Grupos campesinos y sindicales exigen al gobierno avances en el agro
Organizaciones campesinas y sindicales del Movimiento Nacional por la Soberanía Alimentaria exigieron “la reconstrucción de una mesa de diálogo con el gobierno federal en donde se ofrezcan pruebas y resultados del avance en el agro”.
Al dar a conocer la declaración política y el plan de acción del movimiento, los dirigentes de la Confederación Nacional Campesina, Cruz López Aguilar; Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos, Federico Ovalle; del Sindicato Mexicano de Electricistas, Fernando Amezcua, y el líder de la presidencia colegiada de la Unión Nacional de Trabajadores, Francisco Hernández Juárez, informaron que en enero realizarán una megamarcha en la que se pondrá nuevamente en el debate público su exigencia de revisar el capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN); establecer una reserva estratégica de granos básicos, y congelar los precios de los productos de la canasta básica, fundamentalmente los que distribuye Diconsa.
Al declararse en “movilización permanente” en defensa de la economía de los campesinos y trabajadores, dichos dirigentes sostuvieron que el próximo año sus esfuerzos se concentrarán en lograr un acuerdo nacional para la generación de empleos y por la preservación de los existentes. También pugnarán por el blindaje de los programas para el campo y el establecimiento de un esquema de administración de exportaciones e importaciones.
En la declaración política, los participantes del Movimiento Nacional por la Soberanía Alimentaria apuntaron que la situación actual “era predecible, los primeros síntomas se presentaron desde hace dos años con la llamada crisis de la tortilla”, entonces –abundaron– “denunciamos el peligro en que nos encontrábamos si no se producía un cambio profundo en la política vigente y que no podía resolverse con medidas coyunturales o de corto alcance”.
Agregaron que desde entonces propusieron medidas como reactivar la producción nacional de alimentos, controlar los precios de la canasta básica, aplicar un incremento salarial de emergencia, establecer un programa para recuperar el poder adquisitivo de los salarios y el combate al acaparamiento y especulación, y la actitud del gobierno no ha variado: accede a dialogar pero no muestra voluntad política para resolver las demandas más inmediatas.
Luego de hacer un llamado a la unidad a las diversas organizaciones sociales, los integrantes del movimiento sostuvieron que la actual crisis debe ser “el comienzo de un nuevo ciclo de la economía global y nacional, marcado por una nueva regulación, por nuevos pactos sociales, equilibrios y acuerdos en los que las sociedades y sus organizaciones representativas tengan un peso determinante”.