■ Se pasó por alto ley recién aprobada en el Congreso, dice documento
Analizará el Senado anomalías en el tribunal de justicia fiscal
El Senado deberá definir en los próximos días varios trámites concernientes a la ratificación de magistrados que arrastran un proceso irregular, viciado de origen, relativo a la integración de la junta de gobierno del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA).
Las violaciones e irregularidades fueron de tal magnitud que dos magistrados se ampararon contra el tribunal. Uno de ellos, Alejandro Sánchez Hernández, dejará de serlo en breve, ya que el Presidente de la República decidió nombrarlo cónsul de México en Puerto Rico y envió al Senado la solicitud de ratificación respectiva.
De acuerdo con documentos oficiales, los miembros de la junta de gobierno y administración del TFJFA fueron electos en una “sesión privada extraordinaria” del pleno de la sala superior, el pasado 6 de junio, en la que se puso a votación cumplir o no la ley orgánica que rige a ese tribunal y la mayoría de los magistrados decidieron pasar por encima de la norma recién aprobada en el Congreso.
Ello, a fin de que la ex presidenta de ese tribunal Consuelo Villalobos, quien no cumplía con los requisitos legales, fuera elegida para formar parte de esa junta de gobierno y administración, que se encarga del manejo presupuestal –casi mil millones de pesos al año– y disciplinario del órgano.
Se dio “una interpretación forzada y retorcida de las disposiciones legales”, advierte el magistrado Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez en la demanda de amparo que presentó.
Igualmente, el otro magistrado, Alejandro Sánchez Hernández, quien forma parte del grupo dominante en el TFJFA y ha sido muy cuestionado por su gestión al frente de este tribunal y por la decisión de despedir a la hija del fundador de ese órgano jurisdiccional, Aurora Cortina, resalta en su demanda de amparo “la franca violación a las formalidades esenciales” del procedimiento.
En diciembre del año pasado entró en vigor la nueva Ley Orgánica del TFJFA, en la que se fijó la obligación de integrar una junta de gobierno y administración, encargada del manejo presupuestal y administrativo del tribunal, así como la vigilancia de su funcionamiento.
La ley ordena que esa junta se integrará por el presidente del TFJFA, dos magistrados de sala superior y dos de sala regional, que por esta primera ocasión deben ser insaculados y cuyos periodos serán de tres y dos años, respectivamente, para que haya escalonamiento en los nombramientos.
Sin embargo, en las más de 100 cuartillas de la versión taquigráfica de esa “sesión privada extraordinaria” del pleno del TFJFA, el pasado 7 de julio, se da cuenta de cómo los impartidores de justicia violentaron la ley.
Decidieron que “los senadores” se habían equivocado, ya que la intención no era poner la palabra “insaculación en la ley” y que lo mejor era elegir directamente a los integrantes de la junta. Igualmente, por mayoría, y con el voto en contra del magistrado Delgadillo, determinaron que los periodos fueran no de tres y dos años, respectivamente, sino de dos años, cinco meses y 24 días, en un caso y de un año, cinco meses y 24 días, el otro.
Durante la sesión, Sánchez Hernández pidió a sus compañeros tener cuidado y no salirse de lo que señala la ley: “No nos vayamos a exhibir, tenemos un tribunal que está en boca de mucha gente”.
Sin embargo, como se desprende de la discusión, se violentó todo el proceso para imponer a Consuelo Villalobos y Luis Carballo Balvanera. No hubo insaculación, ya que ello implicaba voto secreto, y se disminuyó el tiempo del cargo, porque el nombramiento de magistrado, vence antes de tres años.
Decidieron acortar aún más el tiempo del encargo, para empatarlo con la gestión del actual presidente del TFJFA, Francisco Godínez Cuevas, quien desde un principio de la discusión dejó claro que quería una junta de gobierno integrada con quienes pudiera trabajar, pues, “si no hay empatía, pues nada más las cosas no caminan como uno quisiera”.
Justificó que se pasara por encima de la ley: “Que sea el pleno el que tome la decisión de la interpretación que considere más adecuada, más conveniente”.
En su demanda de amparo, el magistrado Delgadillo enumeró una violación más, ya que en el momento de integrarse la junta de gobierno no se había nombrado y ratificado a siete magistrados supernumerarios, que habrán de suplir las vacantes, como marca la ley.
Dos meses después, la propuesta de ratificación de los magistrados supernumerarios, “para la debida integración de la junta de gobierno” la hizo llegar Felipe Calderón a la Comisión Permanente y está ya en comisiones del Senado.