■ Ofensiva de trabajadores contra “impuestazos” en Buenos Aires
Niega el gobierno argentino versión de que suspenderá su comercio con Irán
Buenos Aires, 2 de diciembre. El ministro argentino de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Aníbal Fernández, debió salir este martes a negar una versión de una supuesta suspensión del comercio entre su país e Irán, difundida por la Agencia Judía de Noticias (AJN) y recogida por algunas empresas de información extranjeras.
Según la versión, el ministro Fernández habría hablado de la ruptura de las relaciones comerciales durante una reunión con el Comité Judío Americano, de visita en este país.
Después de momentos tensos provocados por esta noticia falsa, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner recibió esta tarde al comité encabezado por Richard Sideman, acompañado por autoridades de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), con los que habló sobre la paz en Medio Oriente, entre otros temas
La AJN aclaró también esta tarde la “confusión” en un comunicado enviado y firmado por Julio Schlosser, secretario general de la AMIA, en que reconoce que pudo haber “malinterpretado” las palabras del ministro.
El comercio entre Irán y Argentina asciende a más de mil millones de dólares anuales, a pesar de relaciones tensas por las constantes acusaciones contra funcionarios iraníes, sin pruebas concretas y con la comprobación de gravísimas irregularidades en los juicios y las investigaciones contra los atentados, que obligaron a cerrar la causa aquí.
Por su parte, el magistrado Rodolfo Canicoba Corral, quien ahora tiene a su cargo la causa y acusó recientemente a Teherán por el atentado, dijo que los iraníes recurren a los agravios porque les “faltan razones”.
Entre los acusados figuran el ex presidente Ali Akbar Rafsanjani, los ex ministros Alí Akbar Velayati, de Relaciones Exteriores, y Alí Fallahijan, de Información y Seguridad, entre otros importantes antiguos funcionarios, y también un hombre de la organización libanesa Hezbollah.
Ha habido numerosos pedidos de detención e inclusive la Interpol no había acompañado estas solicitudes ante la evidente falta de pruebas concretas.
Gran Bretaña debió pagar una indemnización al gobierno de Irán por haber mantenido preso en 2004 a Haadi Soleimanpour, ex embajador iraní en Argentina, ante un pedido de la justicia local, al comprobarse que las pruebas enviadas eran insuficientes.
En ese mismo año, por las graves irregularidades en la causa debieron ser sobreseídos 22 acusados, entre ellos varios ex policías, mientras el juez Juan José Galeano fue destituido de la misma.
La causa de la tragedia de la AMIA ya lleva 15 años, y varios analistas estiman que la utilización de la misma es “para necesidades estratégicas y motivos de la política exterior de Estados Unidos e Israel” lo que en realidad obstaculiza el camino de la verdad y la justicia necesaria ante este hecho terrible.
El gobierno iraní, por su parte, señala que es falso que no esté dispuestos a colaborar con la justicia argentina, pero cree que no es correcto que se solicite la detención de ex funcionarios para tomarles declaraciones sin que existan pruebas reales. Además, no hay un tratado de extradición entre ambas naciones.
En tanto, existe una fuerte ofensiva de organizaciones políticas y sociales que el pasado lunes protagonizaron un abrazo simbólico a la ciudad en protesta por los nuevos “impuestazos” anunciados por el jefe de gobierno de Buenos Aires, el empresario derechista Mauricio Macri.
Recriminan al funcionario el fuerte retroceso en el terreno de los derechos sociales y culturales en esta capital, que están originado protestas cotidianas de diversos gremios y vecinos.