■ Convergencia presenta iniciativa con proyecto de decreto
Proponen diputados alianza social en favor de portadores del VIH
■ Se buscará coordinación gubernamental para protegerlos
Diputados de todos los grupos parlamentarios consideraron ayer que para hacer más efectiva la lucha contra el VIH/sida se requiere no sólo incrementar las campañas de prevención, sino una “alianza social” en favor de las personas que son portadoras del virus y de defensa de sus derechos. Convergencia presentó en la sesión ordinaria una iniciativa con proyecto de decreto para contar con un marco jurídico que proteja y defienda a los enfermos.
Al presentar la posición de su partido, la diputada priísta Lilia Merodio resaltó: “el sida se ha convertido en una catástrofe humana, social y económica con consecuencias de largo alcance para los individuos, las comunidades y los países” y, como ninguna otra enfermedad, “ha puesto dramáticamente de relieve las disparidades y desigualdades en el acceso a la atención a la salud, las oportunidades económicas y la protección de los derechos elementales”.
Consideró que parte fundamental de la prevención es hacer un llamado a toda la sociedad para que se informe sobre la transmisión y tratamiento de la enfermedad, y para que el sector salud redoble esfuerzos con políticas que permitan controlar la pandemia y proporcionar a todos el tratamiento necesario.
En tribuna, Merodio resaltó que, de acuerdo con el Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/sida, en México 195 mil personas adultas están infectadas, mientras la mortalidad aumentó de un promedio de 1.8 a 4.6 defunciones por cada 100 mil habitantes entre 1990 y 2007. En el mismo periodo, expuso, la mortalidad entre los hombres pasó de 3.0 a 7.6 defunciones, y entre las mujeres, de 0.6 a 1.7 por cada 100 mil personas.
En nombre de Convergencia, el diputado Juan Abad de Jesús aseguró que México es el único país de América Latina que no cuenta con una ley sobre el VIH/sida, pero acotó que una legislación explícita ha provocado en otras naciones que se contravengan los adelantos en materia de protección y defensa de los derechos humanos.
Por ello, explicó que su grupo parlamentario presenta una iniciativa con proyecto de decreto para que cuente con todo el peso y la formalidad propios de una ley, y asuntos particulares y temporales en la materia.
El proyecto, explicó, busca tres propósitos: la coordinación de los tres niveles de gobierno para la difusión de la no discriminación, el fomento a la prueba de detección del VIH y la prevención en general del contagio; la coordinación entre el Poder Legislativo y las secretarías de Gobernación y del Trabajo para sancionar a los centros laborales que soliciten como requisito de ingreso la prueba del VIH, que despidan personal por ser portador o impidan un ascenso por la misma causa, y la coordinación del Congreso con la Procuraduría General de la República y Gobernación para adicionar o reformar el Código Penal, con el propósito de sancionar a los responsables de un contagio doloso o a quienes omitan informar con prontitud a quienes sean portadores, a los que divulguen información privada de éstos, y a los que los obliguen a tomar medidas terapéuticas.
Mientras, el perredista Alejandro Sánchez Camacho consideró que el Congreso tiene pendiente el fortalecimiento de las leyes y los reglamentos para eliminar todas las formas de discriminación contra las personas que viven con VIH, y para asegurarles el pleno disfrute de todos sus derechos y libertades, así como reforzar las medidas en contra del rechazo en los centros de trabajo.