Editorial
La desregulación bancaria y sus efectos
El notable repunte en la cartera vencida de crédito en México durante el primer semestre del año –que asciende, según el último dato oficial disponible, a 51 mil 363 millones de pesos, de los cuales alrededor de 60 por ciento corresponde a préstamos al consumo– ha venido acompañado de una agresiva campaña de las instituciones bancarias para hacer que los usuarios de servicios financieros salden sus deudas. Los clientes morosos denuncian, cada vez de manera más frecuente, ser víctimas de prácticas de presión por parte de los despachos de cobranza, algunas de las cuales rayan en el acoso y la intimidación. Por añadidura, en el último año la banca comercial del país ha “reactivado” la presentación de demandas judiciales como parte de su estrategia para recuperar débitos vencidos en tarjetas de crédito, medida que, de acuerdo con la Asociación de Bancos de México, está orientada sobre todo hacia quienes “no hacen nada para solucionar su problema”.
La problemática, sin embargo, no se explica exclusivamente por una “falta de responsabilidad” de los deudores, ni porque en el país prevalezca una “cultura del no pago”, como han señalado las instituciones bancarias; tal visión pasa por alto un hecho central: que los propios bancos se han encargado de incentivar en la población el mal manejo de los servicios financieros, particularmente del crédito al consumo.
La llamada “bancarización” del país ha consistido en la colocación desmedida e irresponsable de tarjetas de crédito –se estima que en México hay más de 25 millones de plásticos, prácticamente uno por cada cuatro habitantes–, con pagos mínimos mensuales bajos, sí, pero con tasas de interás leoninas que insertan a los consumidores en una dinámica que, a decir de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, “puede ser muy perversa”. Significativamente, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros ha informado que seis de cada 10 tarjetahabientes en el país acostumbran liquidar sólo el mínimo requerido por sus estados de cuenta, lo que implica que, a la larga, sus deudas se vuelvan impagables y que ese instrumento se convierta en una “auténtica tienda de raya”.
Dicha situación, a su vez, se explica principalmente por la renuencia de las autoridades responsables a asumir tareas efectivas para controlar las exorbitantes tasas de interés y para fijar topes a las comisiones excesivamente altas que se cobran por concepto de servicios financieros. En diversas ocasiones, el Banco de México ha señalado que tales costos deben disminuir por efecto de una “autorregulación” de las empresas financieras, como resultado de la libre competencia. De tal modo, se ha dejado a los consumidores a merced de consorcios extranjeros ansiosos de obtener mayores beneficios económicos por medio del aumento de su base de clientes, y que han encontrado en México un mercado de rapiña mucho más favorable y ventajoso que en sus propias naciones de origen.
Por lo demás, las condiciones privilegiadas en que operan las instituciones bancarias en el país no se ha reflejado hasta ahora en un impulso a los sectores productivos, ni se ha traducido en beneficios para el desarrollo nacional mediante el otorgamiento del crédito necesario para la vivienda, la industria, el campo o la infraestructura. A lo que puede verse, la falta de regulación bancaria y la fe ciega de las autoridades en la “mano invisible del mercado” sólo han beneficiado a las grandes empresas trasnacionales que cuentan con filiales en México, en tanto que la población es privada de servicios bancarios confiables, eficientes y accesibles.