■ Plantean que estados indaguen plagios, aun ligados al crimen organizado
Ante la presión mediática, facultan al Congreso a expedir ley sobre secuestro
La mayoría del PAN y del PRI en la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó anoche el dictamen de reforma al artículo 73 de la Constitución, para facultar al Congreso de la Unión a expedir una ley general en materia de secuestro, con objeto de unificar el tipo penal en todo el país, pero que quitará al gobierno federal la responsabilidad de perseguir el delito, aun cuando esté asociado a la delincuencia organizada, y su combate será trasladado a los gobiernos de los estados.
Los legisladores de esos partidos avalaron la modificación de la fracción XXI de dicho artículo, aun cuando previamente el coordinador panista, Héctor Larios Córdova, había negociado con el PRD no discutir el proyecto en la Comisión de Puntos Constitucionales –a la que también se turnó la iniciativa– para evitar aprobar una reforma inconstitucional, porque podría invadir atribuciones de las entidades en la definición de sus códigos penales.
El presidente de la Comisión de Justicia, el priísta César Camacho Quiroz, reconoció que se apresuró la votación del dictamen “por un sentido de oportunidad ante la presión mediática” y para no llevar a cabo “una discusión eterna por buscar la perfección en una ley”.
Debido a que los diputados del PRD abandonaron la reunión, en protesta porque fue convocada para otro fin y se modificó el orden del día sólo para debatir la reforma al artículo 73, panistas, priístas y la diputada de Convergencia Patricia Castillo avalaron el proyecto, aun cuando el documento distribuido ayer fue preparado para una sesión en comisiones unidas, como hizo ver Alfredo Ríos Camarena, del PRI.
Él mismo resaltó que si la reforma se aprueba en el pleno, “podría tener consecuencias, al provocar un choque con el artículo 124 constitucional, donde se establecen las facultades soberanas de los estados en la distribución de competencias”.
También cuestionó que el dictamen se sustentó en una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia a una interpretación del artículo 133 constitucional sobre la aplicación de las leyes generales aprobadas por el Congreso.
Sin embargo, indicó que avalaría el dictamen porque “lo que nos pidan para combatir el secuestro debemos hacerlo; es el enemigo común, y tenemos que dotar al Ejecutivo con todo lo que podamos para que tenga éxito en esta guerra que hasta la fecha no ha podido ganar”.
La diputada Patricia Castillo, de Convergencia, también votó en favor, aun cuando reconoció su “temor de si no vamos a romper el pacto federal y afectar a los estados; voto con todas las dudas, pero debemos darle todos los recursos al Presidente para que, en medio de la presión mediática, no sea este Congreso el que le impida combatir al narcotráfico”.
Sin embargo, el secretario de la mesa directiva, José Manuel del Río Virgen, indicó: “no hay ninguna razón para dejarle a los estados la responsabilidad de combatir el secuestro cuando esté vinculado con delincuencia organizada. La Federación es la que tiene recursos, y sólo quieren que los gobernadores, y no Calderón, queden mal ante la sociedad”.