■ Están saturadas y son inseguras, sostienen
Preocupa a jueces enviar capos a prisiones del DF
El pasado 5 de septiembre, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) modificó un acuerdo acerca de la competencia territorial de los jueces de procesos penales, con la finalidad de dotar de más facultades a los juzgadores asignados por ese órgano del Poder Judicial Federal (PJF) para desahogar juicios en el Distrito Federal, estado de México, Jalisco y Tamaulipas.
Con esta modificación, ahora los jueces de esas entidades ya pueden juzgar a líderes del narcotráfico y/o de bandas de secuestradores, aunque cometan sus fechorías en otras regiones del país donde no hay penales de máxima seguridad.
En la exposición de motivos, los integrantes del CJF aludieron a “razones de seguridad”, con el argumento de que los jueces con sede en esas entidades tienen a su disposición penales federales, en los que se pretende concentrar a los delincuentes más peligrosos.
En el caso de los jueces federales del estado de México, Jalisco y Tamaulipas, esta modificación es congruente con la exposición de motivos, pero no en lo que corresponde a los impartidores de justicia con sede en el Distrito Federal, donde no existen penales de máxima seguridad.
La mayoría de los 18 jueces federales que tienen facultades para desahogar procesos penales en la ciudad de México están preocupados por el nuevo ordenamiento que les impuso el CJF como parte de las metas a las que se comprometió el PJF durante la 23 sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, cuando el empresario Alejandro Martí sugirió la renuncia de los funcionarios que no puedan hacer su trabajo y disminuir la inseguridad pública.
“Ahora los jueces federales capitalinos tendremos que librar órdenes de aprehensión contra peligrosos narcotraficantes de Sinaloa o de Baja California, o contra sicarios de La Familia Michoacana o de Los Zetas; tendremos que ordenar que se les encierre en alguno de los tres reclusorios del Distrito Federal, los cuales están saturados, además de ser inseguros”, dijo uno de los 18 jueces habilitados en la capital del país.
“No se trata de que estemos en contra porque se nos incrementará la carga de trabajo; es un problema de seguridad nacional; aquí (en el DF) los reclusorios no son de máxima seguridad”, dijo juez consultado.