El dolo bueno y la política
Los buenos maestros de derecho mercantil del siglo pasado, en alguna de las clases donde nos acercaban a los orígenes del comercio moderno explicaban el tema paradójico del “dolo bueno”, tópico que en sí mismo encierra una contradicción, puesto que si algo es doloso no puede ser bueno; el dolo encierra una intención de daño y de aprovechamiento a favor propio y a costa de otro.
Los juristas, sin embargo, lo justificaban: el dolo bueno era la exageración o exaltación de los productos de los comerciantes, con objeto de lograr que los clientes les compraran. Anunciaban las mejores sedas del oriente, o los vinos de mayor calidad de tal o cual región o los más finos aceros del mundo. Ni ellos ni los clientes creían en que esas sedas o esos vinos o esas espadas tuvieran las altísimas cualidades que el vendedor les atribuía, pero si se ponían de acuerdo en precio y cosa, la transacción se llevaba a cabo y no podía nulificarse después, porque la exageración y exaltación de las cualidades de algo no llegaba a constituir un engaño al comprador; era el famoso “dolo bueno”.
El derecho ha tenido frecuentemente que intervenir para regular la exaltación de las mercadería por parte de los mercaderes; no obstante, nunca lo ha podio hacer a cabalidad: hay una zona imprecisa entre el engaño y el elogio razonable de un objeto de comercio. Lo malo del dolo bueno ha sido que las cosas se fueron llevando a un extremo tal con la publicidad moderna, que la presentación de los objetos que se compran y se venden ha llegado a ser francamente mentirosa, y para tratar de convencer a los clientes la mercadotecnia ya no tiene límites y tenemos en la actualidad que andar siempre a la defensiva, eludiendo vendedores y promotores de gangas de todo tipo, escapando de las trampas que las grandes y pequeñas empresas comerciales e industriales o de servicios nos tienden y pidiendo no caer en la tentación de extralimitarnos con nuestras tarjetas de crédito.
Pero lo peor de esta plaga es que los políticos se fueron acercando poco a poco al sistema, aceptaron casi sin chistar que ellos mismos son un producto que hay que vender a los votantes y buscaron maquillistas y peinadoras para sus presentaciones en público, contrataron creadores de imagen y lograron con todo esto caer ellos mismos en ese mundo de las apariencias y las mentiras que es el de la publicidad. Las campañas políticas dejaron de ser propuestas doctrinarias para convencer a los votantes, dirigidas a su inteligencia, para convertirse en machaconas imágenes publicitarias para vender una sonrisa, un color, un rostro.
Es parte de la quiebra de nuestra política actual; los mismos órganos de gobierno han caído en la tentación y ahora, en el cine, en la televisión, en los periódicos vemos propaganda supuestamente “creativa”, lo mismo de la “augusta” Suprema Corte de Justicia de la Nación que del Senado de la República o del Poder Ejecutivo federal; los gobernadores y los gobernadorcitos no se quedan atrás: a toda costa y a todo costo quieren verse en sus imágenes bien peinados, con trajes impecables y corbatas relumbrantes.
Un efecto de esta mala práctica es que el pueblo deja de saber realmente quiénes son los que gobiernan, cuáles son sus ideas, sus verdaderos pensamientos, qué dicen y hacen, y sólo saben de ellos lo que sus publicistas y creativos presentan con todo el dolo bueno o malo de que sus grandes o pequeños ingenios les permiten.
Todos tenemos experiencia de esta publicidad chocante y a veces ofensiva, porque estamos viviendo una realidad al mismo tiempo que los medios electrónicos nos presentan otra muy distinta, según la versión de los políticos que pagan la publicidad. Hay muchos ejemplos y todos somos espectadores y víctimas de la publicidad gubernamental, pero uno muy elocuente es el que trata de convencernos de que se han dado pasos gigantescos en contra de la delincuencia y el crimen.
Para justificar la llamada reforma penal, que yo designo mejor como reforma policiaca, nos dicen que las reformas constitucionales aprobadas y las leyes en proceso de aprobación son muy buenas. La realidad es que tienden a darle muchas y peligrosas facultades y funciones a las diversas policías, a restarle capacidad y libertad al Ministerio Público y a fortalecer un estado policiaco, sin referencia alguna a los derechos humanos. Sin embargo, anuncian las reformas presentándonos un bello paisaje: “que todos somos inocentes mientras no se pruebe lo contrario”, que “ante la ley todos somos iguales” y que “estamos derrotando a la delincuencia”.
La verdad que es que los principios de inocencia y de igualdad ya estaban en la Constitución y en las leyes antes de las reformas, y la derrota a la delincuencia es tan sólo un buen deseo que choca contra la realidad que vivimos y vemos.
Una revisión de la línea política relacionada con la publicidad de los organismos públicos, contagiada de publicidad comercial es indispensable; la democracia y el estado de derecho no pueden fundarse ni en la mentira ni en el ocultamiento tendencioso de la verdad.