■ Buscan senadores combatir extorsiones y secuestros virtuales
Listo, dictamen para crear el registro nacional de usuarios de telefonía móvil
La Cámara de Senadores tiene listo el dictamen para la creación del registro nacional de usuarios de telefonía móvil que permitirá combatir el uso de ese medio de comunicación para cometer secuestros, robos y extorsiones.
Se trata de una reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones que ayer quedó en primera lectura y que obligará a las empresas concesionarias a llevar un registro pormenorizado y preciso de los usuarios de teléfonos celulares, quienes deberán proporcionar todos sus datos personales al contratar el servicio.
Durante la sesión de ayer, el Senado dio entrada al paquete de reformas del Ejecutivo federal en materia de justicia y seguridad y las turnó a comisiones, donde ya están otras iniciativas de PRI, PAN y PRD para el combate a la delincuencia organizada.
En conferencia de prensa, el autor de la iniciativa para normar el uso de celulares, el senador por el PRI Mario López Velarde, acompañado de María Elena Orantes, también priísta y el panista Rodolfo Dorador Pérez Gavilán, destacaron que el problema de secuestros, robos y asaltos realizados mediante celulares es enorme, ya que están detectadas “más de 700 bandas que se dedican a la extorsión, secuestro y robo y utilizan la tecnología para lastimar a las sociedad”.
La iniciativa propone aplicar sanciones a quienes violen estas disposiciones, que van de cinco a 10 años de cárcel y multas de 10 mil a 100 mil días de salario mínimo vigente.
Destacaron que de diciembre de 2007 a febrero de 2008, sólo en el Distrito Federal, hubo más de 31 mil llamadas de extorsión o secuestro, y “tomamos la ciudad más grande del país para dar una idea de lo ocurrido en tres meses: 31 mil llamadas de extorsión”.
López Valdez destacó que en México hay unos 80 millones de teléfonos celulares, de los cuales 95 por ciento está en un sistema de prepago donde nadie tiene control sobre ellos”.
En el dictamen se destaca que un informe elaborado por el Consejo para la Ley y los Derechos Humanos AC, da cuenta que “del 4 de diciembre de 2007 al 29 de febrero de 2008 se reportaron 31 mil llamadas de extorsión en la ciudad de México”.
Además, se señala que las empresas concesionarias deben contribuir a resolver el problema, para lo cual deberán contar con un registro nacional de usuarios de telefonía móvil, el cual será supervisado por la Comisión Federal de Telecomunicaciones, cuya elaboración y actualización correrá a cargo de los concesionarios.
Éstos deberán exigir a quien contrate un teléfono celular nombre completo, domicilio, nacionalidad, número correspondiente y una identificación oficial vigente con fotografía –pasaporte, credencial del Instituto Federal Electoral o Clave Única de Registro de Población– y tomar la impresión de la huella dactilar.
Se detalla que en los casos en que los usuarios vendan o cedan una línea de telefonía en cualquiera de sus modalidades de contratación, “deberán dar aviso al concesionario a efecto de que dicha línea sea bloqueada, en tanto se registra el nuevo usuario”.
En el caso de los usuarios que adquirieron teléfonos móviles antes de la entrada en vigor del decreto, los concesionarios tendrán dos años de plazo para cumplir con el registro y control.