■ Se violan derechos: ONG; panistas y Corte apoyan la propuesta
Cuestionan incremento de facultades acusatorias en iniciativa presidencial
El paquete de iniciativas de reforma en materia de seguridad presentado por el presidente Felipe Calderón Hinojosa al Congreso de la Unión, impondrá un coto definitivo a la corrupción e impunidad que rodea las actividades de los policías ligados a las mafias de delincuentes, sostuvo la fracción parlamentaria del PAN en la Cámara de Diputados, tras dar a conocer que la propuesta prevé crear un padrón nacional de agentes que contenga sus datos personales y su lugar de residencia, así como las armas y el tipo de calibre que tengan a su cargo.
Sin embargo, integrantes de organizaciones defensoras de los derechos humanos alertaron que la iniciativa presidencial también establece acciones consideradas como “agravantes” contra las garantías establecidas en tratados internacionales suscritos por México, ya que se permitiría a la autoridad judicial solicitar al Ministerio Público (MP) el arraigo domiciliario de presuntos delincuentes vínculados al crimen organizado, que además podrán ser recluidos en centros de máxima seguridad, lo que calificaron de “alarmante”.
La diputada Patricia Castillo Romero, del partido Convergencia, afirmó que este instituto político otorga el beneficio de la duda a las iniciativas de reforma, aunque consideró arriesgado que éstas pretendan atribuir mayores facultades acusatorias a los cuerpos policiales cuando éstos “no están capacitados ni preparados para combatir al crimen organizado, además de estar infectados de corrupción”.
En entrevista por separado, el panista Cristián Castaño, secretario de la Comisión de Seguridad Nacional, insistió que en México “no tenemos un padrón de policías municipales, estatales y federales. Tenemos números, pero no sabemos quiénes son, no sabemos cuál es su historial patrimonial, tampoco sabemos cuál es su desempeño profesional y su forma de vida. Hoy no tenemos un padrón de armas y equipo que utilizan los policías de Seguridad Pública, no hemos instrumentado un sistema único de información criminal, se nos siguen escapando y burlando de nosotros los delincuentes que cometieron ilícitos”.
El secretario ejecutivo de la Red Todos los Derechos para Todos, Édgar Cortez, aseguró que la propuesta calderonista “pone énfasis en la parte autoritaria y amenazante” de los derechos humanos. Señaló que el arraigo en sí “es contrario a las garantías fundamentales porque representa una detención arbitraria y más agravante resulta si a los arraigados se les conduce a penales de máxima seguridad”.
Al respecto, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Sergio Valls Hernández, respaldó las propuestas del Ejecutivo federal como la confiscación de bienes a delincuentes y dar recompensas a ciudadanos que denuncien delitos. “Hay que hacer todo lo que podamos para no caer en una situación de caos”, y la iniciativa presentada “seguramente está suficientemente estudiada”. Rechazó que las iniciativas representen un retroceso para el sistema de justicia del país.
Por su parte, el senador Arturo Escobar y Vega, secretario de acción electoral del PVEM, respaldó dichas medidas al considerar que pueden contribuir a la “reconstrucción del tejido social” y agregó que la “severidad contra la delincuencia no está peleada con las garantías de los derechos humanos”.