Última instancia
Ahora tocó a Lehman Brothers, el reputado banco de inversión de Wall Street, enfrentar la bancarrota. Ésta es una empresa creada hace 158 años y el hecho de que no pueda sobrevivir a esta crisis indica la magnitud y las repercusiones de este episodio de fuerte especulación financiera.
La quiebra de Lehman Brothers muestra, una vez más, la forma en que ha cambiado el funcionamiento de los mercados financieros en el contexto de la apertura de los flujos de capital, conocido como globalización. Expone, igualmente, la relación con las prácticas de regulación que aplican las autoridades y sus grandes limitaciones para incidir en las operaciones bancarias asociadas con la generación de deudas por la vía de las innovaciones y, como ahora sucede, la consiguiente degradación de la calidad de los préstamos.
Y no menos relevante es el hecho de que, finalmente, buena parte del juego de las finanzas y del mercado de dinero y de capitales está soportado por el Estado y su función de prestamista de última instancia, como la que están ejerciendo hoy la Reserva Federal y el Departamento del Tesoro en Estados Unidos. Esta realidad exhibe las fronteras de la gestión liberal de la economía de mercado y la manera en que se socializan las pérdidas, luego de haber garantizado fielmente las ganancias privadas. Así son las reglas de este sistema y se aplican con rigor, no es cosa de sorprenderse ahora.
Hace seis meses la Reserva Federal había intervenido para financiar el rescate de Bear Stearns, uno de los más grandes bancos de inversión de ese país. Respaldó la operación con un monto hasta de 30 mil millones de dólares para que JP Morgan Chase adquiriera esa firma a un precio de remate, luego de la caída en picada del valor de las acciones de Bear. Ésta fue la primera ocasión desde la depresión de la década de 1930 en que el banco central intervenía de esa manera para salvar a un banco de inversión.
A mediados de julio quebró también IndyMac Bancorp, dedicado a las hipotecas, en lo que fue el segundo mayor caso de un banco de esas dimensiones en la historia. Las operaciones fueron intervenidas por la agencia gubernamental de seguro de depósitos (FDIC, que corresponde al IPAB mexicano) y se convirtió, por ello, en IndyMac Federal Bank. Esto ocurrió después de que las acciones del banco habían cerrado a 28 centavos cada una, lo que significaba una caída de 99 por ciento del precio de 36 dólares que tenían un año antes.
Hace apenas unos días el gobierno estadunidense tuvo que hacerse cargo de las dos más grandes empresas del mercado hipotecario, Fannie Mae y Freddie Mac que, de facto, fueron nacionalizadas luego de que sus recursos se volvieron insuficientes para garantizar prácticamente tres cuartas partes de todas las hipotecas del país. Aún se debate en el Congreso el estatuto que se conferirá a esas dos firmas que, siendo privadas, tenían un fuerte respaldo del gobierno federal, lo que constituía una verdadera anomalía. Las opciones que se consideran van desde convertirlas en agencias gubernamentales hasta disolverlas.
La situación de Lehman Brothers, el precio de cuyas acciones ha caído casi 90 por ciento respecto al de hace un año, indica que la crisis hipotecaria que estalló a mediados de 2007 está incrustada en la enorme red de transacciones financieras que se realiza entre los bancos, que está insuficientemente supervisada, y que aún no ha llegado al fondo. Poco a poco se advierte que hay un proceso de fundido (meltdown, dicen en inglés refiriéndose a lo que puede pasar en un reactor nuclear) de la estructura de dichas transacciones y que, según algunos informes, podría extenderse a la gran empresa de corretaje Merrill Lynch y a la aseguradora American International Group (AIG). Este escenario debe poner de puntas el pelo de muchos inversionistas y funcionarios del gobierno.
Sin embargo, en el caso de Lehman, el secretario del Tesoro, Henry Paulson, no parece estar tan inclinado a una intervención gubernamental como ocurrió con Bear Stearns, con IndyMac o las dos hipotecarias gigantes. Pero, ¿cómo se establece el límite de la intervención una vez que ya se ha hecho?
Los posibles compradores de Lehman –y también los accionistas– esperan contar con el mismo beneficio que tuvo hace unos meses JP Morgan. El costo para el gobierno se va incrementado mes a mes y hay quienes calculan que el total requerido podría llegar hasta 500 mil millones de dólares de recursos públicos para enfrentar la crisis. Esto debe sumarse a los costos de la guerra en Irak y Afganistán, entre otros, lo que presiona la deuda pública.
El asunto que está a debate es precisamente el del costo de la intervención y su efecto en las condiciones económicas de la población, frente a las repercusiones de quiebras de las instituciones financieras que inciden en la inversión, el empleo y las tasas de interés.
Al final está un tema que yace en la base de la relación entre el sector privado y el Estado, y es el que se conoce como “riesgo moral”. Los bancos y otras grandes empresas confían en que el gobierno intervendrá para evitar la quiebra o para contener sus efectos, lo que lleva a extender los riesgos en que incurren.
Éste es el problema del prestamista de última instancia que ahora está bajo una fuerte demanda asociada con la crisis hipotecaria, demanda que no es sólo financiera, sino también política. El reacomodo del sector financiero provocado por la crisis hipotecaria es una experiencia de dimensiones históricas.