a los que se asignaron 30 mil 467.4 millones de pesos en 2008 contiene un control adecuado. Sin mecanismos de este tipo, los campesinos de México que quieran participar de los recursos públicos, a los que por ley tienen derecho, pasarán a ser simples espectadores de las decisiones que los incluyen o excluyen. O lo que es lo mismo, podría llegar Juan Pueblo a pedirle al Estado mexicano y éste responderle una arbitrariedad, eso sí, de forma muy transparente. Coordinador del área de transparencia y rendición de cuentas de FUNDAR [email protected]

• Dispersión y obscuridad en el Programa Especial Concurrente

Jorge Romero * y Felipe Varela **

Desde su creación en 2002, el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable (PEC) ha representado la base de la estrategia intersecretarial de la administración pública federal para el apoyo al campo. El programa surge de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, producto de un amplio movimiento para impulsar reformas en el sector en 2001.

La Ley define al PEC como “un conjunto de programas sectoriales relacionados con las materias motivo de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable” (Artículo 3). Definido tan ampliamente, en el PEC cabe prácticamente cualquier actividad, y pierde sentido como instrumento para valorar la estrategia de apoyo al campo y sus resultados. Al caber todo en él, el PEC se difumina. Deja de ser útil para apuntalar y desarrollar estratégicamente el sector.

Falta claridad. El PEC se oficializó en 2002 y en 2004 por fin aparece un anexo del presupuesto en el que se incorporan detalles. Un análisis de las condiciones de integración y ejercicio del instrumento arroja resultados que no son sorprendentes, pero sí graves: hay un amplio margen de discrecionalidad en el ejercicio; hay variaciones importantes durante el año; no se evalúan los resultados e impacto de los componentes, ni en términos globales ni por vertiente de actividad, y una buena parte de las actividades contempladas no se justifica cabalmente como apoyo al sector.

La heterogeneidad en la composición del PEC es de tal magnitud que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), sin dejar de reconocer el “esfuerzo” del gobierno mexicano para diseñar una política federal integral para el desarrollo rural de México, también ha reconocido en el PEC una suerte de inventario de programas más que una herramienta para desarrollar o aprovechar sinergias entre ellos, y el resultado es una distorsión de la realidad de la política sectorial (Imagen Agropecuaria, “El PEC para el agro mexicano, inventario de programas: OCDE”, 18 de julio de 2007).

El principal problema de esta dispersión –además de que no está ampliamente justificada en los documentos presupuestarios, lo cual implica opacidad– es que genera ineficacia. No se han concretado los resultados esperados, y el instrumento no permite una conducción estratégica de las acciones del sector. Por si esto fuera poco, la información presupuestaria oficial no es oportuna y no incorpora detalles fundamentales para valorar las variaciones en programas y sus resultados.

Ajustes sólo de forma. Para enfrentar esta excesiva dispersión, en 2008 el gobierno federal trató de acotar el margen de acción de los programas y actividades contempladas. Como resultado, el PEC 2008 establece nueve vertientes, mientras que en 2007 no se consideraba la vertiente del ejercicio presupuestario; considera 47 programas, contra más de cien en 2007, y 97 componentes o actividades, contra más de 300 en 2007.

Este esfuerzo de reclasificación, sin embargo, es meramente simbólico. Ni se han enfocado los esfuerzos del sector ni se ha generado información detallada que explique el impacto de algunas actividades. Un ejemplo está en los programas de la Secretaría de Relaciones Exteriores que son parte del PEC, y que incluyen apoyo para la repatriación de cadáveres, apoyo a migrantes en situación de maltrato y defensa de condenados a muerte, entre otras. El monto asignado a este conjunto de programas fue 70 millones de 2008 (50 por ciento menos que en 2004). Sin ser montos relativamente altos, no deja de ser significativo que los recursos no se destinen directamente a apoyos al campo ni encajen en las vertientes señaladas por el Ejecutivo.

Confusión. Otro ejemplo es el relacionado con el programa social Oportunidades que en 2008 aporta un monto total de 31 mil millones de pesos al PEC. Los apoyos de Oportunidades no son en estricto sentido parte de la estrategia sectorial, y al incorporarlos en el instrumento no se cuenta con una perspectiva clara del diseño, justificación e impacto de las políticas. En consecuencia, el PEC se mantiene como un gran catálogo en el que todo cabe, pero en el que no se da cuenta puntual de por qué, para qué, y cuáles son los resultados, es decir, cómo se afecta, para bien o para mal, el desarrollo rural.

Estos recursos importan, por supuesto, y se debe dar cuenta de ellos. Pero como parte de la política sectorial correspondiente, no como parte de la estrategia de desarrollo rural. La consecuencia de su incorporación es que se pierde dirección sobre los esfuerzos de desarrollo rural, y se difumina su impacto.

A estos ejemplos de la dispersión del PEC y su carácter nominativo más que estratégico, se suman otros problemas más directamente relacionados con la opacidad que habilita esta dispersión. Al depender de una comisión intersecretarial ad hoc , se difumina la responsabilidad por el ejercicio del gasto, y se hace más difícil el monitoreo puntual de los recursos, ya que los instrumentos de información del gobierno no incorporan la información necesaria. El resultado es una política de desarrollo sin ton ni son.

* Director ejecutivo de FUNDAR [email protected]

** Asistente de investigación en el área de transparencia y rendición de cuentas FUNDAR [email protected]