Alista PRD controversia contra pacto sobre FM
El grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados presentará ante la Suprema Corte Justicia de la Nación una controversia constitucional contra la determinación del gobierno federal de “favorecer a los grandes monopolios de los medios de comunicación electrónica”, a través del traslado de frecuencias de amplitud modulada (AM) a frecuencia modulada (FM). La acción se sustentará en el criterio de que tal decisión atenta contra los principios de equidad y pone en riesgo la existencia de 400 radiodifusoras comunitarias —que atienden a un universo de 10 millones de indígenas— y las dedicadas a las actividades culturales.
Alfonso Suárez del Real, Aleida Alavez y Ramón Pacheco, representantes del sol azteca en San Lázaro, argumentaron que la asignación de bandas de frecuencia atribuidas a sectores específicos de la radiodifusión no puede sustentarse exclusiva y predominantemente en aspectos económicos:
“El criterio rector del Estado en este tema no puede desconocer el interés público de la actividad, ni puede suponer una renuncia a su función reguladora para lograr que se cumpla el fin social que se persigue y que tiene un impacto educativo, social y cultural sobre la población altamente significativo”.
Los legisladores presentaron tal criterio, sustentado en la acción de inconstitucionalidad que en 2006 fue aprobada por el pleno de la Suprema Corte. Para Alfonso Suárez del Real el esquema que aprobó la administración de Felipe Calderón será el sustento de la desaparición de las 400 radiodifusoras cuyo fin es servir a los sectores indígenas del país y proveer información y cultura a otros mexicanos.
“Eso es inconstitucional porque las comunidades indígenas tienen el derecho inalienable de expresarse en sus lenguas maternas; la Corte ya lo determinó y esto es lo que nos preocupa. A todas luces es una determinación electoral y electorera, pues el gobierno firma convenios con los grandes concesionarios para que estos difundan sólo lo que interesa a la administración panista. Con esto se fortalece a los monopolios”.
Para los legisladores perredistas la administración de Calderón se olvida de la diversidad y pluralidad que debería promover a la hora de autorizar concesiones o permisos para el uso de las bandas radioeléctricas.
Con esto, advirtieron, queda limitado a criterios preponderantemente económicos la autorización de las concesiones y los permisos, los cuales serán ganados por instituciones con abultados recursos económicos, de familiares o conocidos del grupo en el poder, o bien se otorgarán mediante adjudicación directa, como lo determinó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
El PRD en San Lázaro presentará la semana próxima ante el Poder Judicial una controversia constitucional que impida la concreción del acuerdo citado y es que al permisionario como al concesionario, el gobierno calderonista obligaría a emprender inversiones para adquirir equipos transmisores; un sistema irradiador; torre de transmisión, y en su caso una nueva ubicación, requisitos que las radios comunitarias no conseguirían solventar.