■ Plantea reformas para llevar a rango constitucional la consulta ciudadana

Aprueba comisión de San Lázaro creación de plebiscito y referendo

■ Las políticas del Ejecutivo estarían sujetas a la decisión de la mayoría

Roberto Garduño y Enrique Méndez

Por consenso y de manera sorpresiva, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de dictamen para reformar la Constitución y que por primera vez se incorporen en el país las figuras de plebiscito y consulta popular. De acuerdo con el proceso parlamentario, el texto será avalado el próximo jueves por la mayoría de los legisladores federales.

A pesar de no contemplarse entre las prioridades de la agenda legislativa del actual periodo ordinario de sesiones, las modificaciones constitucionales tienen su origen una década atrás, cuando por iniciativa del PRD se presentaron propuestas para impulsar el plebiscito y la consulta popular.

Incluso, ayer se recordó en San Lázaro que durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en el Distrito Federal, el PRI y el PAN rechazaron sistemáticamente los ejercicios en tal sentido emprendidos por la administración perredista.

Desde hace dos años se constituyó un grupo de trabajo en la Comisión de Puntos Constitucionales, encabezado por la perredista Mónica Fernández, para emprender la tarea de redacción y conjunción de las iniciativas existentes en el archivo parlamentario relativas a ambos temas.

De tal forma, tras 26 reuniones del grupo especial de trabajo y cinco negativas en el pleno camaral de aceptar el dictamen sobre ambas asignaturas, ayer, la mayoría de los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales resolvió votar en favor de la propuesta de proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 26, 35, 36, 40, 73, 116, 122 y 135 de la Constitución.

Entre las adiciones más relevantes se encuentran la del artículo 26, que establece la obligación del Ejecutivo federal de someter a plebiscito las decisiones de especial trascendencia, que previo acuerdo del Congreso de la Unión así se decidan. Eso implica que el Ejecutivo deberá sujetar las políticas públicas en cuestión al resultado del plebiscito, y no que vaya a convocarlo, lo cual será facultad del Congreso, como se establece en el artículo 73.

Las reformas planteadas al 35 y 36 se refieren a garantizar al ciudadano la facultad de participar en dichos procesos, dotándolo con ello de una herramienta fundamental para la democracia en la toma de decisiones.

Respecto al 40, se atiende a reconocer la participación ciudadana como eje central del Estado, es decir, se establece la voluntad del pueblo para constituirse como una república participativa en el Estado democrático.

Los cambios propuestos al artículo 73 consideran la necesidad de establecer la obligación del Congreso de legislar en materia de plebiscito y referendo, y por consiguiente la de convocar a los procesos que deriven del acuerdo de las Cámaras para que se realicen dichos procesos. Estos deberán sujetarse a los procedimientos y a las condiciones que la ley determine para cada uno en la Constitución.

Se plasmará con claridad que la institución encargada de realizar los procesos de consulta ciudadana será el Congreso de la Unión, así como la potestad para convocar a la misma. Además, los mecanismos para su ejecución y los procedimientos para sustanciarlos deberán estar contenidos en las leyes de la materia.

Sobre el artículo 116, se obligaría a los congresos locales a legislar lo conducente para garantizar en el ámbito de su competencia la sustanciación de los procesos de plebiscito y referendo.

En el dictamen se considera que “el referendo constitucional es de especial trascendencia para la vida democrática de México, porque pretende que las reformas o adiciones a la Carta Magna que traten sobre garantías sociales, la forma de Estado o el régimen de gobierno estén sujetas a referendo ratificatorio, con la finalidad de que la ciudadanía exprese el poder soberano que le otorga la Constitución y ratifique lo propuesto por los órganos legislativos que integran el proceso de reforma constitucional.

“Esa es una fórmula democrática que tiene como principio fundamental dotar de herramientas soberanas, y con ello obligar a los partidos políticos y a los gobernantes, a proponer reformas que beneficien a la sociedad en su conjunto y generen el desarrollo social.