■ Destacan en mesa redonda conflicto entre asuntos de seguridad y la defensa de garantías
Quejas de activistas locales, a 60 años de la declaración universal de derechos humanos
La celebración del 60 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos encuentra en México una limitada protección de garantías, carencia de una ley nacional en la materia y nulo reconocimiento al trabajo de los miembros de las organizaciones civiles. La mejor evidencia, señaló Édgar Cortés, de la Red Todos los Derechos para Todos, es que el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Legalidad y la Justicia excluyó de las agrupaciones que existen desde la década los 80.
Por el contrario, parece que existe un conflicto entre los temas de seguridad y defensa de los derechos humanos. Ubicó la primera gran falla de la estrategia federal para el combate a la inseguridad, en la falta de mecanismos de protección para los defensores de derechos humanos.
El activista participó ayer en la mesa redonda Protagonismo de la sociedad civil en la defensa de la promoción de los derechos humanos, organizada por el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria. Resaltó que tras algunos avances entre 2002 y 2003, hoy estamos en “franco retroceso. No existe una vía de interlocución entre los gobiernos y los defensores” de las garantías fundamentales.
Alberto Herrera, director ejecutivo para México de Amnistía Internacional (AI), señaló entre los retos para alcanzar una verdadera protección, que el tema permee en la sociedad hasta lograr que las personas demanden al gobierno un cambio en su política en la materia.
Un reto inmediato, dijo, es la creación de mecanismos que garanticen el cumplimiento de los compromisos contraídos por el Estado y su correcta traslación a las leyes nacionales. Si bien es indispensable que los temas formen parte de políticas públicas y leyes, es urgente una reforma constitucional en derechos humanos, indicó. En esto la sociedad civil debe ser protagonista. Para AI es fundamental una sociedad civil organizada.
Anunció que el próximo año, AI emprenderá una campaña por la dignidad, basada en derechos sociales, económicos y culturales frente a la pobreza.
Los activistas coincidieron con Gabriela Guzmán, de la oficina en México de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que luego de 60 años, está pendiente garantizar el cumplimiento cabal de la Declaración Universal y la sanción por violaciones contra la dignidad de las personas.
La mesa se efectuó con la coordinación del director del Centro Fray Francisco de Vitoria, Miguel Concha, quien resumió de la intervención de Édgar Cortés, que en la actual situación parece que los derechos humanos no son prioridad para el gobierno, sino que está por delante el tema de la seguridad pública. El problema, abundó, es que la seguridad también forma parte de los derechos fundamentales.