Editorial
Israel: crisis interna, crisis regional
Ayer, la aún ministra de Relaciones Exteriores de Israel y dirigente de Kadima –fuerza política gobernante–, Tzipi Livni, recibió el encargo del presidente de ese país, Shimon Peres, de conformar un nuevo gobierno tras la renuncia, originada por escándalos de corrupción, del ex primer ministro, su correligionario Ehud Olmert. De esta forma, Livni contará con 42 días para consolidar una mayoría parlamentaria; de lo contrario, deberán realizarse elecciones anticipadas, a más tardar en 90 días.
La tarea encomendada a Livni no resultará sencilla, si se toma en cuenta que el sistema de partidos israelí padece, desde hace años, una profunda atomización que obstaculiza la formación de alianzas políticas mayoritarias; ejemplo de ello es que Kadima, partido en el poder, sólo cuenta en la Knesset (Parlamento) con 29 curules, de un total de 120. Tal situación hace suponer que, incluso si la canciller superara exitosamente las negociaciones y consolidara una coalición mayoritaria, el gobierno resultante quedaría sometido al poder de chantaje de partidos minúsculos y contará, por tanto, con un margen de maniobra sumamente estrecho.
De manera significativa, como condición principal para avalar la permanencia de Livni al frente del gobierno israelí, el partido ultraderechista Shass –cuyas 12 curules en la situación presente resultan necesarias para que Kadima pueda lograr una alianza gobernante– ha exigido un compromiso formal de no acatar el estatuto de Jerusalén en los términos establecidos por las resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), según los cuales la ciudad debe quedar bajo un protectorado administrado por ese órgano multinacional. Entre otros muchos, este factor obliga a recordar que, en sentido estricto, la crisis política que aqueja a Israel no es consecuencia de conflictos internos de la sociedad judía, y ni siquiera de la israelí en su conjunto, sino de las diferencias existentes en relación con las definiciones torales del Estado hebreo: su papel geoestratégico en la región y su condición de punta de lanza de Estados Unidos y Europa occidental ante el mundo árabe, en particular, de potencia ocupante de los territorios palestinos.
De este modo, una solución para resolver las raíces de la crisis política que enfrenta Israel tendría que pasar necesariamente por una reformulación de su papel en Medio Oriente. Para ello es imprescindible, en primer lugar, que Tel Aviv ponga fin a la ocupación y al saqueo de los territorios palestinos, así como a la aplicación de las estrategias de limpieza étnica seguidas en Al Qods y en Cisjordania, que constituyen prácticas cercanas al genocidio. Adicionalmente, es necesario que la clase política israelí reconozca el derecho de los palestinos a construir un Estado nacional en términos de las resoluciones 242 y 338 de la ONU y, en consecuencia, se retire de Cisjordania y la franja de Gaza; devuelva a sus legítimos dueños la Jerusalén oriental en las delimitaciones que tenía hasta la Guerra de los Seis Días, en 1967; deje de interferir en los asuntos internos de los palestinos y reconozca a sus autoridades, y se disponga a negociar la devolución de las tierras, o a indemnizar como corresponde a los expulsados a partir de 1948.
Es de suponer que si el régimen de Tel Aviv actuara en consecuencia con lo anterior, y exhibiera un mínimo de sensatez y de visión de Estado, sería viable desactivar y dejar sin bases sociales a las expresiones terroristas de algunos sectores fundamentalistas palestinos, condenables, sí, pero originadas en la larga agresión económica, política, militar y diplomática del Estado israelí.
En suma, la crisis coyuntural que tiene lugar en Israel podrá solucionarse si se atienden las demandas económicas y de política exterior de los partidos opositores, pero ese país no encontrará una estabilidad institucional duradera y una viabilidad como Estado en tanto no reconozca a sus vecinos y se decida a convivir pacífica y respetuosamente con ellos.