■ Firma la estatal YPFB el mayor proyecto energético desde la nacionalización de 2006
Gazprom y Total invertirán 4 mil 500 mdd en Bolivia para exploración gasífera
■ Grupos indígenas, en alerta mientras se desarrolla el diálogo con gobernadores de oposición
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El presidente Evo Morales (segundo en el extremo derecho) durante el diálogo para pacificar Bolivia con cuatro gobernadores de oposición y tres oficialistas, ayer en Cochabamba
Foto: Reuters
La Paz, 18 de septiembre. La estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la empresa rusa Gazprom y la francesa Total firmaron un convenio para la exploración gasífera en el sureste de Bolivia que involucra una inversión de 4 mil 500 millones de dólares, con la intención de producir 26 millones de metros cúbicos de gas natural, informó el presidente de YPFB, Santos Ramírez. Este es el mayor proyecto energético en el país sudamericano desde la nacionalización de esa industria en 2006.
El presidente Evo Morales dijo que existe un acta de entendimiento para promover las inversiones, no sólo en el campo carburífero, pues se está en una etapa de abrir una línea de crédito para Bolivia y agilizar temas de comercio y defensa. Este compromiso va mucho más allá de una simple exploración y explotación, agregó, señalando que se llegará a la industrialización.
Manifestó que es obligación del gobierno nacional buscar socios para garantizar la producción y abastecer la demanda de gas, el pueblo boliviano necesita mayor inversión, dijo, aclarando que las empresas tienen derecho no sólo a recuperar su inversión sino a obtener utilidades.
El viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres, informó que Rusia cooperará con Bolivia en el tema de la lucha contra el narcotráfico, luego de la descertificación del país que le aplicó Estados Unidos por presuntamente no haber cumplido sus compromisos en la materia.
Cáceres, quien se reunió la víspera con la parte rusa y miembros del Consejo Nacional contra el Tráfico Ilícito de Drogas, anunció que realizará una visita a Rusia para acordar un convenio bilateral. Agregó que los rusos prestarán a La Paz helicópteros para el trabajo de interdicción en los Yungas de la Paz, ya que los que se tiene actualmente –de fabricación estadunidense– no tienen capacidad para volar en áreas montañosas.
De otro lado, al comenzar el diálogo para la pacificación del país, Morales hizo un llamado para mantenerlo en forma ininterrumpida hasta lograr resultados. En el mismo participan los prefectos opositores de la Media Luna: Santa Cruz, Tarija, Beni y Chuquisaca y los oficialistas de Cochabamba, Oruro y Potosí.
No hay representación de Pando porque el prefecto departamental, Leopoldo Fernández, continúa detenido en las instalaciones de la Academia Nacional de Policía (Anapol) en La Paz, acusado de violar el estado de sitio dictado el viernes pasado y de tener responsabilidad en la muerte de por lo menos 25 personas en el poblado de El Porvenir.
Este jueves Fernández fue enviado a prisión por el juez William Dávila, quien consideró que existe riesgo de fuga del acusado, sobre quien pesan los cargos de “asesinato, terrorismo y asociación delictuosa” tras una emboscada en que uniformados mataron al menos a 25 campesinos y estudiantes normalistas en Pando el pasado día 11.
En el diálogo, que se realiza en la ciudad de Cochabamba, están presentes como facilitadores representantes de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur), la Organización de Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos y las iglesias Católica, Evangélica y Metodista.
Unos dos mil indígenas y mineros realizan una vigilia en las inmediaciones de la sede del diálogo, en tanto que unos cinco mil que marchaban hacia la ciudad de Santa Cruz, permanecen en el poblado de San Carlos, a unos 120 kilómetros de la capital cruceña, a la espera de los resultados que pueda haber en el cónclave, reportaron medios locales.
Morales planteó tres puntos para avanzar en el diálogo con los prefectos. Según la Agencia Boliviana de Información, el vocero de la Presidencia, Iván Canelas, el primer punto está orientado a consolidar la formación de tres comisiones que analizarían: los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos, la nueva Constitución Política del Estado y Autonomías, y la designación de autoridades en el Congreso nacional.
El segundo punto está referido a la devolución inmediata de instituciones públicas e instalaciones petroleras que se encuentran bajo control de grupos opositores. El tercero versa sobre la posibilidad de dar vía libre a la convocatoria a referendo dirimidor y aprobatorio para la nueva Constitución Política del Estado, con la garantía de compatibilizar el capítulo referido al régimen de autonomías con los Estatutos Autonómicos de los departamentos de la Media Luna.
La propuesta gubernamental de abrir el capítulo de autonomías del proyecto de nueva constitución aprobado por la Asamblea Constituyente, es rechazada por las organizaciones indígenas y campesinas como el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Quollasuyo que representa a los indígenas del occidente, y la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente, así como por la Confederación de Pueblos Indígenas de Santa Cruz y la Federación de Trabajadores de Pueblos Originarios de Chuquisaca, organizaciones que se declararon en alerta.