■ El gremio señala que hay orden de aprehensión contra 50 trabajadores del yacimiento
Por cuarta vez Conciliación y Arbitraje considera inexistente huelga en Cananea
■ “Se trata de una auténtica declaración de guerra del Estado hacia los mineros”, afirma abogado
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Mineros exigieron ayer, frente a la sede de la Secretaría de Gobernación, la liberación de sus dirigentes sindicales Carlos Pavón y Juan Linares Montúfar
Foto: José Carlo González
La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) determinó ayer otra vez declarar inexistente la huelga en Cananea, bajo los mismos argumentos por los que en tres ocasiones anteriores había rechazado este emplazamiento, informó ayer el sindicato minero, el cual afirmó además que en la Procuraduría General de la República hay ordenes de aprehensión contra 50 trabajadores de esa mina.
Ante esta acción, ayer mismo el gremio minero presentó un amparo indirecto y solicitó la suspensión del acto reclamado, dio a conocer anoche el abogado del sindicato, Carlos de Buen, quien puntualizó que en las próximas horas se espera la resolución del juez.
Para el sindicato se trata de un acto más de persecución en su contra, que busca acabar con esta organización, ya que en una sola semana se le han dado cuatro golpes significativos, con la detención de dos de sus líderes, el congelamiento de sus cuentas y ahora la declaratoria de inexistencia de la huelga.
Por otra parte, Arturo Alcade Justiniani, abogado laboral, señaló que la declaratoria de inexistencia es un “acto grotesco, porque es la cuarta vez que la junta resuelve respecto de esa huelga”, y comentó que esto es “una prueba más de que el gobierno federal está poniendo todos sus recursos y fuerzas en contra de un sindicato para destruirlo; para ello está utilizando todos los medios”.
Acusó que se trata de una agresión más, que ha provocado gran enojo entre los trabajadores en Cananea, e indicó que de inmediato los abogados promovieron el amparo.
Todo lo que está sucediendo con el sindicato minero no tiene precedentes, señaló el abogado, y manifestó que se trata de una “auténtica declaración de guerra del Estado en contra los mineros”, ya que este gremio ha luchado por salarios justos, se opuso a la reforma a la Ley Federal del Trabajo y se indisciplinó frente a los señalamientos del gobierno federal, en particular de la Secretaría del Trabajo.
Al preguntar si esta declaratoria significa que la minera podrá reiniciar operaciones de inmediato, Alcalde Justiniani opinó que eso se determinará en las próximas horas, y dependerá de lo que resuelva el juez de distrito que analiza el caso. Tienen 24 horas para resolver los términos de la suspensión, que seguramente, dijo, será en favor de los trabajadores.