■ Panistas demandan cerrar el plantel y destituir al secretario de Gobierno
Se actuó conforme a la ley en el desalojo de normalistas de Tiripetío, afirma Leonel Godoy
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Cientos de normalistas de Oaxaca marcharon ayer en protesta por el arresto de varios compañeros durante una manifestación el pasado 27 de noviembre en Michoacán, que fue repelida por policías de este último estado
Foto: Notimex
El gobernador de Michoacán, Leonel Godoy Rangel, negó que su administración tolere políticamente a grupos estudiantiles o magisteriales que cometan delitos, y sobre los enfrentamientos del pasado jueves dijo que se actuó conforme a la ley, por lo cual los normalistas consignados también quedaron libres.
Se dijo respetuoso de la libertad de manifestación, pero advirtió que no se permitirán actos vandálicos como los de normalistas de Tiripetío, que secuestraron 20 autobuses y enfrentaron a la policía. Sobre los consignados afirmó que tienen derecho a la libertad bajo fianza conforme al sistema penal del país, “y así como muchos piden que apliquemos la ley, también debemos respetarla”.
Godoy se pronunció así tras las declaraciones del representante de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), Artemio Ortiz, quien dijo que seguirán los secuestros de transportes públicos en las carreteras del estado.
Por otra parte, a raíz del enfrentamiento de estudiantes y policías, el PAN en el Congreso local consideró impostergable cerrar la Normal de Tiripetío, y junto con los diputados priístas exigió “poner sobre la mesa la renuncia del secretario de Gobierno, Fidel Calderón Torreblanca, por su incompetencia y omisiones en la aplicación de la ley”.
El diputado panista Eduardo Sánchez Martínez criticó “la displicencia gubernamental con que se tratan los actos vandálicos disfrazados de protesta social”, y a nombre de sus compañeros de bancada condenó los disturbios que dejaron más de 30 lesionados y 139 detenidos.
Aseguró que los nueve estudiantes inculpados cometieron robo, daño en propiedad ajena, motín, resistencia, lesiones y privación ilegal de la libertad, pero fueron soltados por “razones políticas, aun cuando cometer delitos graves impide al infractor el beneficio de salir bajo caución, aparte de que debieron ser 139 los estudiantes consignados”.
Sánchez Martínez también dijo que el Ejecutivo del estado negoció la integridad física y bienes de los ciudadanos; mientras el priísta Juan Carlos Campos criticó al procurador estatal, Miguel García Hurtado, pues la quema de tres patrullas y el secuestro de una persona fueron calificados como delitos menores, gracias a lo cual salieron bajo fianza los nueve detenidos.
El priísta responsabilizó al gobierno de consentir a la CNTE y los normalistas, que son semilleron del magisterio democrático, y expuso que el procurador podría ser cesado por negligencia. En respuesta, el perredista Heriberto Lugo Contreras exhortó al gobierno michoacano a no tolerar ningún acto de vandalismo, pero sin censurar “el inextingible derecho a la manifestación social”.
En tanto, en Oaxaca, cientos de alumnos de las 11 normales del estado marcharon para protestar por la agresión a sus compañeros michoacanos, de la carretera internacional Cristóbal Colón al Instituto Estatal de Educación Pública, cerca del municipio de Santa Lucía del Camino, y por último al zócalo frente al antiguo palacio de gobierno.