■ Baja en ventas, decomisos ilegales y extorsiones de policías, entre los problemas que enfrentan

Tultepec: artesanos de la pirotecnia buscan preservar una tradición de casi 200 años

■ Autoridades intensificaron medidas de seguridad, a raíz de los estallidos de 2005 y 2006

Silvia Chávez González (Corresponsal)

Tultepec, Méx., 14 de septiembre. Artesanos de la pirotecnia, que operan unos 275 talleres en el paraje La Saucera, guardan con celo una tradición de casi 200 años. Diversas familias, entre experimentos de químicos y colores, buscan sorprender con explosiones de pólvora multicolor.

Reynaldo Hernández es uno de los artesanos de la pirotecnia dispersos en 35 hectáreas, que laboran en cuartos de tabique y pisos de tierra. Se inició en su oficio cuando tenía 16 años y hoy recibe un salario diario de unos 140 pesos, con los que sostiene a su esposa y dos hijos.

Desde 1989, luego del estallido de cohetes en el mercado de La Merced, en 1989, en el Distrito Federal, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) obliga a artesanos de Tultepec a concentrarse en un predio donde se extreman medidas de seguridad para la elaboración, almacenamiento de productos terminados y bodegas para guardar sustancias químicas.

Julio Reyes Sánchez, de 77 años, recordó que cuando niño, sus padres le enseñaron esta actividad. Aseguró que las “fórmulas” de cada artificio son inventos de los artesanos, y cada quien tiene sus propios métodos para elaborarlos.

Los artesanos de Tultepec no son improvisados, incluso viajan al extranjero a capacitarse y exhibir sus productos. Julio Reyes comentó que durante el sexenio de Miguel de la Madrid (1982-1988), participó en una quema de castillos en el Zócalo de la ciudad de México, y ganó el primer lugar. También trajo premios de El Salvador.

A su vez, Sara Cortés Urbán señaló que se atribuyó a un cerillo –palito de colores con material flamable en sus extremos, que al frotarlo contra una superficie áspera saca chispas– la explosión ocurrida en el Mercado de Tultepec, en 2006.

“Los cerillos fueron sometidos a juicio. Durante un año se dejaron de producir; a finales del 2007 hubo una sentencia y la Sedena aprobó que lo manufacturemos de nuevo”, afirmó.

El taller de Rubén Aduna Cortés elaboró este mes al menos 10 castillos que serán encendidos este 15 de septiembre. Indicó que un piromusical –fuego pirotécnico con estallido controlado, al ritmo de alguna melodía–, tiene un precio comercial de 10 mil pesos el minuto, y normalmente se contratan 14 minutos por exhibición.

Los talleres tienen categorías, y la máxima es la de “maestro”, que acredita que la persona en turno sabe elaborar artificios de alto impacto, como castillos, bombas, toritos y piromusicales, explicó Guillermo Ambrosio Urbán, director de Fomento Artesanal y Promoción de la Pirotecnia.

Aquí los trabajadores no tienen prestaciones de ley, pero como son negocios familiares, entre ellos se apoyan en sus necesidades. “La venta de artificios de gran impacto es lo que más deja”, dijeron.

Un castillo cuesta entre 20 mil y 250 mil pesos, según su tamaño y representaciones, que suelen ser imágenes religiosas o héroes patrios. Un torito para perseguir a los trasnochados en una fiesta cuesta 800 pesos.

Artesanos locales crearon toritos que al estallar dejan caer bolsas de dulces. Éstos no atemorizan, por el contrario, los niños corren tras el regalo que cae del artificio.

Cae la venta en San Pablito

El Mercado de San Pablito sobrevivió a dos explosiones que redujeron a escombros 300 locales de juegos pirotécnicos, y ahora enfrenta una baja de 50 por ciento en sus ventas, debido a la competencia desleal de más de 150 locales clandestinos ubicados en la cabecera municipal, así como a decomisos y extorsiones que los consumidores sufren a manos de la policía regional.

Eloísa Suárez Valdez, presidenta del Mercado de Artesanías Pirotécnicas de San Pablito, aseguró que entre los comerciantes existe preocupación, pues la víspera de los festejos del 15 de septiembre, las ventas no repuntan y es probable que no se recupere ni lo invertido en mercancía.

Para los locatarios de San Pablito, las al menos 150 bodegas ilegales que venden cohetes en la cabecera municipal hicieron bajar sus ventas. Esos lugares operan las 24 horas del día, no cumplen normas federales y venden mercancía sin limite de cantidades.

En calles cercanas al palacio municipal se ubican negocios que simulan ser tiendas. En sus patios, escaleras y habitaciones se exhibe juguetería pirotécnica. “Tenemos de todo, ¿qué busca?”, preguntan los vendedores clandestinos.

En la calle 5 de Mayo del Barrio de San Agustín, así como en los de Santa Isabel y San Rafael –donde hace más de 10 años explotó un taller que afectó más de 100 casas, y provocó la muerte de 10 vecinos–, también se venden artificios en traspatios de casas.

El mercado de San Pablito fue centro de atención en 2005 y 2006, cuando a unos días de los festejos del 15 de septiembre, ocurrieron dos explosiones en cada año, que redujeron a escombros los locales de lámina y madera.

A partir de 2007, autoridades estatales y municipales invirtieron más de 9 millones de pesos en la construcción de 300 locales, con medidas para impedir nuevas conflagraciones. Cada locatario debe tener un máximo de 25 kilogramos de juguetería, y no vender más de dos kilos de artificios por consumidor, como lo exige el artículo 60 de la Ley de Fuegos y Explosivos.

Virgina Solano Urbán, responsable del mercado, denuncia actos de extorsión y decomisos ilegales que consumidores sufren en la carretera Tultepec-Cocalco por elementos de la Agencia de Seguridad Estatal y agentes ministeriales.

Cada día ocurren al menos tres incautaciones ilegales, manifestó el director municipal de Fomento Artesanal y Promoción de la Pirotecnia, Guillermo Ambrosio Urbán, quien consideró que las acciones policiales son arbitrarias, debido a que la Sedena autoriza la compra y traslado de dos kilos de juguetería por consumidor.

Respecto de la venta clandestina, confirmó que sobre la avenida 5 de Mayo del barrio de San Agustín, al menos 30 casas se utilizan como punto de venta ilegal, “pero la Sedena no quiere regular la situación, porque ello desataría un conflicto social y además los vendedores irregulares dicen ser del PRI y estar protegidos por el gobierno estatal”.