■ Les ofrece reducir cargos que pudieran enfrentar en EU, a cambio de su colaboración
Pretende la DEA volver testigos protegidos a narcofuncionarios
■ Noé Ramírez Mandujano (SIEDO), Ricardo Garay (PFP), Ricardo Gutiérrez y Rodolfo de la Guardia (Interpol), entre los candidatos
■ Los agentes estadunidenses pedirían informes sobre el paradero y casas de seguridad de capos de la droga en México, dicen abogados defensores
Las autoridades antinarcóticos de Estados Unidos quieren llevar a su territorio a ex altos funcionarios de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) y de la Policía Federal Preventiva (PFP) que han sido arraigados o están sujetos a proceso en tribunales mexicanos como parte de la llamada Operación Limpieza.
De acuerdo con versiones de abogados de los inculpados y de fuentes gubernamentales, en los dos meses recientes funcionarios de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) han tenido reuniones con los mexicanos implicados en la presunta venta de información clasificada a los hermanos Beltrán Leyva y a capos del cártel del Pacífico, para sugerirles que se acojan al programa de “testigos protegidos” y colaboren con las autoridades del vecino país.
El propósito de los agentes estadunidenses es que los ex funcionarios mexicanos se conviertan en una especie de delatores de narcotraficantes, con la finalidad de que aporten datos a la DEA sobre el paradero y la ubicación de las casas de seguridad que importantes capos de la droga utilizan en México.
A cambio de su colaboración, la DEA ha ofrecido a los ex funcionarios mexicanos reducir los cargos penales que pudieran enfrentar en Estados Unidos, donde algunos de ellos son investigados por delitos vinculados al narcotráfico.
Las ofertas de la DEA
De acuerdo con las fuentes consultadas y versiones de los litigantes que pidieron el anonimato por temor a represalias, el ofrecimiento se lo han hecho al ex fiscal antidrogas de la Procuraduría General de la República (PGR) Noé Ramírez Mandujano, al ex comisionado de la PFP Ricardo Garay y a los ex directores de Interpol-México Ricardo Gutiérrez Vargas y Rodolfo de la Guardia.
Mario Arturo Velarde Martínez, secretario particular de Genaro García Luna cuando éste fue titular de la Agencia Federal de Investigación (AFI) durante el sexenio de Vicente Fox, también está en la mira de los agentes estadunidenses.
Además, las autoridades de la DEA han tenido acercamientos con otros ex funcionarios de la fiscalía antidrogas de la PGR y con mandos de la AFI y de la PFP de menor jerarquía. Tal es el caso del capitán Fernando Rivera y de Miguel Ángel Colorado, quienes estaban adscritos a la Coordinación de Investigaciones en la SIEDO, así como el de los agentes federales Milton Cilia y Roberto García, actualmente testigos colaboradores de la PGR.
En este contexto, familiares de Édgar Enrique Bayardo del Villar –ex inspector adscrito a la sección de operaciones de la PFP, arraigado desde hace un mes–, que también pidieron el anonimato, revelaron que el hombre admitió colaborar con la DEA y desde hace varios días desconocen su paradero.
“Sabemos que no está en la SIEDO ni en el Centro de Mando de Iztapalapa (de la PFP) ni en la casa de arraigos de la PGR; desconocemos dónde está; él nos dijo hace unos días que aceptaría la oferta de la DEA”, reveló ayer a La Jornada una persona cercana a Enrique Bayardo.
Por otra parte, abogados de presuntos narcotraficantes detenidos recientemente junto con los ex funcionarios de la SIEDO y la PFP indicaron que los ofrecimientos de los agentes antidrogas estadunidenses también han sido dirigidos a sus clientes.
Por ejemplo, la DEA se ha acercado a Jesús Zambada García, El Rey, hermano de El Mayo, y a Jesús Zambada Reyes y Ricardo Flores Quintana, hijo e hijastro del primero. Los tres fueron detenidos con otras 13 personas el pasado 20 de octubre en la colonia Lindavista del Distrito Federal.
Desde su arresto, los tres sujetos han revelado a la SIEDO que altos funcionarios de la PFP les brindaban protección e información que les permitió contrarrestar acciones de los hermanos Beltrán Leyva, sus acérrimos rivales en el mercado ilícito de las drogas.