■ No se trató de una rencilla entre narcotraficantes, sostiene experto
Lo ocurrido en Morelia fue terrorismo
Para el médico Ángel Gutiérrez Chávez, presidente de la Academia Mexicana de Ciencias Forenses y ex investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), las dos granadas lanzadas la noche del 15 de septiembre en Morelia, “desde la lógica forense y penal fue un acto terrorista”, que pudo tener el propósito de causar zozobra e inestabilidad social, política y económica a escala nacional, o incluso pudo ser un atentado fallido contra la vida del gobernador michoacano, Leonel Godoy.
“Que no nos quieran engañar y confundir las autoridades. Esto no fue un problema derivado de rencillas entre narcotraficantes; el narco no opera así, cualquier experto en seguridad nacional lo sabe. Si analizamos la mecánica de los hechos, y si revisamos el artículo 139 del Código Penal Federal, esto fue terrorismo”, puntualizó el experto.
El artículo 139 de la legislación penal federal refiere que “se impondrá pena de prisión de 6 a 40 años (…), al que utilizando (…) explosivos o armas de fuego, o por incendio, inundación o por cualquier otro medio violento, realice actos en contra de las personas, las cosas o servicios públicos, que produzcan alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella, para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad para que tome una determinación”.
Con más de una década de experiencia en criminalística –tuvo a su cargo la autopsia practicada a Luis Donaldo Colosio–, Gutiérrez Chávez refirió en entrevista con La Jornada que por la característica de las explosiones de Morelia “estamos ante alguna de las hipótesis de actividades de terrorismo, las cuales deberían identificarse como acciones ligadas a delincuencia organizada”.
Gutiérrez Chávez criticó las voces de legisladores y funcionarios públicos que han minimizado el atentado, reduciendo las líneas de investigación hacia problemas entre bandas de traficantes de drogas.
“La Procuraduría General de la República nos ha dicho que los responsables son los miembros de La Familia Michoacana; el diputado Roberto Badillo, secretario de la Comisión de Defensa en San Lázaro, nos pide ser “prudentes y no alarmistas”, y nos dice que fue en todo caso un acto de sabotaje entre criminales.
“Con mi experiencia en análisis de este tipo de actos violentos, veo que las autoridades nos quieren engañar; todas las acciones terroristas que incluyen explosivos en el país las quieren relacionar con el narco. En México hay acciones terroristas con fines políticos, no económicos, como los del narcotráfico”, indicó el especialista.
Agregó que la PGR debió abrir varias líneas de investigación, porque en los hechos de la capital michoacana “se pueden configurar varios delitos, como portación de armas de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas; luego, la explosión de las granadas, que configuran el delito de terrorismo; la delincuencia organizada, para determinar qué grupo y por qué razón política detonaron esos artefactos y, desde luego, no puede descartarse la intención de atentar fallidamente contra el gobernador Godoy”.
Refirió que en medio de un contexto de desempleo, carestía, desigualdad social e inseguridad pública, México “está comenzando a resentir actos terroristas en contra de su población civil, como hace varios años le sucedió a España con ETA, o lo que pasó con las explosiones de autos bomba en otros países de Europa, o como le ocurrió a Estados Unidos en 2001, con los ataques a las torres gemelas”.