■ Documenta junta de buen gobierno fabricación de delitos
Zapatistas denuncian agresiones de integrantes de la Opddic
La junta de buen gobierno (JBG) Corazón del Arcoiris de la Esperanza, con sede en el caracol zapatista de Morelia, Chiapas, denunció agresiones a tiros e intentos de imputar infundadamente delitos ambientales a bases de apoyo zapatistas de la ranchería El Chuchumil, en el nuevo municipio autónomo Comandanta Ramona. Los hechos fueron provocados “por los paramilitares de la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (Opddic)” el pasado 2 de diciembre.
Manuel Gutiérrez Hernández y Pedro Gutiérrez Gómez, en marzo de 2006, realizaron “la primera provocación inventando el delito de secuestrar a Manuel Gutiérrez Hernández”. De aquel “ilícito”, la JBG pudo aclarar “que son puras mentiras y desde ahí fueron molestándose contra nosotros, porque nunca pudieron humillarnos ante la cárcel del mal gobierno”.
El segundo “delito” fue la presunta tala de cedro y caoba. “Esto nunca fue verdad”, apunta la JBG. El tercero, inventado con “el mismo intento de provocación”, consistió en acusar a las bases zapatistas de “envenenar” las tierras de la ranchería El Porvenir. Esa ocasión los “inventores del ilícito” fueron Manuel Gutiérrez Hernández y Andrés Gutiérrez Guzmán. Esta acusación también resultó falsa.
Ahora, el 2 de diciembre, señala la JBG, los seis hijos de Miguel Gutiérrez Gómez, miembro del consejo del municipio autónomo Comandanta Ramona, fueron agredidos a balazos por integrantes de la Opddic mientras su padre se encontraba en una reunión. Los jóvenes habían ido a resembrar la milpa en su parcela.
El comunicado detalla: “Mientras estaban tranquilos, trabajando en su terreno, sorpresivamente llegaron cinco personas de El Porvenir”. Los jóvenes testifican que los agresores llegaron “quemando balas contra nosotros, a eso de las 10 de la mañana, sin darnos tiempo, y nos dijeron: ‘¿qué hacen ahí?’, y respondimos ‘que limpiando para sembrar café’.
“Terminábamos de responderles”, prosiguen, “y sin darnos tiempo empezaron a dispararnos, haciendo uso de su arma calibre 9 mm plegable, número 6609232; por suerte no nos tocaron. Nos percatamos que no les gustó que les dijimos que estábamos trabajando para sembrar café para ayudarnos para la resistencia”.
La junta añade: “Nuestros compañeros no estaban causando problema. Los provocadores son Javier Gutiérrez Hernández, quien portaba el arma, dirigente de la Opddic muy conocido de la región; Miguel Gutiérrez Hernández, quien llevaba una escopeta calibre 16; Salvador Guitérrez Hernández, una pistola calibre 22; Genaro Gutiérrez Guzmán, un machete y una cámara fotográfica. La cámara es conocida por habitantes de la región, propiedad del Registro Civil del municipio Chilón; Mario Gutiérrez Jiménez portaba un machete”. Todos son de El Porvenir y miembros de la Opddic.
“El plan de los provocadores era sacar fotos a nuestros compañeros para luego llevarlos al Ministerio Público para inventarles delitos.” Esas trampas no son nuevas, según la JBG. “Así han hecho siempre los tramposos gobernadores de Chiapas, los presidentes de la República y los presidentes municipales, como el actual de Chilón, Antonio Moreno López, del PRI asesino.
“De nuevo están regresando los tiempos tramposos del Croquetas Roberto Albores Guillén, de usar a los indígenas en beneficio de personas ajenas a nuestro país; actualmente el que está es otro ‘croquetas’, sólo que el nombre cambió y se llama Juan Sabines. Estamos empezando a sufrir sus hechos de violencia y no palabras, porque sí cumple violando nuestros derechos.” Para la autoridad autónoma “está claro que los violadores quedan impunes, solapados por los que se dicen gobiernos”.
Los agresores “están custodiados por los perros de la impunidad, y el delegado de Gobierno de Comitán se llevó el camión de tres toneladas, modelo 1979, color rojo, propiedad de nuestro compañero”.
La JBG concluye con un llamado a los “compañeros y compañeras” del mundo. “Estamos enfrentando una nueva situación de humillación y muerte; mantengamos unida nuestra rebeldía, porque los tres niveles de gobierno están dispuestos a inventarnos delitos para encarcelarnos donde hacen reinar sus leyes de muerte y humillación.”
Esas circunstancias dan “razones suficientes para seguir luchando para que seamos respetados; las comunidades indígenas de Chiapas estamos de nuevo viviendo la situación como antes de 1994. Sufrimos amenazas de muerte y despojos de nuestras tierras, ríos, manantiales, lagunas. No dudamos que así sufren también nuestros hermanos y hermanas del planeta”.