■ La medida tiene como propósito evitar el ingreso de dinero del crimen organizado

Reformará el IFE el reglamento de fiscalización para blindar las elecciones

■ Además auspiciará la firma de convenios de colaboración con instancias del Estado

Alonso Urrutia

El Instituto Federal Electoral (IFE) prepara reformas a su reglamento de fiscalización, al tiempo que auspiciará convenios de colaboración “con otras instancias del Estado mexicano” que le permitan blindar las elecciones federales del posible ingreso de dinero ilícito proveniente del crimen organizado.

Si bien aún no se elabora un documento, se tiene previsto que para la sesión del 22 de enero se puedan aprobar estas medidas, independientemente de que los partidos alcanzaran un acuerdo para complementarlas.

Sin embargo, entre los institutos políticos se desarrollan con lentitud las negociaciones para lograr acuerdos, y si bien ha circulado de manera restringida un documento base denominado “Declaración de los partidos políticos contra la injerencia del ilícito en el proceso electoral 2008-2009”, no hay avances sólidos.

En principio, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) no se ha involucrado en la misma medida en que lo han hecho los otros, porque a pesar de que entregó una propuesta general, su argumento central es que existen disposiciones legales necesarias para actuar en consecuencia.

En tanto, el consejero presidente del IFE, Leonardo Valdés Zurita, sostuvo que este organismo actuará en su momento para sancionar a aquellos funcionarios públicos que hayan violado las disposiciones contenidas en el artículo 134 constitucional, que prohíbe la promoción personalizada en la publicidad institucional.

Explicó que cuando se corrobore la violación de estas disposiciones, equiparables a actos anticipados de campaña, la sanción aplicable por el IFE se concretaría al momento del registro de candidaturas, esto es en abril próximo. La reforma electoral previó que en casos de recurrente violación al artículo 134 constitucional podrían alcanzar hasta la cancelación de registro del aspirante.

Por su parte, el consejero Marco Antonio Baños manifestó que paralelamente a las discusiones que tienen los partidos para alcanzar un acuerdo político, los consejeros trabajan en la reforma al reglamento de fiscalización, si bien declinó dar detalles de los alcances de dichas modificaciones. En los próximos días, explicó, se contará ya con el primer borrador de los cambios para que en su momento lo apruebe el Consejo General.

Por otra parte, en el borrador de la declaración de los partidos –que no ha logrado el consenso de sus representantes ante el IFE– estos reconocerían “la gravedad de la situación por la que atraviesa nuestro país en materia de seguridad pública. Frente a ello, coincidimos en expresar nuestra firme voluntad para tomar medidas y contribuir”.

Dicho documento, integrado por nueve puntos, refiere que los partidos aplicarían “medidas idóneas y eficaces para evitar la injerencia del crimen (organizado) en nuestros procesos de selección de candidatos a cargos de elección popular que postularemos, con especial cuidado en el financiamiento y selección de los mismos”. Respaldan al mismo tiempo las acciones de gobierno en la materia y ofrecen colaborar “de manera diligente y transparente con las autoridades electorales”.

Para tal efecto, se propone que en la declaración que suscriban se considere una estrecha comunicación con el IFE para notificar sobre los pasos que cada uno de los partidos dará para la selección de sus candidatos, incluyendo las listas de aspirantes, informes de gastos de precampaña y campaña.

En el documento se incorpora una de las propuestas del PRI, acerca de que si un partido rechaza el registro de un precandidato o candidato, “basado en evidencias sólidas que lo vinculen con el crimen organizado, ningún otro partido lo postulará. El partido que por estas razones niegue o cancele el registro, lo notificará al IFE”.

Sin embargo, entre los partidos hay gran hermetismo acerca del avance en las negociaciones. Sólo ha trascendido que aún no se define puntualmente si sería un acuerdo del Consejo General o una declaración de estos últimos. Tampoco existe fecha para un nuevo encuentro entre los partidos, después de la reunión del pasado lunes, a la cual no asistió el PRI.