■ Representa corrupción e impunidad, dicen PRD, PRI, PT y Convergencia
Mouriño, eficaz sólo para hacer negocios: oposición
■ El funcionario elude críticas y preguntas
■ Su firma en contratos con Pemex, severamente cuestionada
■ Intocados, Mario Marín, Ulises Ruiz y otros, le dicen
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Juan Camilo Mouriño, Eduardo Medina Mora y Genaro García Luna protestan conducirse con verdad
Foto: Cristina Rodríguez
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Manifestación perredista en San Lázaro
Foto: Cristina Rodríguez
El secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, representa la corrupción y la impunidad, y es más eficaz en los negocios privados que en resolver los graves problemas que afectan la vida interna del país, reclamaron diputados de PRD, PRI, PT y Convergencia. Empero, el funcionario eludió críticas y preguntas.
Durante la comparecencia de Mouriño ante el pleno, el diputado priísta Carlos Armando Biebrich le preguntó desde su curul sobre la responsabilidad de Gobernación ante la aplicación de la reforma electoral, aprobada en 2007, porque, sostuvo, existen reiteradas y sistemáticas violaciones de los concesionarios de radio y televisión.
El ex gobernador de Sonora quiso saber cómo se conducirá Mouriño en este rubro, y si está consciente de cómo lo ve y lo juzga el país en su desempeño. Enseguida, remachó: “¿Sabe usted, señor secretario, que su trayectoria más se acerca a su capacidad para hacer negocios que a la conducción de la política interior del país?”
Biebrich, al igual que otros legisladores, hizo alusión a los contratos que firmó Mouriño Terrazo con Petróleos Mexicanos, en calidad de apoderado de la empresa familiar Transportes Especializados Ivancar SA, en momentos que se desempeñaba como presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados y posteriormente como director general en la Subsecretaría de Política Energética y Desarrollo Tecnológico.
El 6 de marzo pasado, el titular de Gobernación aceptó haber suscrito los contratos por más de 100 millones de pesos para el traslado de hidrocarburos, y por ello fue señalado por el PRD de posible tráfico de influencias.
También desde su curul, la diputada perredista Valentina Batres le dijo que las omisiones en el segundo Informe de gobierno de Felipe Calderón son graves, especialmente porque no se hace referencia “a la gran corrupción” de personajes públicos, como los gobernadores de Puebla y de Oaxaca, Mario Marín y Ulises Ruiz, respectivamente, y tampoco de dirigentes sindicales como Elba Esther Gordillo o Carlos Romero Deschamps. Menos, señaló, de los hijos de Marta Sahagún, Manuel y Jorge Alberto Bribiesca.
Batres insistió en que se dejan de lado los casos del ex secretario de Hacienda Francisco Gil Díaz, quien habría evitado el pago de impuestos en la venta de Banamex a Citibank, así como el escándalo de Hildebrando Zavala, en su posible participación en las elecciones presidenciales de 2006.
Aseguró: “Bueno, el propio secretario de Gobernación, que firma contratos ilegales, viene ahora a responder por la política interior”.
También la diputada del Partido del Trabajo María Mercedes Maciel Ortiz hizo referencia a la desconfianza ciudadana hacia el gobierno de Calderón, especialmente porque los funcionarios están más interesados en incrementar sus fortunas particulares.
“En suma, el Estado ya no le garantiza nada al pueblo mexicano, y la esperanza de un cambio no se puede depositar en ustedes. Mientras a los gobernantes les importe más la gestión de los negocios familiares, en detrimento de la buena gestión de los asuntos públicos, no se podrán garantizar los mínimos de bienestar del pueblo”, sostuvo la petista.
En respuesta, Mouriño le dijo que escuchó con atención su postura de que el narcotráfico está fuera de control, pero no respondió nada acerca de los señalamientos sobre su participación en la firma de los contratos. Tampoco, en su oportunidad, acusó recibo de las críticas y preguntas de Valentina Batres ni de Carlos Armando Biebrich.
A este último sólo le comentó que la Secretaría de Gobernación hará uso de sus facultades para otorgarle asesoría al Instituto Federal Electoral en la administración y control de los tiempos oficiales para campañas políticas. Su respuesta, sin embargo, se vio interrumpida cinco veces por la exigencia, iniciada por el diputado perredista Emilio Ulloa, para que renunciara.