■ Los legisladores eliminan del dictamen la creación de una corporación nacional única

Las policías, sin facultad para investigar; aprueban en el Senado la reforma penal

■ Tampoco podrán realizar cateos, arrestos y consignaciones ante un juez, sin orden previa

Andrea Becerril y Víctor Ballinas

Con el aval de todas las fuerzas políticas, la Cámara de Senadores aprobó anoche la legislación secundaria en materia penal, una vez que el PAN aceptó las modificaciones propuestas por PRI y PRD para eliminar facultades excesivas a los agentes de las diversas corporaciones policiacas, que ponían en riesgo garantías fundamentales de los mexicanos.

Así, se suprimió la facultad de investigación que se pretendía otorgar a los agentes policiacos y, en general, otras atribuciones que corresponden exclusivamente al Ministerio Público. Asimismo, quedaron fuera varias propuestas de la iniciativa original de Felipe Calderón, que a juicio de legisladores perredistas y priístas posibilitaban la comisión de arbitrariedades contra la ciudadanía, como cateos sin mandamiento judicial, arrestos y consignaciones ante cualquier juez federal y medidas de “arraigo territorial”.

La llamada miscelánea penal, que contiene modificaciones a 10 códigos y leyes en la materia, logró destrabarse en los primeros minutos de ayer, después de una prolongada y ríspida reunión entre presidentes y secretarios de las comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos, que comenzó la noche del miércoles y en la cual legisladores de PRI y PRD unieron fuerzas para lograr que el PAN cediera en aquellos puntos de mayor controversia de las propuestas de Calderón.

Ayer, durante todo el día siguieron las negociaciones e incluso se realizó un receso en la sesión para reanudarla por la tarde, cuando el dictamen ya había sido consensuado y pasó al pleno, donde se aprobó en lo general con 76 votos en favor, tres en contra y una abstención.

La discusión sobre esa legislación secundaria, para concretar las disposiciones de la reforma constitucional sobre seguridad pública y justicia, comenzó hace dos meses, con la oposición del PRD y la determinación del presidente de la Comisión de Justicia, el panista Alejandro González Alcocer, de sacar adelante las iniciativas de Ejecutivo federal con el apoyo del PRI.

Sin embargo, al final los priístas hicieron frente común con los perredistas. Durante la reunión de presidentes y secretarios generales de las comisiones dictaminadoras, el miércoles por la noche, el senador Tomás Torres, del PRD, exigió que salieran los representantes de la Procuraduría General de la República, de la Secretaría de Seguridad Pública federal y de la Consejería Jurídica de la Presidencia, ya que, argumentó, ni siquiera tenían poder de decisión y sólo estaban obstaculizando las negociaciones.

Eso fue a las 10 de la noche, y en los primeros minutos del jueves, explicó Torres, se había logrado la anuencia de los panistas para modificar en el proyecto de dictamen el artículo tercero del Código Federal de Procedimientos Penales, en el que se pretendía constituir “una superpolicía”.

Se suprimieron figuras que trasgreden garantías individuales, entre ellas que “el Ministerio Público puede consignar ante cualquier juez federal”.

Esto último implicaría, explicó Torres, que por un cargo por delincuencia organizada o por un accidente de tránsito que ocurra en Tijuana, el Ministerio Público puede consignar en otra entidad, con el riesgo de que se dé la repetición de casos como el de Lydia Cacho.

Derechos humanos, innegociables

Anoche, en la discusión del dictamen, el senador Torres expuso que el PRD asumió que los derechos humanos no son negociables y eso quedó de manifiesto en lo aprobado. Igualmente, en nombre del PRI, el legislador Ricardo Fidel Pacheco resaltó que su bancada aportó observaciones y criterios para defender los derechos de los ciudadanos.

El PAN aceptó también eliminar las modificaciones propuestas al artículo 80 de la Ley de Amparo y a la fracción tercera del artículo 76 de la Ley de la Policía Federal Preventiva, en la que se pretendía crear un régimen especial para evitar que los policías despedidos puedan interponer recursos encaminados a su reinstalación o indemnización.

Se determinó analizar a fondo esas propuestas, ya que no es posible incluir en la legislación secundaria normas que pasan por encima de la Constitución.

El senador perredista Ricardo Monreal consideró apresurada la aprobación de la miscelánea penal, ya que, explicó, recibió el dictamen momentos antes de que se pusiera a discusión en el pleno, con dispensa de trámites. Sin embargo, los coordinadores de PRI, PAN y PRD valoraron que anoche mismo se votara y aprobara, para turnarla de inmediato a la Cámara de Diputados.