■ Marchas en Buenos Aires y La Plata por la aparición con vida de sobreviviente de la dictadura
Pasan a retiro al jefe del ejército argentino por hechos de corrupción; acusan a 13 militares
■ La policía bonaerense, bajo sospecha en la desaparición de Jorge López, testigo contra represores
Buenos Aires, 18 de septiembre. Organizaciones de derechos humanos, políticas, sociales y sindicales marcharon hoy aquí y en La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, en reclamo por la aparición con vida de Jorge Julio López, ex víctima sobreviviente de la pasada dictadura militar y desaparecido el 16 de septiembre de 2006, después de testificar en un juicio que terminó con la condena a prisión perpetua de un jerarca policial responsable de crímenes de lesa humanidad.
Mientras se desarrollaba el acto por López, sorpresivamente el jefe de gabinete Sergio Massa anunció esta noche el pedido de pase a retiro del jefe del ejército, general Roberto Bendini, en el contexto de una ofensiva del Ministerio de Defensa para combatir hechos de corrupción en las instituciones militares.
La movilización por López demandaba “basta de impunidad y encubrimiento” y justicia para el albañil peronista que, con más de 70 años, tuvo el valor de señalar a los responsables de su secuestro y mantenimiento en diversos centros clandestinos de detención, y crímenes de los que fue testigo.
El día que desapareció, los jueces leían la sentencia a la que fue condenado el ex comisario Miguel Etchecolatz, que junto con el ex jefe de policía general Ramón Camps fueron responsables de secuestros, torturas, desapariciones, masacres y asesinatos en tiempos del horror de la dictadura.
Son severas las acusaciones de los organismos humanitarios sobre el encubrimiento por parte de la policía bonaerense que permitiría la impunidad para los responsables del secuestro del sobreviviente de la dictadura argentina.
Durante las marchas también se produjeron fuertes reclamos al gobierno y a la justicia exigiendo la liberación y el refugio para seis campesinos paraguayos detenidos aquí desde hace casi dos años, cuando buscaban amparo.
Los campesinos están en muy mala situación de salud, al cumplir más de 30 día de huelga de hambre, ya que se les intentó acusar de un secuestro en su país, pero un juez que investigó el caso allí determinó su inocencia y ellos vinieron en busca de un refugio prometido en Argentina.
Sin embargo, bajo el gobierno del ex presidente Nicanor Duarte Frutos magistrados ligados al entonces oficialista Partido Colorado pidieron su apresamiento y extradición, sobre bases jurídicas ilegales, como se demostró aquí.
Son miles las firmas y las demandas y entre ellas figuran premios Nobel que han solicitado la revisión de este caso, con implicaciones políticas ligadas a intereses de Estados Unidos por tratar de vincular a estos campesinos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y trabajar así una justificación para ocupar la Triple Frontera que une a Paraguay con Argentina y Brasil.
En otra noticia en el tema humanitario, la Corte Suprema de Justicia rechazó un pedido de libertad que interpuso la defensa del ex dictador Jorge Rafael Videla y otros cuatro militares acusados en la causa de la Operación Cóndor, la coordinadora criminal de las dictaduras del Cono sur.
Se ratificó la prórroga de la prisión preventiva en base a la gravedad de los delitos de lesa humanidad que se les atribuye, por lo que Videla deberá seguir privado de la libertad a la espera del juicio oral en esa causa.
A finales de 2007, el juez federal Sergio Torres resolvió que Videla, su ex ministro del Interior Albano Harguindeguy, el ex gobernador de Tucumán Antonio Domingo Bussi y 14 militares enfrenten el juicio oral en esta causa.
Por otra parte, había fuerte conmoción esta noche por el retiro del general Bendini en momentos en que la ministra de Defensa Nilda Garré amplió su denuncia judicial acusando a 13 militares en actividad y 29 civiles por delitos de asociación ilícita, tráfico de influencias, falsificación ideológica, cohechos y administración fraudulenta, por lo que ordenó su pase a disponibilidad.
El 8 de agosto pasado la ministra había denunciado a otros 30 integrantes del ejército y 51 civiles, que tenían relaciones comerciales o familiares con los implicados en el mismo tipo de delitos, que significan estafas para el ejército y para el Estado argentino.