■ Diputados federales aprueban reformas en materia penal
Prisión de 4 a 15 años a quien filtre datos sobre seguridad
■ Cárcel por 12 años a quien falsifique documentos de fuerzas armadas
El pleno de la Cámara de Diputados aprobó, por mayoría, una reforma penal que tiene por objeto aplicar castigo de cuatro a 15 años de cárcel a funcionarios u otras personas responsables de filtrar información clasificada en el ámbito de la seguridad nacional. Otra acción punitiva avalada en San Lázaro se refiere a imponer castigo de 12 años de prisión a quien falsifique un informe, divisas, credenciales de identificación e insignias de las fuerzas armadas.
Los legisladores federales también votaron en favor una reforma a la Ley de Amparo, con la finalidad de otorgar atribuciones a los gobernadores de los estados y al jefe de Gobierno del Distrito Federal (GDF) para ser representados, directamente, en un juicio de amparo por los titulares de sus respectivas oficinas de asuntos jurídicos.
Aprobaciones al vapor
Durante una frenética sesión ordinaria celebrada en el Palacio Legislativo de San Lázaro, motivada por el próximo fin del periodo, los diputados se dieron a la tarea de aprobar dictámenes, puntos de acuerdo y comunicaciones –sin conocer su contenido en muchos casos– mediante votaciones económicas.
En el caso de la reforma penal, se pretende sancionar hechos como los detectados en la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), donde altos mandos recibían cuantiosas sumas de dinero procedente de los cárteles de la droga a cambio de información clasificada. Si el responsable fuese servidor público, se impondrá la destitución e inhabilitación para desempeñarse en otro empleo o cargo público hasta por 10 años.
Asimismo, los legisladores aprobaron reformas a la Ley de Amparo, con el propósito de que los gobernadores y el jefe de GDF puedan ser representados directamente en juicios de amparo por los titulares de sus respectivas oficinas de asuntos jurídicos.
También se otorgarán facilidades para la defensa en los juicios de amparo de los actos de estas autoridades, con el propósito de evitar las dificultades prácticas que su falta de representación en el juicio de garantías pudiera provocar. Los representantes de los gobernadores y del jefe del GDF estarían facultados, antes y después de las audiencias, a concurrir a éstas, presentar pruebas, formular alegatos y promover los incidentes y recursos previstos por la ley.
Por mayoría, el pleno aprobó un punto de acuerdo para hacer un exhorto al titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal, a los gobernadores de las entidades federativas y al jefe de Gobierno del Distrito Federal para que apliquen, en sus ámbitos de competencia, las acciones necesarias para bloquear las llamadas por teléfonos celulares u otros medios de comunicación no permitidos en los centros de readaptación social federales y estatales.
Esto, en razón de que existen 240 bandas de extorsionadores que desarrollan esa labor desde el interior de diversos penales del país, cuyas ganancias se calculan en 186 mil 620 millones de pesos a la fecha.
El exhorto de los diputados obedece a que desde 2007 se adquirieron equipos para bloquear la señal de celulares, pero al instalarse en 11 penales dejaron de funcionar y su estado es de franco deterioro. “Incluso se ha detectado que los reclusos contratan expertos para que corten la corriente eléctrica de los bloqueadores, a fin de inutilizarlos”, refiere la exposición de motivos de la Comisión de Seguridad Pública.
En otro punto controvertido, la corriente Nueva Izquierda regresó a las andadas y su coordinador en San Lázaro, Octavio Martínez, se opuso a la postura de equilibrio del presidente de la Junta de Coordinación Política, Javier González Garza, quien trató de no llevar a la Cámara de Diputados una posición de ilegalidad en el caso de un acto de represión en Coacalco, estado de México.
Martínez y su corriente se sumaron a la postura del PAN, que pretendía que el órgano legislativo aprobara la exigencia de renuncia a las autoridades del municipio mexiquense, a sabiendas de que la Cámara de Diputados no está facultada para solicitar la renuncia de funcionarios. Sin embargo, prevaleció la sensatez promovida por González Garza, quien propuso que se reprobara el hecho y se investigara a fondo.
Así, se aprobó el dictamen con punto de acuerdo de la Comisión de Derechos Humanos por el que se reprueban los hechos de violencia ocurridos en el municipio de Coacalco y se solicita a las autoridades la investigación de los hechos y el deslinde de responsabilidades.
Además, a un cúmulo de propuestas se sumó la del diputado del PRI José Murat, para que en el transcurso de la próxima semana se realice un encuentro para analizar y debatir sobre la situación económica que se vive en México, con objeto de diseñar mecanismos de coordinación entre el Ejecutivo federal y el Poder Legislativo para enfrentarla.
La propuesta de Murat fue apoyada por el presidente de la mesa directiva, César Duarte, quien giró instrucciones para que se hagan las gestiones para concretar dicho análisis.