A la mitad del foro

León García Soler

■ El estado de excepción como paradigma de gobierno

La plaza ensangrentada lleva el nombre de Melchor Ocampo. Del hombre de la Ilustración que supo por qué y para qué requería México la Reforma; el hombre de paz asesinado por las fuerzas más sombrías de la reacción. Y este 15 de septiembre, al repicar la campana sobre el palacio de gobierno de Morelia, estallaron dos granadas. Mataron a hombres, mujeres y niños que festejaban la Independencia. Fue al extinguirse el grito de ¡viva México! en la voz del gobernador Leonel Godoy, figura trágica, penoso símbolo de la fragilidad del Estado y la impunidad de quienes cambiaron el rostro de la guerra de los decapitados: a partir de ahora, el terror.

Hace ocho días advertíamos el peligro de ser vistos como víctimas propiciatorias por el imperio vecino del norte. Dije a la mitad del foro: la guerra de Calderón, “el que está luchando en este momento por el alma de su país” (John McCain dixit); donde hoy, según The Washington Post, “se juega la supervivencia de la democracia”. Ahora, estalló el terror y exhibió el vacío en los que fueran organismos de inteligencia del gobierno mexicano. Los archivos del Cisen desaparecieron al influjo del ignaro desdén de Fox y los suyos por el Estado moderno, republicano y laico. Desapareció la inteligencia en el alto vacío de los aprendices de brujos, imaginarios fundadores de nuevo régimen, ilusos restauradores del diseñado en La Profesa. No lo denunciaron los huérfanos del priato ni los alucinados seguidores del “presidente legítimo”: los jóvenes turcos de Calderón revelaron la criminal estulticia.

De poco sirve, después de la noche michoacana del 15 de septiembre, reseñar las acusaciones de Juan Camilo Mouriño y la defensa de Santiago Creel, secretario de Gobernación en los años en que se perdió la inteligencia encargada de sustentar la seguridad nacional y auxiliar la seguridad pública. Dimes y diretes; pláticas de familia de las que nadie hace caso. Nos queda la inteligencia militar, la del Ejército Mexicano, la de la Secretaría de la Defensa. Al menos eso dicen los expertos de organismos internacionales, de think-tanks académicos, o al servicio de poderes gubernamentales o fácticos. Tanto monta, monta tanto... Queda la inteligencia militar y nos debiera angustiar que en esos ámbitos de la sabiduría global, en la misma ONU, se hable del mexicano como un “Estado fallido”.

Sabíamos muy bien que era frágil, debilitado por la labor de zapa de quienes se empeñaron en desmantelar las instituciones del poder constituido; “adelgazar al Estado” para hacerlo eficaz, ligero, a tono con la economía de la movilidad en el empleo y la levedad de capitales libres de toda regulación. Porque hemos vivido, sobrevivido, cinco lustros de crisis económica: cero déficit, nulo crecimiento neto del empleo, nanocrecimiento de la economía, los mexicanos reconocimos que el reto del narco trascendía la tradición de policías y ladrones, que esa amarga, violenta realidad es la amenaza a la estabilidad nacional de la que han hablado durante cinco sexenios los hombres en quienes depositamos el Supremo Poder Ejecutivo de la Unión.

Del otro lado del Bravo, donde McCain proclama que Calderón “está luchando en estos momentos por el alma de su país”, proviene el vuelco irresistible de las fuerzas del mercado sobre el trasiego de drogas: cambio de hábitos de los consumidores del gigantesco mercado; los neoconservadores levantaron muros en la frontera, encarecieron el tráfico, pero bajaron precio y consumo de cocaína, heroína y otras drogas duras. El mercado manda. Y el trampolín de Gustavo Díaz Ordaz se apuntó al sur. Crece exponencialmente el número de mexicanos adictos a las drogas; cada vez más jóvenes los inducidos, atrapados por las adicciones.

Para colmo, los traficantes aprendieron la lección que eludió a las cúpulas empresariales de la oligarquía que empieza a emigrar en busca de seguridad. Productividad y tecnología de punta para traficar con estupefacientes químicos; alquimia de los narcóticos para aletargar adictos y multiplicar la riqueza en el mundo feliz del libre mercado, del capitalismo en cuyas entrañas se transforma el dinero malhabido en moneda de cambio en manos de inversionistas de pulidos modales y comunicaciones electrónicas para navegar la globalidad financiera sin regulación y con silencios cómplices. Después de todo, dice “la gente de bien”, el dinero no tiene olor; y los mexicanos del común ven a los capos y sicarios con un dejo de admiración a la audacia, al ¡viva la muerte! de nuestro tiempo y nuestro mundo.

La guerra de Calderón no puede perderse. Pero el miedo podría hacernos olvidar las palabras sobrias y sabias de Isaiah Berlin: “sin ley no hay libertad”. Peor aún, dejar que la urgencia, la ineludible tarea de combatir a las fuerzas que han infestado los organismos del poder constituido y se han asociado a elegantes señoritos de empresa y señorones de la banca, exhiba la fragilidad de un gobierno en el que, como dijera Walter Benjamin, “el estado de excepción... se ha convertido en la norma”. Por eso tomé de Giorgio Agamben la cabeza de esta columna: “El estado de excepción como paradigma de gobierno”. Ya no una medida excepcional, sino una fórmula de gobierno cuya propia naturaleza se haga pasar como el “paradigma constitutivo del orden jurídico”.

La contigüidad esencial entre estado de excepción y soberanía fue establecida por Karl Schmitt en su libro Teología política, nos dice Giorgio Agamben, filósofo italiano, autor de Homo sacer. La soberanía reside en “quien puede declarar el estado de excepción”. La guerra de Felipe Calderón se inició con acciones, tácticas y estrategias de policía. Sin inteligencia, sin capacidad en Gobernación para conducir una guerra contra el crimen organizado, dueño de recursos y alcances que superan los de esa secretaría “sin dientes”. Por eso ordenó la intervención de las fuerzas armadas. Nadie puede negar que la norma le otorga esa facultad. Ni la urgencia de utilizarlas en defensa de la seguridad pública, de la seguridad nacional, ante la corrupción rampante y la complicidad de las policías con la barbarie criminal y el gran negocio del narcotráfico.

Es hora de evitar que el estado de excepción se convierta en norma; que el “estado de sitio ficticio” se traduzca en suspensión constitucional, en cesión del poder constituido ante la criminalidad que trasciende nuestras fronteras. El narcotráfico mexicano es poder de facto que desestabiliza gobiernos en Centroamérica, cuyo capital y cuyos pistoleros han llegado hasta Argentina a imponer condiciones en política y comprar impunidad. No se trata únicamente de traficantes, gomeros y matones, o de cuerpos paramilitares como Los Zetas. Miles de millones de dólares pasan a manos de banqueros y empresarios que se encargan de la alquimia. Hombres y nombres que, en la sombra, deciden en qué invertir y cómo servirse de la incuestionable capacidad del libre mercado para multiplicar riquezas.

El presidente Calderón desayunó con gobernadores y reunió al Consejo Nacional de Seguridad Pública. Es hora de sumar esfuerzos en el combate al crimen organizado. Y de solicitar autorización del Congreso para suspender derechos individuales. La urgencia, medida provisional, se ha convertido en ejercicio del poder que desampara al ciudadano y que impone el estado de excepción como paradigma de gobierno.