Formación de policías judiciales
Altos funcionarios federales descubren el hilo negro, reconocen que la policía esta “infiltrada por delincuentes” y empiezan a pensar, con años de retraso, en cómo depurar las corporaciones descuidadas y cómo mejorarlas; se asombran ante el mal, pero no proponen remedios efectivos. Podrían volver los ojos hacia lo que desde hace ya más de nueve años se está haciendo con bastante éxito y algunas interrupciones en la policía judicial del Distrito Federal.
Siendo jefe de Gobierno el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, el procurador de Justicia, doctor Samuel del Villar, estableció como requisito indispensable para ingresar como nuevo elemento al cuerpo de la Policía Judicial capitalina –además de pasar las pruebas de selección–, aprobar un curso, entonces de seis meses, ampliado después a un curso anual con materias muy diversas, encaminadas no sólo a capacitar sino a formar a los jóvenes aspirantes a ser profesionales en la investigación y persecución de los delitos.
Samuel del Villar encomendó la dirección del Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) a un ciudadano ejemplar que siendo de izquierda fue ombudsman en el gobierno panista de Baja California encabezado por Ernesto Rufo Appel, me refiero al contador José Luis Pérez Canchola, quien asumió su compromiso con claro sentido de responsabilidad y convencido de que la formación es indispensable en todos los ámbitos del servicio público, pero principalmente en los relacionados con quienes usarán la fuerza legal del Estado. Sabía y decía a sus amigos y colaboradores que la policía estaba contaminada por malos elementos, pero que había también muchos muy buenos elementos con amor a su trabajo y vocación de servicio.
Cuando fui procurador pude en infinidad de ocasiones comprobar de cerca lo afirmado por el director del Instituto; la mayoría de los policías judiciales, muchos de ellos formados en las calles y en la dura escuela del trabajo, son buenos y esforzados servidores públicos que tienen que enfrentar a los delincuentes y simultáneamente a la imagen estereotipada que se tiene de ellos, derivada de las acciones de sus malos compañeros que se salen de la línea del deber.
El curso de seis meses, con una beca, para que los jóvenes, mujeres y hombres, aspirantes a pejotas pudieran dedicarse de tiempo completo al estudio, se logró ampliar al correr del tiempo y sacrificando recursos de otros renglones, a un año completo de preparación, el curso más largo en todo el país para una escuela de investigadores policiacos; Pérez Canchola consiguió también que la Secretaría de Educación Pública reconociera la validez de los estudios impartidos en el Instituto y a los egresados se les otorgó título y cédula profesional de técnico universitario en investigación policiaca.
Las materias de esta carrera técnica son variadas; algunas relacionadas con el derecho penal, la criminología y la criminalista; otras para prepararlos físicamente en el manejo de las armas, vehículos y artes marciales; no se descuidó, sin embargo, la formación mediante dos materias centrales que nunca descuidamos: ética policiaca y derechos humanos. El texto de Ética policiaca, del maestro Efrén Ramírez, fue publicada por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe).
El alumno que no tenía un alto porcentaje de asistencias y no aprobaba las materias del programa, simplemente no ingresaba a la policía judicial. Durante nueve años, ni un solo agente de esta corporación del Distrito Federal ingresó por compadrazgo o recomendación (y vaya si las había, de todos tamaños y colores); todos ingresaron por el camino del esfuerzo, el estudio y la capacitación.
Pérez Canchola era además cuidadoso en la selección de los aspirantes, siempre muchos más que el número de plazas; sabíamos que el polígrafo es invasor de la intimidad y no confiable, preferimos la entrevista personal, el estudio de antecedentes, el grado académico alcanzado y, en casos de duda, la visita de trabajadores sociales a la casa del aspirante y la conversación reveladora de amigos y familiares; de este trabajo salían datos para admitir o rechazar candidatos. Los admitidos tenían después que cursar un año lectivo, mañana y tarde, y finalmente aprobar sus exámenes.
Para combatir el crimen, se ha dicho, es necesario atacar las causas sociales: pobreza, injusticia social, marginación, bajos niveles educativos, y simultáneamente combatir los efectos; para ello no se necesitan publicidad ni declaraciones de Perogrullo ni grandes actos espectaculares para la foto: se requiere actuar, como por años ya se está haciendo en el Distrito Federal.
OTRO Sí DIGO. Mi solidaridad con el maestro José Núñez Castañeda, quien tuvo la dignidad de separarse del Instituto Electoral del Estado de México, como gesto de repudio a la contrarreforma de los mediocres políticos de su estado.
OTRO. Mi voto (si lo tuviera) para que Miguel Ángel Granados Chapa reciba la medalla Belisario Domínguez, reconocimiento al valor civil y a la libertad.