La reforma del Estado. El control del Ejecutivo
A Othón Salazar, maestro y compañero de nuestras luchas
Salta a la vista que el departamento del Estado que más urge reformar en cuanto a su régimen constitucional y en cuanto a su funcionamiento orgánico y político, es el Poder Ejecutivo (la expresión “departamento” para referirme a un poder del Estado la tomé de Rabasa). El Ejecutivo es el poder encargado de gobernar a la sociedad en todos los órdenes de la vida pública, aplicando (ejecutando) las leyes que emanan del Legislativo para ese propósito. Como decía Rabasa, es el poder de verdad entre los que integran el Estado.
Su titular, según el artículo 80 de la Carta Magna, es un solo individuo que se denomina “Presidente de los Estados Unidos de México”. Sólo en los primeros tiempos del México independiente (y ya antes, en la Constitución de Apatzingán) se postuló una presidencia colegiada. Los tiempos y las experiencias de la vida política moderna han demostrado que el gobierno de la sociedad es mejor que lo lleve un solo individuo. En los regímenes parlamentarios, a ese individuo (primer ministro) lo debe acompañar un número de colaboradores que se integrarán en un gabinete responsable ante el Parlamento, del cual dimanan.
¿Qué es lo que hay que reformar en el caso del Ejecutivo? Sin seguir un orden, porque hay demasiados temas en cuestión, para empezar, el tema que más inquieta a los mexicanos es la tremenda irresponsabilidad y la falta efectiva de control en medio de las cuales el presidente gobierna. El es quien menos rinde cuentas en este país no obstante que está obligado, constitucionalmente, a informar al Congreso sobre su actuación. El Legislativo no puede ejercer sus facultades de control político que, se supone, deben habilitarlo para controlar los actos del Ejecutivo en el gobierno de la sociedad y su adecuación a las leyes que el Legislativo ha producido para ese efecto.
En todos los regímenes políticos modernos democráticos, el único que está en condiciones de ver que el Ejecutivo cumpla con la ley y desarrolle bien su cometido, es el Legislativo. El Judicial sólo muy de trasmano puede conocer de esos actos, cuando se viola la Constitución o no se cumple con la ley. Sólo el Legislativo puede revisar sistemáticamente la adecuación de las disposiciones del Ejecutivo a los objetivos que quedan trazados en las leyes. No ve si se violaron o se lastimó la Constitución, lo cual corresponde al Judicial, sino si se van cumpliendo los objetivos y los fines a los que están dedicadas las leyes que produjo.
Existen, desde luego, medios tradicionales de control. La ratificación de cierto tipo de funcionarios, la aprobación del presupuesto y la emisión de la Ley de Ingresos o, recientemente, la obligación de los secretarios de Estado, de acuerdo con el artículo 93, de comparecer después del informe anual del presidente para dar cuenta de los asuntos de su ramo o acudir a cualquier convocatoria del Congreso a informar de los que sean del interés público. Pero eso es muy poco para lo que se espera, en una verdadera reforma del Estado, de la eficacia del control político que el Legislativo debe ejercer sobre los actos del Ejecutivo. Tales medios no neutralizan la virtual irresponsabilidad en la que continuamente incurre el Ejecutivo en sus facultades.
Se han propuesto nuevos medios de control aislados, como obligar al titular del Ejecutivo a que asista, a convocatoria de las Cámaras, a informar de sus actos. Pero se ha visto que medidas aisladas, por muy eficaces que se las suponga, no borran esa condición de irresponsabilidad en la que actúa el presidente. Se ha propuesto, también, con abundancia de razones, que se instituya el llamado sistema de gabinete. Diego Valadés ha insistido en esta idea que está abriéndose camino. El objeto es que todos los secretarios, pese a no ser nombrados por el Parlamento, sean responsables, personalísimos, ante el mismo, al igual que el presidente.
La idea incluye la ratificación obligada por el Congreso de todos los nombramientos de esos funcionarios. Pero lo esencial es que no sean sólo gatos del titular del Ejecutivo que van a informar a nombre de su jefe, sin ser responsables de su actuación, lo mismo que este último. De hecho no hay control ninguno. De lo que se trata es de que el presidente, tanto como sus secretarios, respondan personalmente de sus actos, rindan cuentas ante la representación nacional, sean sujetos de juicio por los mismos y, además, puedan ser objeto de una revocación de sus nombramientos por el simple hecho de no cumplir adecuadamente con el cometido que se les ha encomendado.
Si hay irresponsabilidad del Ejecutivo en su actuación (y la hay cuando no debe responder de sus actos o, inclusive, puede rehusarse a ello), entonces no se da el debido control político que la Constitución establece sobre ella. No hay, en el marco de la institucionalidad constitucional del Estado mexicano, otro poder ante el cual el Ejecutivo pueda (como debe) ser responsable de sus actos que el Poder Legislativo. Es, por lo mismo, obligado reformar la relación podrida y viciosa que existe entre esos dos poderes. Para que el Ejecutivo funcione bien y responda a los fines del buen gobierno de la sociedad que las leyes le demandan, debe ser responsable y, en su caso, directamente sancionable por sus fallas. Por ello el sistema de gabinete resulta la mejor opción.
No se trata, como resultó de la Constitución de 1857, que el Legislativo (entonces reducido a una Cámara) no deje gobernar al Ejecutivo. Pero es el único que lo puede hacer gobernar bien, con sólo que cumpla estrictamente con los objetivos que le marcan las leyes. Cuando se pregunta del objeto del control político, la respuesta es simple: si el Legislativo, investido de la representación del pueblo que decide lo que las leyes deben ser y perseguir para un buen gobierno de la sociedad, no lo tuviera, entonces nadie podría hacer nada para hacer que el Ejecutivo cumpla con la ley.
Aparte de ello, queda claro que un gobierno irresponsable está expuesto a violar continuamente las leyes, sin que exista barrera alguna en contra de sus arbitrariedades. Todos los males que hoy nos aquejan: impunidad, corrupción, inseguridad por la infiltración de la delincuencia en las instituciones del Estado, abusos del poder, arbitrariedades sin fin de funcionarios de todos los niveles y todo lo que no se puede decir en unas cuantas palabras, se dan, porque no hay modo de controlar al poder que los genera.