■ Se publica hoy decreto sobre el pago de recompensas a quien colabore en pesquisas
Envía Los Pinos al Congreso iniciativa para quitar bienes a narcos y plagiarios
■ Estas medidas, para “cerrar espacios a la impunidad” de los criminales, sostiene Calderón
El presidente Felipe Calderón envió ayer al Congreso de la Unión un paquete de iniciativas de reformas que incluye una sobre ley de extinción de dominio, con el propósito de que los bienes de secuestradores, narcotraficantes y terroristas pasen a poder del gobierno. Además, anunció que hoy se publicará un decreto para regular el pago de recompensas a quienes colaboren en la investigación de delitos.
En estos “tiempos complejos” a causa de la inseguridad, el político michoacano aseguró que su gobierno promoverá esas medidas para “cerrar espacios a la impunidad” de los criminales, y “avanzar” en la aplicación de las reformas constitucionales al sistema de justicia penal que recientemente entraron en vigor.
Entre los siete puntos anunciados por Calderón en la residencia oficial de Los Pinos, destaca que la Procuraduría General de la República publicará hoy en el Diario Oficial de la Federación los lineamientos sobre el ofrecimiento y pago de recompensas por la información que los ciudadanos proporcionen para la investigación y el combate de delitos.
El jefe del Ejecutivo federal indicó que el propósito es crear un mecanismo transparente de incentivos para que los ciudadanos denuncien a los delincuentes, proporcionen información cierta y verificable acerca de su comportamiento y que, al mismo tiempo, se garantice en todo momento la más estricta confidencialidad y seguridad sobre su situación personal.
Esto se complementará con un cambio propuesto al Congreso de la Unión que obliga al Ministerio Público (MP) a realizar la investigación sobre las denuncias ciudadanas, con la finalidad de fomentar esta cultura y avanzar contra la impunidad.
En cuanto a la iniciativa de ley de extinción de dominio, indicó que permitirá que los bienes relacionados o vinculados con los actos de delincuencia organizada, narcotráfico, secuestro, lavado de dinero, robo de vehículos, trata de personas, terrorismo o cualquier otro delito federal sean transferidos al gobierno.
Con esos recursos se constituirá un fideicomiso, cuyos fondos serán destinados tanto a la reparación del daño de las víctimas como a brindar servicios de apoyo y asistencia a las mismas y ofendidos por el delito.
Tras reconocer que en años recientes la capacidad financiera de los delincuentes se ha multiplicado y con ello su poder corruptor y de cooptación, indicó que el propósito de esta ley es golpear de “manera contundente” a la delincuencia organizada, narcotraficantes, ladrones y secuestradores.
Además, explicó, tiene la finalidad de combatir la práctica común de la delincuencia organizada de utilizar prestanombres para encubrir el origen ilícito de esos recursos.
En el paquete de modificaciones a diversos ordenamientos jurídicos en materia penal, propuso fortalecer las facultades de la policía para recibir denuncias ciudadanas cuando éstas no puedan ser formuladas directamente ante el MP, y que pueda participar en la investigación de delitos y el aseguramiento preventivo de bienes.
Para facilitar la detención de delincuentes, plantea ampliar la figura de flagrancia y precisarla en la ley, de manera que las aprehensiones se puedan dar en el momento en que se está cometiendo un delito o en el inmediato posterior.
La propuesta del gobierno federal plantea la obligación de la autoridad judicial para decretar, a petición del MP, el arraigo domiciliario de los presuntos responsables de un ilícito en el caso de delincuencia organizada, que además podrán ser recluidos en centros de máxima seguridad.
Para proteger los derechos humanos de los acusados, Calderón señaló que su propuesta busca obligar a la autoridad, al MP y a la policía a registrar de inmediato las detenciones y a informar a quien lo solicite si una persona está en esa situación.
Como forma de evitar “represalias de la delincuencia”, las reformas proponen ampliar la participación de las víctimas en la averiguación y en el proceso penal, con la debida protección para ellas y los testigos.
La tarde de ayer la Cámara de Senadores recibió las iniciativas del Ejecutivo, las cuales se presentarán al pleno el próximo martes.
El paquete incluye reformas a 12 leyes, entre otras, de extinción de dominio, Orgánica del Poder Judicial, contra la Delincuencia Organizada, y el Código Federal de Procedimientos Penales.