■ Fracasa negociación; “humillante”, la respuesta del gobierno, dicen
Cumplen médicos peruanos dos semanas de huelga y se radicalizan las protestas
Lima, 28 de septiembre. Los médicos peruanos del sector público entraron hoy en su tercera semana de huelga con la radicalización de las protestas, luego del fracaso de una serie de conversaciones con las autoridades para terminar de una vez con el conflicto que ahora amenaza con entramparse.
El presidente de la Federación Médica Peruana (FMP), Julio Vargas, aseguró que el paro de labores es acatado por la mayoría de los 20 mil doctores de los más de 7 mil hospitales públicos, y calificó de “humillante” la respuesta del gobierno a sus peticiones salariales.
Las principales demandas de los galenos son el pago de una asignación económica extraordinaria a los profesionales que trabajan en el interior del país, la formación de un sistema único de salud y la renuncia del ministro de Salud, Hernán Garrido Lecca, a quien acusan de “incompetente.”
El dirigente afirmó que su gremio aceptó flexibilizar su postura al reducir de 101 a 28 millones de dólares el fondo que exigiría como pago especial, pero el gobierno del presidente Alan García ofreció tan sólo 338 mil dólares, por el supuesto riesgo de que se dispare la inflación, y propuso entregar el dinero en plazos hasta julio de 2011.
Frente a dicha negativa, Vargas anunció que en varios de los hospitales más importantes del país los médicos comenzarán a dar de alta a sus pacientes de inmediato, luego de una revisión general, y entregarán las instalaciones a los directores, como medida de presión.
Los médicos exigen además que las autoridades cumplan con un acuerdo firmado hace algunos meses en el que se comprometen a otorgar incrementos salariales y a aumentar el presupuesto del sector salud, en un país donde más de nueve millones de personas no tienen acceso a los hospitales, y la mortalidad materno-infantil es una de las más altas de América Latina.
Por su parte, el primer ministro Jorge del Castillo acusó a los galenos de usar a los pacientes como “medio de coacción” para presionar al gobierno, al negarse a atender a la gente que llega a los nosocomios, salvo para casos de emergencia.