■ Su liquidación sería de seis millones de pesos, según la nueva ley estatal en la materia
Renunció el titular del Instituto Electoral de Jalisco por “falta de condiciones” para trabajar
■ El miércoles José Luis Castellanos había dicho que no negociaría su cargo con los diputados
Ampliar la imagen José Luis Castellanos, presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco Foto: Héctor Hernández / La Jornada Jalisco
Guadalajara, Jal., 25 de septiembre. José Luis Castellanos González presentó su renuncia irrevocable a la presidencia del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) de Jalisco. La entrada en vigor de la nueva ley electoral, por la cual los diputados locales podrían cesarlos en cualquier momento, abrió la posibilidad de la salida no sólo de él, sino de varios consejeros a cambio de liquidaciones, que en el caso de Castellanos González será de hasta seis millones de pesos.
En un comunicado, José Luis Castellanos dio a conocer que renunció pues “no existen condiciones para seguir desempeñando el cargo, conforme a los principios que me han inspirado siempre. Los tiempos que hemos vivido no han sido fáciles. Hemos dado nuestro mejor esfuerzo por buscar la consolidación de un órgano electoral autónomo en Jalisco. Hemos luchado siempre por la aplicación de la ley y la independencia del Instituto Electoral. Por lograr un órgano administrativo confiable a los ojos de la ciudadanía, de los partidos y de los actores políticos; que cumpliera cabalmente con los principios rectores de la función electoral”.
La renuncia fue sorpresiva, pues apenas el miércoles Castellanos negó, también por escrito, negociar con los diputados su salida o permanencia en el cargo. Por su dimisión podría recibir hasta 6 millones de pesos de liquidación, conforme lo establece la ley electoral aprobada hace un par de meses pero impugnada por el Ejecutivo estatal ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) –que está en proceso de resolución–, al considerar excesivo el aumento en prerrogativas económicas.
“El avance de una democracia se mide por la fortaleza de la autoridad electoral. Las acciones que a últimas fechas se han dado, tendientes a distraer los trabajos de las autoridades electorales locales en diversas entidades federativas del país, son una muestra lamentable de la debilidad de nuestra democracia”, concluyó Castellanos González.
Consejeros, renuncias y millones
La salida de José Luis Castellanos no es la única entre los siete consejeros que conforman al órgano de gobierno del IEPC. También lo hizo Rosa Álvarez, quien espera una liquidación que, si se procede de acuerdo con la ley electoral aprobada, sumaría hasta 25 millones de pesos.
Cuatro de los siete consejeros electorales –Armando Ibarra Nava, Sergio Castañeda Carrillo, Carlos Martínez Maguey y José Tomás Figueroa Padilla– se encuentran en el cargo con amparos para evitar su remoción del cargo, que con las reformas puede darse por una decisión que tomen los diputados en cualquier momento. Ni José Luis Castellanos ni Rosa Álvarez estaban amparados, decisión que cada consejero tomó y promovió en forma individual.
Referendo y tarifas de transporte
La renuncia además ocurrió en medio de la polémica causada por una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado, que obliga a que la tarifa del transporte público que subió 50 centavos en marzo pasado regrese a su precio anterior, en tanto se resuelve si habrá o no un referendo sobre el tema. El IEPC debía decidir en esta semana si se realizaría o no tal ejercicio; sin embargo, Castellanos ya no convocó a una sesión extraordinaria para tratar el tema.
La polémica por esta determinación unió a gobierno y concesionarios de transporte público, en señalamientos para justificar el aumento de marzo como de emergencia; estos últimos han señalado que sería incosteable regresar al precio anterior.
Por lo pronto, se confirmó que este viernes sí habrá sesión extraordinaria en el IEPC, que será presidida por el consejero Sergio Castañeda Carrillo como encargado del despacho. En ella se decretará procedente la suspensión de la tarifa actual, y se ordenará al gobernador hacer cumplir el mandato judicial.