■ Las acciones de fuerza corresponden a las autoridades federales, afirma el gobernador
Carece la justicia de facultades para enfrentar al crimen organizado: Godoy
■ Diputados locales, por reformar las leyes
Ampliar la imagen El Ministerio Público de Michoacán proporcionó el retrato hablado del principal sospechoso de haber detonado una de las granadas en Morelia, durante los festejos por el Grito de Independencia, el pasado 15 de septiembre Foto: Ap
Ampliar la imagen Leonel Godoy Rangel, gobernador del estado de Michoacán, durante la entrevista con La Jornada Foto: Iván Sánchez/ La Jornada Michoacán
Morelia, Mich., 18 de septiembre. Ante empresarios de la entidad, el gobernador Leonel Godoy criticó al sistema de justicia mexicano al considerar que “es obsoleto y carece de facultades para hacer frente al crimen organizado”, porque “no está a tono con las mutaciones que ha tenido la delincuencia”.
En tanto, el Congreso estatal se pronunció por transformar la legislación penal para socavar los recursos patrimoniales de la delincuencia organizada, después de señalar que se vive una “situación excepcional creada por el enemigo, a la que debe responderse con medidas y determinaciones excepcionales”.
Al reiterar su condena a la agresión que sufrió la población civil el pasado 15 de septiembre, Godoy Rangel refirió que el actual sistema de justicia basa las penas en personas físicas y no en personas morales u organizaciones, como es el caso de los cárteles del narcotráfico.
Anunció que ya están listas las propuestas del gobierno local sobre reformas al sistema de justicia que serán presentadas ante el Congreso y la Judicatura estatales.
Por otra parte, en la sesión ordinaria del Congreso celebrada este jueves, el diputado Eligio Cuitláhuac González Farías, presidente de la mesa directiva, leyó un pronunciamiento conjunto de las bancadas de PRI, PAN y PRD en el cual se afirma que se retoman “los principios básicos de fundación del Estado” y aluden a lo escrito por “Juan Jacobo Rousseau, quien establecía que cualquier malhechor que ataque al derecho social deja de ser miembro del Estado, porque se declara en guerra con éste, y consecuentemente al culpable se le sanciona más como enemigo que como ciudadano”.
En ese contexto, el pronunciamiento refiere que los legisladores de la entidad pueden “hacer una reforma justa y eficaz con los michoacanos” y “reformular el nuevo pacto social”, toda vez que “lo sucedido no puede ser parte del paisaje cotidiano”, en referencia al atentado de la noche del 15 de septiembre.
González Farías señaló que “si el objetivo era infundir temor entre la población, se equivocaron”, y pidió a sus pares que no se amedrenten y actúen “con responsabilidad” para transformar la norma penal, ya que se tiene una “legislatura para hacer leyes justas y no solamente un foro de delegados”.
El legislador manifestó que las autoridades deben reconocer que han existido “omisiones e ineficiencias, para, de aquí en adelante, dar respuestas y soluciones de Estado”.
■ Considera innecesario suspender las garantías en Michoacán
■ Nosotros debemos combatir los delitos del orden común, sostiene
Gustavo Castillo, Ernesto Martínez y Martín Diego Enviado, corresponsal y La Jornada Michoacán
Morelia, Mich., 18 de septiembre. Las “acciones de fuerza, contundentes, le corresponden a las autoridades federales”; al gobierno de Michoacán le toca “hacer bien la tarea de combatir a la delincuencia del fuero común (…) no tenemos información del crimen organizado y no queremos tenerla, porque no es competencia nuestra y no queremos generar desconfianza”, afirmó el gobernador de Michoacá, Leonel Godoy Rangel, en entrevista con La Jornada.
Al preguntarle si aceptaría que el gobierno federal decretara la suspensión de garantías en la entidad, Godoy Rangel señaló que “en Michoacán no es necesario”. Agregó: “el Presidente no nos lo ha dicho, ni siquiera insinuado; lo único que hemos comentado es qué estamos haciendo nosotros y qué están haciendo ellos”.
Confía en que haya sido un hecho aislado
En este contexto, confió en que lo ocurrido el pasado 15 de septiembre –cuando presuntos integrantes de la delincuencia organizado hicieron estallar dos granadas de fragmentación durante la ceremonia del Grito de Independencia, provocando la muerte de siete personas muertas y lesiones a 132– “sea un hecho aislado, que no se volverá a repetir, porque el gobierno estatal está tomando las medidas necesarias, al igual que el gobierno federal, las que le corresponden”, para evitarlo.
Indicó que la ciudadanía michoacana “percibe que no tuvimos capacidad para evitarlo, y eso es cierto”, pero “también debe tomarse en cuenta la reacción del Estado ante los hechos delictivos”.
Entrevistado en la Casa de Gobierno, el mandatario estatal aseguró que no existe “temor de su gobierno porque (los grupos del crimen organizado) ni nos llaman, ni nos acosan, ni nos amenazan, ni nada ha ocurrido, hasta ahora”.
Reveló que al presidente Felipe Calderón le ha dicho: “ustedes decidan las modalidades del combate a la delincuencia organizada en Michoacán y nosotros los vamos a apoyar como lo establece la Constitución, porque nosotros tenemos otras tareas y las queremos cumplir bien”.
Mencionó que “no deben confundirse las cosas; los estados y municipios tienen un papel preponderante en esta lucha, que es generar posibilidades de educación, salud y trabajo”.
Indicó que esa es la mejor manera de ayudar en el combate a la delincuencia, porque “la carrera delictiva de una persona empieza con delitos del orden común, por eso es muy importante detenerla en esta fase”. Advirtió que “muchos jóvenes se involucran en esas actividades “por la falta de oportunidades de educación y trabajo”.
Consideró que lo sucedido el pasado 15 de septiembre “es un atentado contra la seguridad nacional, un acto inédito, que sin duda atenta contra el Estado nacional, pero principalmente que agravia a los michoacanos; por eso se resolvió realizar la investigación de los homicidios” en el fuero común, es decir, a cargo de las autoridades estatales.
Mencionó que lo ocurrido “fundamentalmente afectó al pueblo de Michoacán, que ya no va a tener el mismo ánimo para acudir a los festejos patrios o populares, que son los únicos espacios que tiene la gente pobre para divertirse”. Sin embargo, reiteró que se están tomando las medidas necesarias para prevenir otro acto similar.
Indicó que las propuestas de reformar la legislación penal en la entidad y mejorar las corporaciones policiacas no están encaminadas a preparar “todo un sistema de seguridad y de justicia para combatir el delito federal”, por que “sería indebido. Nosotros debemos combatir, por que son las atribuciones que nos da la Constitución, los delitos del orden común, y coadyuvar eficazmente con la autoridad federal; pero ellos son los que marcan el ritmo, la intensidad, el número, las zonas en la lucha contra los que cometen delitos federales, entre ellos el crimen organizado”.